Los desconocidos vínculos de Ponce Lerou con Kowa, la empresa japonesa que le ha permitido controlar SQM

INDICE
- INICIO
- La relevancia de los vínculos
- Escondiendo los vínculos
- Ponce lerou en kowa
- Kowa: el as bajo la manga
- Kowa tiene presidente en sqm
- Los negocios de sqm con kowa
- Kowa sostiene su versión

En 2018, tras el caso Cascadas y el financiamiento político ilegal, la Corfo obligó a Julio Ponce a renunciar al control sobre SQM como condición para que el Estado le extendiera el arrendamiento del Salar de Atacama. Pero, en la Corfo no conocían la profundidad de los nexos de Ponce con Kowa, la empresa japonesa que -con apenas un 2,3% de SQM- logró instalar a uno de sus ejecutivos en la presidencia de la minera. Ponce nunca ha reconocido el rol clave que tuvo para que Kowa se instalara en Chile. CIPER pudo acreditar que fue fundador, accionista, director y gerente general de filiales de la japonesa en nuestro país. Los mismos roles han ocupado su hermano, Eugenio Ponce, y su abogado de confianza: Roberto Guzmán Lyon. El nuevo presidente de SQM, Gonzalo Guerrero Yamamoto, fue director de una de las cascadas con que Ponce ha gobernado la minera.

La japonesa Kowa siempre ha jugado al misterio. La empresa que entró en las postrimerías de la dictadura a la propiedad de SQM ha logrado sortear las preguntas del mercado y de los reguladores escudándose en un bajo perfil y en un porcentaje de acciones de la minera no metálica que la aleja de los focos: solo un 2,3%. Pero lo cierto es que ese porcentaje ha sido relevante para quién ha controlado las decisiones en SQM desde hace tres décadas: Julio Ponce Lerou.

Kowa ha sido el as bajo la manga del ex yerno de Pinochet cuando su control sobre SQM ha sido amenazado. Así ocurrió en 2006, cuando una empresa canadiense intentó tomar el mando de la minera. Esa vez Ponce firmó un acuerdo con los japoneses que le permitió mantener el timón. Lo que entonces no se informó a las autoridades chilenas, ni tampoco a los otros accionistas, es lo mismo que tampoco se ha transparentado hasta hoy: los profundos vínculos entre el empresario chileno y la empresa japonesa originaria de la región de Nagoya.

Ahora esa relación vuelve a cobrar relevancia porque desde el 26 de abril el representante de Kowa es el presidente de SQM: Gonzalo Guerrero Yamamoto. En 2018, luego de la temporada de huracanes por la que atravesó la firma con el caso Cascadas y las investigaciones judiciales, económicas y periodísticas del financiamiento ilegal de la política, la Corfo obligó a Ponce a renunciar al control sobre SQM, como condición irrenunciable para que el Estado se allanara a la extensión del contrato de arrendamiento sobre el Salar de Atacama hasta 2030.

Lo que en la Corfo no sabían -y así lo admitió a CIPER su ex vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitrán-, es que Ponce Lerou ha sido fundador, accionista, director y gerente general de filiales de Kowa en Chile. Por los mismos roles han pasado su hermano, Eugenio Ponce, y su abogado de mayor confianza: Roberto Guzmán Lyon. El nuevo presidente de SQM, Gonzalo Guerrero, antes fue director de una de las cascadas con que Ponce ha gobernado la minera.

El as bajo la manga que ha sido Kowa para los intereses de Ponce, le ha servido porque se ha guardado información. Hasta ahora, Ponce Lerou nunca ha reconocido el rol clave que tuvo en la llegada de Kowa a Chile. Jamás ha mencionado públicamente que fue fundador, accionista, director y gerente general de las filiales de la empresa japonesa que tienen acciones en SQM. Es entendible, si esos datos se hubieran conocido, habría sido difícil que los organismos reguladores chilenos y norteamericanos le hubieran permitido asociarse con la compañía japonesa para controlar la minera.

Los nexos evidentes entre Ponce y Kowa no eran, hasta ahora, de conocimiento público. Es más, siempre se negaron. En oficios enviados por Kowa y el Grupo Pampa (a través del que opera Ponce) a reguladores chilenos, como la ex SVS o la SEC norteamericana, señalaron que “no son ni nunca han sido relacionados”.

