El acuerdo SQM-Codelco: un estudio de caso de legitimidad

El clásico de la sociología, Georg Simmel, planteaba que una de las preguntas más importantes radica en la inquietud por cómo le crece un valor a una cosa. Y es que los objetos de la sociedad —y también los sujetos— llevan adosados a su materialidad un conjunto de elementos cuasi metafísicos que, sin embargo, provienen de fenómenos enteramente físicos: los valores con los que la sociedad construye una realidad derivada de la física y que es capaz, incluso, de modificarla. En su versión más crítica, donde se juga el todo o nada, está el crecimiento de la valoración política por encima de los hechos.

Todos lo hemos visto: un día un asunto carece de profundidad política, al día siguiente se ha convertido en el punto de inflexión de una sociedad.

Comprender este fenómeno es altamente complejo. He dedicado más de veinte años a desentrañar mecanismos y procesos asociados a los cambios de estado de las valoraciones y su incidencia en las transformaciones sociales. Esto se usa todos los días, en cualquier caso, en la industria de la asesoría en comunicaciones. Algunos se limitan al análisis de la reputación y lo utilizan como un simple ejercicio de comprensión del posicionamiento.

Pero este asunto es mucho más profundo. Toda nuestra experiencia empírica, toda nuestra experiencia material, está cargada de formas de lectura e interpretación que transforman un hecho en un hito que guarda un significado. La epistemología misma ha señalado que los hechos no son neutros. Los hechos vienen con una carga teórica. Y, a veces, esa carga teórica incluso puede tener un sesgo político, como se ha visto en muchas orientaciones científicas a lo largo de la historia, que han pretendido fundamentalmente cumplir algún tipo de rol en la política.

Por tanto, no es anodino que ciertos objetos, precisamente por parecer ajenos a la política, adquieran una mayor carga de sentido como acción política. Es decir, hay objetos en la sociedad —y también sujetos— que están, nacen o se desarrollan con un excedente de politización.

Un excedente de politización implica que las valoraciones sobre ellos recaen necesariamente en el ámbito de la disputa política, del acuerdo político, de la relación con las estructuras del Estado. Es natural que aquellas empresas que fueron originalmente públicas porten algo de esta carga. Pero hay casos exitosos de despolitización de la marca, donde la historia logra transformarse efectivamente en una empresa sólida, exitosa y ajena a la disputa política. Es el caso, por ejemplo, en Chile, de LATAM.

Y hay casos que son exactamente lo contrario.

Durante varios años desarrollé la investigación de ciertos objetos y procesos altamente politizados. Uno de ellos fue el Transantiago, cuya complejidad nunca fue comprendida del todo, porque no existía una lectura que lo interpretara más allá de las variables que supuestamente explicaban la evasión.

La evasión era, en realidad, un espacio de manifestación de ese descontento. Lo que quedó claro cuando la palabra “evasión” se transformó primero en la mayor crisis de política pública en la historia reciente, y luego en el eje de la mayor movilización disruptiva del año 2019.

La correlación entre SQM y Transantiago

Decía que uno de los fenómenos más politizados era la evasión del Transantiago. Pero hay más.

La empresa SQM, si uno analiza sus datos en bolsa a lo largo de varios años (2012 a 2016), mostraba una altísima correlación inversa con la evasión del Transantiago. Lo que implica este dato es enorme, aunque suene fantástico. Lo primero a decir es que la correlación era altísima entre la evolución del precio de la acción de SQM y la evolución de la evasión del Transantiago. De seguro usted se declara perplejo. Fue como nos sentimos cuando vimos el dato, que en cualquier caso no era una casualidad y que era evidente que escondía un fenómeno grande. Y es que esa correlación era un síntoma. Toca explicarlo.

Quien entiende las correlaciones sabe que una correlación inversa significa que mientras sube una variable, la otra baja. Es decir, efectivamente hay una asociación entre ambos fenómenos, pero la asociación es inversa. Por ejemplo, es habitual electoralmente observar que a medida que uno pasa de comunas más ricas a más pobres, aumentan los votos hacia los sectores de izquierda. Ese dato refleja una correlación inversa: cuando sube el ingreso, bajan los votos a la izquierda; cuando baja el ingreso, suben.

