Reunión de Asociación de Regantes: ¿Un nuevo modelo de participación?

El día martes 30, se realizó una reunión de la Asociación de regantes de San Pedro de Atacama. Esta reunión tuvo un carácter de informativa, y consistía en una presentación de la Consultora Luis Arrau Ingeniería, la que tenía por misión explicar el proyecto de mejoramiento del Sistema de Riego del río San Pedro.
Una de las cosas que llamó la atención fue la gran asistencia de socios, en una reunión que en principio era sólo para la directiva de la Asociación. Esto generó algún incidente inicial, en que algunos de los miembros de dicha directiva, especialmente doña Mirta Solís y don Ricardo Vilca, trataron de oponerse a la participación de los que no eran miembros de la directiva, lo que fue absolutamente resistido por los participantes.
Despejada esa cuestión, que reveló al menos cierta falta de manejo democrático de esos miembros de la directiva, y al decir de uno de los participantes, su “falta de conocimiento de los propios estatutos de la Asociación”, se dio comienzo a la reunión, en lo que podríamos llamar un clima de desconfianza hacia las autoridades presentes y la consultora.

La consultora realizó su exposición, luego de la presentación efectuada por la funcionaria Tania Fernández, de la Comisión Nacional de Riego. El encargado de la presentación fue el propio Luis Arrau.

Según Luis Arrau, el objetivo general del proyecto de estudio de prefactibilidad es “definir alternativas de mejoramiento de riego en la zona de San Pedro que considere una obra de embalse para riego, el mejoramiento y/o diseño de las redes de conducción y distribución que permita transportar el agua del embalse y que además genere regulación de las crecidas, pudiéndose aprovechar los recursos de esta agua lluvias para los sectores agrícolas, aumentando así la superficie de riego, potenciando la agricultura de la comuna y evitando los daños producidos por las crecidas. Se espera, además, un análisis del potencial de generación hidroeléctrica que pudiera obtenerse de este embalse”

Según Arrau, el sabía que a los regantes el tema de la hidroeléctrica les “sacaba ronchas”, debido al temor del avance de las mineras. Sin embargo, aclaró que esa generación sería de propiedad de los regantes. Haciendo la salvedad de que se debía pedir los derechos de aguas eventuales.

Lo que insistieron, tanto Luis Arrau como Tania Fernández, es que este es un estudio de prefactibilidad, que duraría hasta febrero del año 2014, tras lo cual recién se plantearía si el embalse puede o no pasar a una etapa de factibilidad, para luego pasar a un estudio de factibilidad y luego a una etapa de diseño y luego a una etapa de construcción. Todo este proceso podría durar hasta 6 años.

Esto derivó en la consulta de que cual es entonces el apuro en formar una Junta de Vigilancia para el río San Pedro, ya que la única obligación legal de que dicha Junta de Vigilancia se forme es si existe un embalse. Podría darse la situación de que se formara la junta, acto irreversible, para después encontrarse con la situación de que NO se construiría tal embalse.
La funcionaria de la CNR se desligó del tema, atribuyendo la responsabilidad del tema de la Junta de Vigilancia a INDAP, aunque aseveró que “la organización tiene que tener un cierto grado de  “tecnificación” para hacerse cargo de un embalse”

La situación de que el embalse no sea factible para la agricultura no es tan irreal, dado que en una reunión anterior, un ingeniero de la propia consultora de Luis Arrau aceptó el hecho de que en realidad el embalse es un proyecto errado, al menos para la agricultura, debido a que estamos en  una cuenca endorreica y sedimentaria, por la alta evaporación, la contaminación química de la zona debida a la minería,

Esto se le hizo presente a Arrau, quien desvió el tema afirmando que esos datos serían análisis en el estudio de prefactibilidad, sin hacerse cargo de lo que había manifestado su empleado en dicha reunión.