CIPER indagó en escrituras públicas y pudo reconstruir paso a paso la llegada de Kowa al país. En esos documentos oficiales aparece Julio Ponce en todos los movimientos importantes. La huella inicial la hallamos en una notaría en Tokyo: el 6 de julio de 1987, Takayasu Miwa, entonces patriarca de Kowa, le otorgó un poder general a Ponce Lerou para representar los intereses de la empresa en Chile. Pocos días después, Kowa adquirió sus primeras acciones en SQM. Justo en ese momento, Ponce estaba volviendo a la minera, en medio de su privatización, y logró elegirse como su presidente con el apoyo, entre otros, de Kowa.

Los vínculos de Ponce con Kowa no se redujeron a esa representación inicial. Su hermano, Eugenio Ponce Lerou, ex presidente de SQM, también ha sido director de las filiales de Kowa en Chile y ha representado a los japoneses en juntas de accionistas de SQM. Y uno de los abogados de mayor confianza de Julio Ponce, Roberto Guzmán Lyon, operó como accionista, director y abogado de Kowa en Chile. Una de sus empresas, SAC -que apareció en la investigación judicial del financiamiento ilegal de la política como una de las sociedades utilizadas para sacar fondos de SQM-, manejaba la administración de las cascadas y cumplía el mismo rol con las filiales de Kowa en Chile.

Kowa también ha invertido en el negocio hidroeléctrico de uno de los hijos del empresario: Alejandro Ponce Pinochet.

La semana pasada un reportaje de Bloomberg valorizó en US$3,5 mil millones la participación de Ponce Lerou en SQM, y lo calificó como la segunda persona más rica de Chile (vea aquí ese artículo). Las cifras conocidas este año dan cuenta de que los accionistas de SQM están ganando más dinero que nunca en la historia, gracias al auge del litio. Las sociedades cascadas, bajo el dominio de Ponce, repartirán dividendos por US$140 millones, y SQM obtuvo utilidades por US$796 millones solo entre enero y marzo, un aumento de 1.071% respecto de 2021.

LA RELEVANCIA DE LOS VÍNCULOS

“Me parece inaceptable y de una falta de transparencia tremenda. De ser ciertos todos estos antecedentes, creo que es algo absolutamente inaceptable, que nos habla de formas de hacer las cosas totalmente reñidas con la legalidad y con la verdad”. Quien habla es Fernando Coloma, ex superintendente de Valores y Seguros durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Coloma fue quién lideró la ofensiva de la ex SVS en contra de Ponce y compañía en el que se acusó un esquema fraudulento para la compra y venta de acciones de las llamadas sociedades cascadas de SQM, y que perjudicó a los accionistas minoritarios. Las sanciones fueron millonarias: 75.000 UF ($2.152 millones) para Ponce y otras 75.000 UF para el abogado Guzmán Lyon, entre otros. Inicialmente las multas eran mayores: 1,7 millones de UF en el caso de Ponce, pero este reclamó ante el Tribunal Constitucional, el que accedió a la rebaja.

Las palabras de Coloma no se entienden sin conocer el contexto: en 2007, una resolución de la SVS permitió que Ponce asociara sus acciones con las de Kowa y así le ganara el pulso a unos inversionistas canadienses que buscaban controlar SQM. Ni Ponce ni Kowa explicitaron sus vínculos.

La clave son los estatutos de SQM, que impiden que un accionista pueda tener más del 32% de las acciones de la empresa. Las acciones en SQM se dividen en clase A y clase B. Las de clase A eligen siete de los ocho directores, y las de clase B escogen al octavo, representante de los minoritarios. La pelea por el control de la empresa se da entre los accionistas clase A, quienes pueden excluir al representante de las acciones B. Quien elija a cuatro de los siete directores de la serie principal, gobierna la minera.

Hasta 2006, Ponce Lerou no tuvo mayores problemas para retener el control que obtuvo desde que la empresa se privatizó a fines de la dictadura. Como accionistas de la minera pasaron empresas israelíes y noruegas, pero Ponce siempre mandó. En el segundo semestre de 2006, la canadiense Potash lanzó una oferta pública de acciones con el objetivo de tomar el timón de la compañía.