Pues bien, en este caso, cuando SQM subía sus acciones, la evasión bajaba. Y viceversa. Y la intensidad de la correlación era altísima, tan alta que ocurría un hecho impensado: El comportamiento de SQM se alineaba más con el movimiento de la evasión que con la evolución de la Bolsa de Comercio. Es decir, explicaba mejor el comportamiento de sus acciones la evasión del Transantiago que los movimientos del IPSA. Una variable extrañísima y no relacionada con la economía de inversores, como la evasión.

Pues bien, ¿qué significaba que cuando aumentaba la evasión del Transantiago, caían las acciones de SQM? Era un descubrimiento inaudito. Pusimos sobre la mesa todo lo que podía incidir en la respuesta. Pero resumiré las conclusiones.

Que el nivel de politización de la empresa, en términos históricos, mostraba una dependencia ineludible de los factores políticos. La marca está asociada al sistema político, a decisiones estatales y ha estado sujeta a mayores problemáticas políticas que las empresas que s han mantenido públicas. Estos son los hechos.

¿Y la correlación con el Transantiago? Por supuesto, la correlación es espuria. Por cierto, no es que la gente que evadía el Transantiago vendiera sus acciones de SQM y, por eso, cayera la bolsa. No era un esquema directo. Era un fenómeno conocido en la ciencia: existía (o existe) un elemento interviniente que explica ese movimiento de las dos variables. El precio de las acciones de SQM y la evasión del Transantiago son síntomas. ¿De qué?

El malestar social

Detrás de esa correlación espuria se encuentra un fenómeno que he investigado durante mucho tiempo y que genera profundas transformaciones y perturbaciones: el malestar social. En términos generales, este fenómeno implica una pérdida de legitimidad y una difusión de sentido en el orden institucional. No entraré aquí en el detalle de su definición, porque es un asunto extenso, pero sí vale la pena señalar cuál es su principal consecuencia: la desafección respecto de las instituciones y el cuestionamiento de las élites políticas.

Esa desafección tiene dos formas de aparecer: como indiferencia o como rabia. Y cuando se ha llegado a la rabia es porque el objeto (en este caso SQM o el Transantiago) se ha tornado antropológicamente maldito, caído. A ese objeto no hay que hacerle caso, a ese objeto hay que limitarlo o eliminarlo, pues porta un mal.

Esa es la deslegitimación total, es el límite. Es decir, en la medida en que se observa un menor desarrollo institucional y un aumento de las propuestas de impugnación al sistema político, SQM tiembla.

¿Por qué? Porque se trata de una empresa altamente politizada. Dicho de otro modo: si un día ocurre una situación que irrita a una parte importante de los chilenos —uno de esos hitos de malestar social, como un caso de corrupción o un comentario desafortunado de un ministro—, entonces, en los días siguientes, suele observarse un aumento de la evasión en el transporte público y, simultáneamente, una caída en el valor de la acción de SQM. O al menos eso fue lo que logramos medir con mi equipo hasta 2017.

Como he dicho, era un fenómeno sorprendente.

Acuerdo SQM-Codelco en tiempos de campaña

Traigo esto a colación porque la semana pasada se abrió la discusión sobre el acuerdo Codelco–SQM. Para resumir, las dos principales candidaturas de la derecha, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, manifestaron sus reparos, o al menos sus dudas, respecto de la conveniencia de dicho acuerdo. Por el lado de la izquierda, quien ya ha expresado una postura similar es Marco Enríquez-Ominami.

Se trata de una configuración inusual, pues muchos analistas esperaban que este tema no formara parte del debate electoral, y mucho menos que motivara pronunciamientos desde Chile Vamos o desde una candidatura como la de Enríquez-Ominami, que ha debido enfrentar importantes dificultades a raíz de su asociación pública —real o construida— con la empresa SQM.

Se esperaba que la derecha cerrara filas con SQM y, por tanto, ya teniendo al gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista de acuerdo, aparecía como cosa juzgada. Pero no era así.