También se cuestionó la licitación por medio de la cual la Consultora había sido contratada, debido a que las dos licitaciones para el estudio motivo de la presentación habían sido declaradas desiertas. Tania Fernández explicó que el procedimiento normal era que si las licitaciones eran declaradas desiertas, se recurriera a una licitación privada, por invitación. Ante la consulta de que tan transparente era ese proceso, no supo definir que entidad podía controlar la licitación, indicando que ella no era experta en eso, y manifestando que en realidad son muy pocas las empresas que se dedican a este tipo de consultarías.
Otro factor  de desconfianza es que la misma empresa está realizando otro estudio en la zona, un diagnóstico de los recursos hídricos en el acuífero del salar de Atacama y en  el acuífero de la Alta Puna.
Incluso se cuestionó un conflicto de intereses que podría derivarse de que otra consultora, Cuenca Consultores, que está realizando un estudio de desarrollo en Peine, comparte las oficinas con la consultora de Arrau. Ante esto, el ingeniero manifestó que “ellos le arriendan a Cuenca” y que esa es la única relación.

Ante una pregunta sobre si es realmente vinculante el tema del embalse con una Junta de vigilancia, la funcionaria de la CNR indicó que existe al menos una experiencia, la del embalse Recoleta, que es administrada por una asociación. Ante esto, uno de los participantes le manifestó que ahora eso no es posible, debido a los cambios de la ley, que ella desconocía. El embalse Recoleta es un embalse de agua ubicado a 16 km al noreste de la ciudad de Ovalle, en la Provincia del Limarí, Región de Coquimbo. Su construcción comenzó en 1929 y finalizó en 1934.

Lo que quedó claro al final de la reunión es que la mayoría de los regantes no ha sido propiamente informada del tema del estudio en presentación, y sobretodo del tema de la Junta de Vigilancia. Este desconocimiento hace aun más difícil de entender la reticencia de la directiva de la Asociación en la participación de la asamblea en esta u otras reuniones informativas, considerando que NO están funcionando los canales de información hasta los regantes individuales.

Una muestra clara de esa falta de información es la propia postura del presidente de la asociación,  que considera que la Junta de Vigilancia es para “vigilar” lo que se hace con el río, no tomando en cuenta que el nombre de Junta de Vigilancia puede ser una trampa en si misma, ya que entre las funciones de estas asociaciones no está explícitamente indicada dicha función.

También el abogado de la Asociación de Regantes, usando la palabra, explicó con mayor detalle algunos puntos referentes a la Junta de Vigilancia. En esta explicación quedó claro que:

La Junta de Vigilancia pone en peligro la administración de los derechos sobre el río San Pedro.
La Asociación debe solicitar los derechos de agua restantes del río, como única forma de proteger sus derechos, ya que ni siquiera el convenio 169 puede proteger esos derechos.
La Asociación debe insistir en la solicitud de decretar el agotamiento del río San Pedro, al menos para terminar con los derechos consuntivos.
Se debe estar alerta y presentar a tiempo todas las oposiciones ante las nuevas solicitudes de derechos de agua, cosa que ya se ha hecho con éxito en el último tiempo.
Se puede esperar a formar la Junta de Vigilancia, al menos hasta que el estudio de prefactibilidad que realiza la consultora, indique si es posible construir el famoso embalse.

Al terminar la reunión se informó que el día 10 de noviembre se realizará una reunión de la Asociación de Regantes en la Junta de Vecinos Número 1, en la cual, al decir de Mirta Solís, INDAP y la CNR informarían sobre el tema de la Junta de Vigilancia. Esta reunión tendría la característica de asamblea general de la Asociación.

Finalmente

Más allá de la información proporcionada en la reunión, queda claro que la disposición de la gente ha cambiado y está con una mayor necesidad de participación. Esperamos que esta actitud se mantenga, por el bien de la comunidad y su posibilidad de superar los desafíos que el futuro, y el Estado, les van a poner en el tema del agua.