La oferta pública finalizó el 22 de diciembre de 2006. Ponce había intentado resistir el avance de los canadienses comprando acciones por su cuenta, pero ese día, hasta el cierre de la bolsa, las cuentas no le daban: Potash tenía el 30,5% y las sociedades relacionadas al Grupo Pampa (a través del que opera Ponce) el 30,3%. Fue durante la tarde noche de ese viernes de fines de 2006, cuando Ponce ejecutó su jaque mate: un pacto de actuación conjunta con Kowa que les permitía sumar sus acciones y llegar a 32,6%, bloqueando la jugada de los canadienses.

Potash reclamó a la SVS y lo mismo hicieron las AFP ¿La sospecha? Que Ponce y Kowa estaban relacionados. De ser así, no podían sumar sus acciones porque pasaban a llevar el estatuto de SQM, que impedía que un mismo grupo superara el 32% de la propiedad.

El 27 de abril de 2007 la SVS se pronunció: “Esta Superintendencia no puede determinar que las entidades antes señaladas pertenezcan a un mismo grupo empresarial y como efecto de ello, concluir que son entidades relacionadas”. El oficio está firmado por Hernán López Bohner, entonces superintendente subrogante de la SVS (vea aquí ese documento).

López Bohner, que ocupó distintos cargos en la SVS entre 1984 y 2017, le dijo a CIPER que no recuerda los antecedentes que tuvo sobre la mesa para emitir ese oficio. Tampoco recuerda cómo se investigó la relación de Ponce Lerou con Kowa: “Probablemente se revisaron antecedentes que teníamos a la mano en ese entonces. No recuerdo los antecedentes que se tuvieron a la vista. Con ese tipo de situaciones uno requería antecedentes y se llegaba a una conclusión. Generalmente, en la medida que había disponibilidad técnica para aportar antecedentes, eran considerados”.

Consultado sobre si en ese entonces supo que Ponce Lerou había ocupado cargos directivos y había sido accionista de las filiales de Kowa, insistió: “No recuerdo si ese antecedente que usted menciona se tuvo a la mano, o si era suficiente para determinar que eran personas relacionadas. Recuerdo que en la época esto llamó la atención. Pero ahora verificar lo qué se dijo en el oficio, y los antecedentes que se tuvieron a la mano, es difícil. Yo no los tengo a la mano”.

Con el beneplácito de la SVS, que solo pidió cambiar una cláusula del pacto de actuación conjunta entre Pampa y Kowa (que en caso de desacuerdo le permitía a Ponce tomar la decisión de cómo votar), Julio Ponce pudo gobernar SQM entre 2007 y 2018. A fines de 2018, Potash vendió su participación en SQM a la empresa china Tianqi, que desde entonces tiene poder para nombrar a tres directores en la empresa.

El Grupo Pampa, de Ponce, elige otros tres directores, y Kowa elige al séptimo. Los accionistas minoritarios, principalmente las AFP, nombran al director representante de las acciones clase B.

ESCONDIENDO LOS VÍNCULOS

Cuando a fines de 2006 los canadienses de Potash y las AFP le pidieron a la SVS que se pronunciara sobre los vínculos de Ponce con Kowa, estos últimos respondieron con oficios donde negaron estar relacionados.

El 11 de abril de 2007, el entonces ejecutivo de Kowa en Chile, Koji Yoshimoto, le dijo al ente regulador que aparte de un contrato que faculta a la empresa japonesa para comercializar los productos de SQM en algunos países de Asia “no se han realizado otras operaciones comerciales, financieras o de otra índole con SQM y sus sociedades afiliadas o con sus controladores” (vea aquí ese oficio).

En un informe en derecho elaborado por el abogado Pedro Mattar (del estudio de Roberto Guzmán Lyon), a petición de SQM para la SVS, fechado en marzo de 2007, se insiste en lo mismo: “Conforme a la información recibida de la propia SQM, estas dos sociedades y sus ejecutivos no tienen vínculo alguno entre sí, salvo por el Acuerdo de Actuación Conjunta consultado” (vea aquí ese informe).

Esa ha sido la versión oficial a lo largo del tiempo. Es lo que aparece en las memorias de SQM cuando se da cuenta del pacto que el Grupo Pampa y Kowa sostuvieron durante 11 años. En la memoria de 2016, por ejemplo, se menciona lo siguiente: “El Grupo Pampa- como también el Grupo Kowa- han informado a SQM S.A., a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, a los mercados bursátiles pertinentes en Chile y en el extranjero que ellos no son y que nunca han sido personas relacionadas entre sí”.