En la práctica, se configura un escenario inesperado para muchos: la derecha, históricamente defensora de las negociaciones con SQM, se muestra ahora reticente, mientras que el principal bastión de respaldo al acuerdo se ubica en la izquierda, particularmente en el oficialismo, que siempre tendrán presión de sus bases respecto al daño moral (y eventualmente económico) del acuerdo. Los candidatos del sector no se han pronunciado, pero el gobierno ha sido enfático en destacar la importancia del acuerdo, su conveniencia y la gravedad de cualquier cuestionamiento.

Este escenario, si bien no era previsible en su manifestación concreta, siempre fue pensable. De hecho, puedo afirmar que lo he conversado en el pasado con distintos funcionarios y ejecutivos de la propia SQM. Conozco el medio empresarial de la minería, no con profundidad, pero lo suficiente para discutir estos puntos.

El mismo día del acuerdo me llamaron de SQM para preguntarme qué me parecía. Mi opinión de entonces no ha cambiado y el desequilibrio estructural que la semana pasada marca para el acuerdo es importante. Esos desequilibrios implican que la crisis no está álgida, pero que hacer movimientos sobre ella se torna relativamente inviable.

Por ejemplo, este año el gobierno debía consolidar el proceso de contratos para los yacimientos de litio. ¿Tiene margen? Cuando menos ese margen se ha achicado.

El acuerdo suscrito fue resultado de una delegación explícita por parte del Estado a Codelco. Es decir, desde el jefe de Estado y de gobierno se entregó una autorización formal para negociar en nombre del Estado. Fue inteligente. No aparecía el gobierno negociando directamente, pero en realidad jurídicamente sí. Fue un diseño comunicacional. El acuerdo se presentó entre Navidad y Año Nuevo, una jugada que todos entienden en el mundo político. En medio de las fiestas se cursan las cosas ominosas, complicadas.

Pero todo quedó estructurado dentro de un andamiaje institucional que carecía de verdadera fortaleza política. Y lo que da fortaleza política no es solo la legalidad (que es lo que esgrime el gobierno), sino también la amplitud de apoyos y el repertorio del debate social y político que lo respalde para proyectarse en el tiempo.

La tesis de que los acuerdos no pueden deshacerse es tan falsa como aquella que afirmaba que la Constitución no podía cambiarse porque no establecía el procedimiento para hacerlo. En estos temas, la voluntad política es siempre el factor decisivo. Y hoy el sector político más fuerte para la elección (aunque ha disminuido) se expresa contra el acuerdo.

¿Incertidumbre? Sin duda. La situación se vuelve especialmente compleja de gestionar.

La arquitectura del acuerdo se ha puesto en duda

Uno de los análisis que más me ha motivado a desarrollar y que más he investigado es lo que llamo la “resistencia de materiales” en el campo de los objetos sociales, y particularmente en los acuerdos, acciones políticas, legales o administrativas. En estos actos, vale la pena preguntarse: ¿qué tan trizado viene cada actor como para resistir un camino pedregoso y sísmico? Por decirlo así, un acuerdo celebrado entre instituciones altamente sólidas es un acuerdo que tiene bases firmes. Pero uno firmado entre instituciones frágiles es, naturalmente, un acuerdo frágil.

El diseño del acuerdo, desde el punto de vista de la gestión de las condiciones estructurales existentes, puede considerarse relativamente eficaz. La incorporación de Codelco —una marca institucional fuerte, con amplia legitimidad simbólica y operacional— permitió depurar la escena pública de la intervención directa del gobierno.

El acuerdo, en su formulación comunicacional, se presenta como un entendimiento entre Codelco, empresa pública de alta valoración, y SQM, empresa privada con una historia compleja, marcada por su proceso de privatización y las controversias que este arrastra desde entonces.