La misma versión la entregó SQM a la SEC de Estados Unidos. En un reporte enviado en 2013 se menciona que Pampa y Kowa no son ni nunca han sido relacionados entre sí, y que el pacto de control que suscribieron tampoco los ligaba: “Ello además, independientemente de que tales dos ‘Grupos’ hayan suscrito el día 22 de diciembre del año 2006 un Acuerdo de Actuación Conjunta (AAC) en relación con dichas acciones. En consecuencia, el Grupo Pampa por sí, no concentra más de un 32% del capital con derecho a voto de SQM S.A. y, por su parte, el Grupo Kowa tampoco concentra por sí, más de un 32% del capital con derecho a voto de SQM S.A. Asimismo, el Acuerdo de Actuación Conjunta no ha transformado al Grupo Pampa y al Grupo Kowa en personas relacionadas entre sí”.

En ninguno de los oficios enviados y recibidos por la SVS entre 2006 y 2007 se menciona el rol clave de Ponce y su entorno en las sociedades de Kowa en Chile. Esa información tampoco aparece en ningún documento oficial ni en las memorias de SQM ni en los reportes enviados por la minera a Estados Unidos.

PONCE LEROU EN KOWA

El 6 de julio de 1987, en Tokyo, el entonces cónsul de Chile en Japón, Konrad Paulsen Rivas -diplomático chileno que luego ha sido embajador en Kenya, y cónsul en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, además de agregado cultural en Italia-, acreditó el poder que le otorgó Takayasu Miwa a Julio Ponce Lerou para representar a Kowa en Chile. El otro representante de la compañía fue el japonés Kodo Fujita.

En la escritura pública se les otorgó poder para representar a Kowa “con las más amplias facultades”, para comprar, vender y ceder valores mobiliarios; contratar créditos; abrir y cerrar cuentas corrientes; girar dineros; cobrar y percibir dividendos; otorgar poderes de administración y designar gerentes; formar toda clase de sociedades, entre otros (vea aquí la escritura completa).

Ese fue el primer trámite legal para el desembarco de Kowa en Chile. Dos días después, el 8 de julio de 1987, Ponce Lerou junto a su abogado de confianza, Roberto Guzmán Lyon, constituyeron la primera filial de Kowa en el país: Kochi (Kowa Chile). Ponce actuó como representante de Kowa y Guzmán Lyon como accionista. Ese día designaron el primer directorio de la nueva sociedad. Como presidente quedó Kodo Fujita, y como directores Ponce Lerou y Guzmán Lyon. En el rol de inspectores de cuentas, dos hombres de confianza de Guzmán: el abogado Andrés Lecaros Concha y el contador Osvaldo Opazo Lira.

Un día después, 9 de julio de 1987, se realizó la primera sesión de directorio de Kochi, en la que Guzmán Lyon actuó como vicepresidente y donde nombraron a Ponce Lerou como gerente general de la sociedad. Casi un mes después, el 5 de agosto, el Banco Central aprobó una inversión de US$1 millón de Kowa en Kochi. Ese dinero se invirtió en acciones de SQM. Un día antes, el 4 de agosto, Kochi compró 714.084 acciones Serie A de la minera. Según registros públicos, 35 años después, Kowa tiene en su poder 6.270.065 acciones A.

En 1987, mientras los japoneses compraban sus primeras acciones en SQM, tal y como consigna un artículo de ese año del diario La Época, Ponce Lerou compró otro paquete accionario. Su padre, Julio Ponce Zamora, era entonces el principal accionista individual de SQM. Y su hermano, Eugenio Ponce Lerou, era el gerente de ventas y gerente general subrogante de la compañía. Ocupaba ese cargo desde 1981, cuando Julio era el presidente de la minera gracias a su puesto como gerente general de Corfo.

Entre 1981 y 1983 Ponce presidió SQM cuando aún era una empresa estatal. Estaba casado con Verónica Pinochet, hija de Augusto Pinochet. Debido a ese vínculo Ponce pasó a la historia como el yerno del dictador. Fue también ese parentesco el que lo hizo caer en desgracia en 1983, cuando un escrito anónimo circuló entre la élite acusándolo de enriquecimiento ilícito gracias a su nexo con los Pinochet. Entonces, Ponce renunció a la Corfo y a sus cargos asociados en empresas públicas. Cuatro años después, en 1987, volvió a SQM cuando esta había comenzado su privatización.

En septiembre de 1987 Ponce retornó a la presidencia del directorio de SQM, pero ahora como representante de los privados. Kowa estuvo entre los accionistas que lo apoyaron.

De ahí en adelante los japoneses aumentaron su participación en la minera. El 9 de marzo de 1988 constituyeron una segunda filial en el país: Inversiones La Esperanza Chile. El poder para representar los intereses de Kowa en esta segunda sociedad recayó en Guzmán Lyon. Fue él quien firmó la escritura pública del 26 de mayo de 1989 donde se comunicó que Kowa aportó a la sociedad US$5 millones en pagarés de la deuda externa chilena. Con ese dinero Kowa compró más acciones en SQM a través de Inversiones La Esperanza.

Una de las sociedades que constituyó esta segunda filial aparece creada en Nueva York: Mipon Inc., creada el 12 de noviembre de 1987. Fuentes internas de Kowa dijeron a CIPER que el nombre de esa sociedad es una mezcla de los apellidos Miwa (la familia que controla Kowa) y Ponce. Desde la empresa japonesa dijeron que ellos tenían el 100% de las acciones y que Ponce no era accionista directo ni indirecto. CIPER revisó las escrituras públicas de Mipon Inc. en la División de Corporaciones de Nueva York, pero allí no se transparentan los dueños de las acciones de esa sociedad (revise aquí esos documentos).

La sociedad que tenía el control sobre Inversiones La Esperanza Chile era La Esperanza Delaware Corporation, constituida el 11 de febrero de 1988 en Delaware, Estados Unidos. Ese estado norteamericano es considerado un paraíso fiscal por su régimen de baja tributación y por la opacidad sobre los propietarios finales de las sociedades inscritas allí. De hecho, CIPER halló la escritura pública de constitución de esa compañía, pero en ella solo aparece el nombre del agente local encargado de la empresa: Richard P. Eckman (abogado domiciliado en Wilmington, especialista en planificación tributaria), pero no de los dueños de las 100 acciones con las que se constituyó la sociedad (revise aquí el acta de constitución).

En Chile, Ponce y Guzmán Lyon continuaron en sus cargos de directores de las filiales Kochi e Inversiones La Esperanza durante toda la década de los ‘90. Incluso, en un acta de directorio de Kochi, fechada el 10 de abril de 2001, Ponce Lerou aparece como accionista, gerente y presidente de esa sociedad. En esa sesión se acordó repartir $93 millones en utilidades generadas el año anterior.  

KOWA: EL AS BAJO LA MANGA

Ese 2001 el control de Ponce sobre SQM comenzó a ser amenazado. En octubre de ese año la empresa canadiense Potash Corporation of Saskatchewan (PCS) compró acciones de SQM a las AFP y a otros accionistas minoritarios, e irrumpió en la minera con un 18% de participación. El Grupo Pampa, a través del que opera Ponce, tenía entonces el 20%. El ex yerno de Pinochet consideró esa jugada como una compra hostil. El porcentaje en manos de los canadienses les dio derecho a elegir tres directores, de los ocho que dirigen la compañía. Pampa también tenía tres, un empate. El empresario sospechó que Potash quería disputarle el control de la empresa.

En 2001 Ponce estaba radicado en Austria, donde se había mudado luego de emparejarse con una equitadora de ese país, según publicó la revista El Sábado. En Chile sus hombres de confianza estaban en SQM y él supervisaba todo desde Viena. Pero con los canadienses pisándole los talones, decidió volver al país. Selló una alianza con la noruega Norsk Hydro, retomó el contacto con las AFP, y en la junta de accionistas de abril de 2002 logró amarrar cuatro cupos afines a él en el directorio y reelegirse en la presidencia.

La competencia siguió hasta que en una junta de accionistas de mayo de 2005 Potash logró que se modificaran los estatutos de la compañía, lo que puso en aprietos a Ponce. El poder en SQM se define en las acciones serie A, las que eligen a siete de los ocho directores de la empresa. Los estatutos de la firma establecen un límite de 37,5% con que los inversionistas pueden ejercer su poder en cada serie de acciones. Pero una interpretación de la SVS había permitido que no se considerara en ese porcentaje las inversiones vía otras sociedades. Gracias a eso Ponce (que entonces controlaba el 46% de las acciones A) había podido elegir directamente a la mitad del directorio.