Pero, como se ha entendido en la industria, Codelco pone la marca (y su legitimidad) y SQM pone el dinero para inversiones y el know how. Es aquí donde aparece la discusión técnica, muchas veces planteada en todo este proceso, pero ese asunto (si me perdonan) es irrelevante si el proceso está bajo en conflictividad política. De hecho, el gobierno no quiso hablar del fondo, sino que pidió silencio. La discusión técnica solo valdrá si el fantasma de la ilegitimidad aparece con fuerza. Y en ese instante las razones técnicas podrán defender o atacar el acuerdo.

Pero este asunto no es técnico: si no hay discusión, el acuerdo seguirá vivo sin importar las buenas razones de los críticos. Si hay discusión, el acuerdo se podrá caer sin importar las buenas razones de los defensores.

Ahora bien, hay algo que sabemos: que este acuerdo es entre el gobierno y SQM. Y la fortaleza para el gobierno es la máscara de Codelco. Pero ante el tuit de Matthei, quien respondió fue el gobierno. Y luego se arrepintieron y salió Codelco a interceptar las palabras de la candidata. Se habían desordenado, pero volvieron al orden. Si el gobierno queda al frente todo se hace más difícil.

El gobierno, caracterizado por una fragilidad evidente, recibe una evaluación ciudadana que apenas alcanza una nota promedio de 3,1 (de 1 a 7), reflejo de una legitimidad institucional erosionada. Entre los tres actores que están involucrados: gobierno, Codelco y SQM, la marca que salva el acuerdo hasta ahora es Codelco. No obstante, es una empresa que ha estado sometida a un escrutinio importante y a críticas de importancia. Aún así, si cada uno de estos actores fuera un jarrón, los tres están trizados y dos de ellos tienen un daño importante.

En definitiva, la arquitectura del acuerdo se ha puesto en duda. Y es que este tipo de arquitectura institucional y comunicacional tiene eficacia en escenarios estables. Sin embargo, las elecciones alteran esa estabilidad. Lo electoral, por naturaleza, introduce un dinamismo que obliga a reposicionar discursos y obliga al sistema político a pronunciarse. Los aspectos soterrados suelen salir a la luz y su examen se torna complejo.

Hemos vivido una ironía notable: Julio Ponce atacado por la derecha y defendido por la izquierda. Es un fenómeno típico del malestar social: Estados Unidos defendiendo aranceles, la izquierda chilena luchando para mantener la Constitución de Guzmán, en fin, esto es extravagante en su forma de aparición, pero no es algo incomprensible.

La politización de los acuerdos

Lo importante es que el diseño del acuerdo, asentado sobre una lógica de despolitización por derivación —trasladar el debate desde el gobierno hacia las empresas— comienza a descomponerse cuando actores relevantes del sistema político irrumpen en la discusión.

Este giro revela que algunos actores asumen que el gobierno no posee la resistencia de materiales necesaria para sostener, por sí solo, un acuerdo de alta conflictividad política. Su capacidad de sostener cualquier proyecto ha sido baja; y además, dentro de su propia base de apoyo, el acuerdo no concita entusiasmo. Es una de esas decisiones que se acatan sin convicción. Y, ante presión sostenida, es probable que dejen incluso de acatarse.

Así, quizás SQM vuelve a entrar en un ciclo de alta politización. No se trata solamente de tener acuerdos con el sector público; se trata de la politización que recubre a ese tipo de acuerdos. El convenio alcanzado con Eduardo Bitrán, en su momento, tuvo polémicas, pero terminó bastante limpio. Lo mismo ocurrió con el acuerdo de los años noventa, que no implicó una exposición significativa para la empresa.

La situación actual, sin embargo, introduce un componente cualitativamente distinto donde la estructura de equilibrios aparece con una incipiente inestabilidad. Retomando la pregunta de Simmel: ¿qué valoraciones antiguas o nuevas pueden crecerle a SQM en este proceso?

Es posible que en ese proceso se juegue la posibilidad de que el acuerdo con Codelco y el gobierno pueda consolidarse o no. Es una pregunta con muchas implicaciones prácticas, pero también académicas, pues el caso es particularmente ilustrativo de las complejidades de los procesos de legitimación.

Alberto Mayol
Sociólogo. Académico Universidad de Santiago