Pero en la junta de accionistas de 2005 Potash logró que se modificaran los estatutos y el límite de 37,5% incluyera a las sociedades relacionadas. Eso le quitó poder a Ponce.

En paralelo, Ponce y compañía salían formalmente de los cargos directivos de las filiales de Kowa. En una escritura que Roberto Guzmán Lyon protocolizó el 31 de mayo de 2005, pocos días después de que se modificaran los estatutos de SQM, se formalizó la renuncia de Julio Ponce Lerou, su hermano Eugenio, y el mismo Guzmán Lyon al directorio de Kochi. Fueron reemplazados por ejecutivos japoneses y chilenos. Aunque la protocolización de ese documento fue a fines de mayo de 2005, el documento señala que esa reunión se produjo un año antes, el 30 de marzo de 2004.

Más allá de las formalidades, los hombres de Ponce siguieron ligados a Kowa. Roberto Guzmán Lyon continuó siendo el abogado de los japoneses en Chile (al menos hasta 2017), y su empresa SAC le prestó los servicios administrativos. Es la misma empresa que veía el área administrativa de las sociedades cascada de Ponce, y que en el financiamiento ilegal de la política apareció como una de las empresas a las que se le facturaban boletas falsas (vea reportaje de CIPER).

Entre 2005 y 2006 la batalla de Ponce con Potash no se detuvo. El 22 de diciembre de 2006 finalizó la oferta pública de acciones lanzada por los canadienses, con la que habían incrementado su poder en SQM hasta tener el 30,6% de las acciones. El Grupo Pampa tenía el 30,3%. El ya mencionado acuerdo de actuación conjunta con Kowa le permitió a Ponce Lerou sumar un 32,6% del poder accionario y retener el control de la minera. Con esa jugada pudo extender su reinado hasta 2018, cuando la Corfo le exigió deshacer su pacto con Kowa como condición para extender el arriendo del Salar de Atacama, el gran activo de SQM, hasta 2030. Al menos formalmente, Ponce salió entonces del control de la minera que actualmente está valorizada en más de US$30 mil millones.

Un reportaje de la revista Capital de 2016 cuenta que Ponce Lerou estaba tan agradecido por el apoyo que le brindaron los japoneses en su batalla con Potash, que viajó personalmente a Japón a dar las gracias. En el mismo reportaje el entonces gerente de Kochi, Yoshihito Hata, señaló que para ellos todo esto es un asunto de lealtad: “Nosotros aceptamos este acuerdo porque la administración de SQM y el liderazgo de Ponce nos dan la confianza que nuestra inversión en SQM crecerá”.

KOWA TIENE PRESIDENTE EN SQM

Gonzalo Guerrero Yamamoto, el nuevo presidente de SQM desde el 26 de abril pasado, tiene un amplio abanico de relaciones con el Grupo Pampa que lo acercan a Julio Ponce, el hombre al que la Corfo buscó alejar de la dirección de Soquimich. Integra el directorio de la minera desde 2016. Entonces, la empresa estaba en medio de una tempestad cuando, por gotera, se fue revelando el financiamiento político ilegal a políticos desde la UDI al PS. SQM fue la compañía símbolo de esa práctica: en Estados Unidos reconoció desembolsos por un total de US$14,75 millones en pagos indebidos a personas políticamente expuestas.

Guerrero es director de SQM desde el 26 de abril de 2016, cuando una de las filiales de Kowa en el país -Inversiones La Esperanza Chile- lo nominó como su representante en el directorio. Cuatro días antes, el 22 de abril, había dejado el directorio de Oro Blanco, una de las sociedades cascadas con que Julio Ponce participa en SQM. En Oro Blanco estuvo en el directorio entre el 24 de mayo de 2013 y el 22 de abril de 2016. Allí compartió asiento con Julio Ponce y su hija Francisca Ponce Pinochet.

Su padre, Francisco Guerrero Novoa, también ha participado en los directorios de las cascadas. En Pampa Calichera estuvo entre 2015 y 2018. El empresario Guerrero Novoa fue el fundador de Integramédica, la que vendió en 2010. En esa red de centros médicos su hijo fue fiscal y director suplente durante siete años.

El actual presidente de SQM está casado con María José Calderón Musalem, hija de Darío Calderón, uno de los amigos y asesores más cercanos a Julio Ponce. Según el libro sobre Ponce Lerou escrito por el periodista Víctor Cofré, solo entre 2008 y 2014 sociedades de Calderón facturaron $900 millones a SQM. “Tengo una vinculación profesional con Julio Ponce desde comienzos de los 90 a través de Soquimich, pero una amistad de toda la vida”, declaró en sede judicial Dario Calderón, según recoge el mismo libro.

Su yerno y actual representante de Kowa y presidente de SQM, Gonzalo Guerrero, fue socio de su bufete, Calderón y Compañía, entre 2004 y 2007.

Guerrero es abogado de la Universidad de Chile, tiene 49 años y en su época universitaria fue un dirigente cercano a RN. Antes, cuando estaba en el colegio, participó en el comando presidencial de Hernán Büchi, según informó La Tercera. Esa campaña fue financiada, en parte, por Julio Ponce Lerou, tal y como el empresario señaló públicamente en 1989.

LOS NEGOCIOS DE SQM CON KOWA

Quienes conocen de cerca la histórica relación de Ponce con Kowa entregan un dato clave: un hermano de Julio Ponce, Gustavo, desde inicios de los ‘80 fue agregado comercial de Chile en Japón y en 1987 fue nombrado embajador. Él jugó un rol relevante en acercar a Julio Ponce con los japoneses. Cuando a comienzos de los años ‘90 SQM abrió una oficina en Tokyo, la ex asistente de Gustavo en la embajada, Mayo Shibazaki, asumió como gerenta de SQM Japón.

En los oficios enviados por los representantes del holding japonés a la SVS en 2007 cuando se les preguntó por su relación con la minera chilena, entregaron datos sobre sus negocios en el país: el 15 de septiembre de 1992 firmaron un contrato de agencia con SQM Japón para comercializar en forma exclusiva el yodo y el litio que se extraía en Chile, en países como Japón, China, Taiwán y Corea. A cambio, recibían una comisión de ventas de entre 1,2% a 1,3%. Dijeron también que entre 2005 y 2006 los volúmenes de ventas que alcanzaron los “productos SQM” en los mercados donde los distribuían ascendieron a US$111 millones, y que su comisión llegó en ese periodo a cerca de US$1,4 millón (vea aquí ese reporte).

Según se informó en la junta de accionistas de SQM de abril de 2017, el 7 de noviembre del año anterior SQM firmó otros cuatro contratos de agenciamiento con Kowa para Japón y otros países de Asia.

En 2015, la Corfo, cuando era dirigida por Eduardo Bitrán, denunció que existía un perjuicio para los accionistas minoritarios de SQM de cerca de US$50 millones en cinco años debido a que la minera le vendía litio a Kowa a un precio más bajo que el del mercado. En la Corfo también llamó la atención que, a pesar de que SQM tenía oficina en Japón, prácticamente todas las comercializaciones con ese país se realizaban a través de Kowa. Ese año desde SQM descartaron las acusaciones.

No fue lo único que despertó suspicacias en la Corfo. El hecho de que el hermano de Julio, Eugenio Ponce Lerou, representara las acciones de Kowa en la junta de accionistas de SQM de abril de 2016 -cuando los japoneses instalaron por primera vez a Gonzalo Guerrero en el directorio de la minera-, los hizo preguntarse si había relaciones entre los Ponce y Kowa que no se conocieran.

Eduardo Bitrán le dijo a CIPER que las solicitudes que realizó entonces a la SVS chilena y a la SEC de Estados Unidos para que investigaran la relación del Grupo Pampa con Kowa, no llegaron a puerto: “El aspecto fundamental en el que nos interesaba que se pronunciaran era la existencia de precios de transferencia por debajo de mercado a una empresa que considerábamos relacionada a Grupo Pampa. Eso no ocurrió. Si se hubieran pronunciado se habrían tipificado faltas gravísimas a las leyes de valores y tributaria. Pero no tuvimos pronunciamiento”.

KOWA SOSTIENE SU VERSIÓN

CIPER le preguntó al actual representante de Kowa en Chile, Naoki Katsube, por los antecedentes recogidos en esta investigación. Aunque él reconoció que Julio Ponce Lerou fue director y accionista de filiales del grupo, aseguró que eso no los convierte en relacionados al Grupo Pampa:

“El 8 de julio de 1987 se constituyó la sociedad Kochi S.A. Al ser una sociedad anónima requería por ley de la existencia de al menos dos accionistas. El accionista principal fue Kowa Company Ltd. con 11.499 acciones equivalente al 99,99% del capital social y el otro accionista fue, en calidad de persona natural, el señor Julio Ponce con una acción equivalente al 0,01% del capital social. Con fecha 25 de marzo del año 2004, el señor Ponce cedió su única acción a Inversiones La Esperanza (Chile) Limitada y, como consta en actas debidamente autorizadas ante notario, con fecha 19 de marzo de 2004 el señor Ponce renunció a su cargo de director titular y su hermano Eugenio como su respectivo suplente. Asimismo, de acuerdo a nuestros asesores legales, la ley establece que el hecho de que una persona sea director en dos sociedades -Kochi y Pampa Calichera en este caso – no las convierte en partes relacionadas”.

Sobre el rol del abogado de confianza de Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon, en las sociedades de Kowa en Chile, Katsube aseguró que actualmente no participa en el grupo: “El señor Roberto Guzmán Lyon desempeñó diferentes funciones legales para el Grupo Kowa en Chile, todas ellas en el marco y conforme a la regulación vigente. Con todo, le hacemos presente que a esta fecha el señor Guzmán Lyon no presta servicios profesionales al Grupo Kowa”.

Según registros internos de las filiales de Kowa en Chile revisados por CIPER, al menos hasta 2017 Roberto Guzmán Lyon se mantenía como abogado del grupo en el país.

Los estados financieros de 2016 de una de esas filiales, Inversiones La Esperanza Chile, dan cuenta de que esa sociedad era propietaria del 40% de las acciones de la Central Hidroeléctrica Tres Palos, un negocio de la familia Ponce, dirigido por Alejandro Ponce Pinochet, hijo de Julio. Esa participación accionaria estaba valorizada ese año en $1.815 millones. Además, Inversiones La Esperanza Chile entregó un depósito a plazo por 21.747 UF a la misma sociedad de los Ponce.

La Hidroeléctrica Tres Palos participó en un negocio frustrado junto a la familia Schiess que levantó una central hidroeléctrica en la Región de Los Lagos, en un predio de Ponce Lerou. Todo terminó en tribunales luego de que el negocio no funcionara y los Schiess acusaran a Ponce de fraude y contrato simulado.

Consultados por CIPER, desde el Grupo Tánica, a través del que opera la familia Schiess, señalaron que los japoneses de Kowa no participaron de las conversaciones por el proyecto hidroeléctrico: “Nosotros sólo nos relacionamos con el accionista mayoritario y controlador de la sociedad de ellos, que es el que administra y dirige, y ese siempre fue el mismo”. La sociedad Inversiones La Esperanza Chile tenía un cupo en el directorio, de un total de tres asientos, en la Central Hidroeléctrica Tres Palos.

“El Grupo Kowa no mantiene relaciones comerciales con los hijos del señor Julio Ponce”, señaló el representante de Kowa en Chile, Naoki Katsube,

Sobre las relaciones de Ponce Lerou con el grupo Kowa, desde SQM se ciñeron a lo manifestado por la SVS en 2007: “Respecto de la definición de entidades relacionadas, responde a criterios legales de las instituciones reguladoras que SQM suscribe y acata en virtud de la autoridad fiscalizadora conferida por la ley. Sobre este asunto, en el año 2007, tras una investigación solicitada por un tercero en cuanto al pacto de accionistas de la época -que se mantuvo hasta el año 2018, cuando finalizó-, la entonces SVS determinó que en cuanto a Kowa y Pampa ‘no es posible colegir que los miembros del grupo controlador sean entidades relacionadas entre sí’”.

Para Álvaro Gallegos, ex superintendente de Pensiones durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, todo se trata de un asunto de voluntad política: “No hay ninguna duda de que en esa época estuvieron relacionados (Ponce Lerou con Kowa). Sobre la respuesta de Kowa, esa puede ser una interpretación rigurosa y, eventualmente, puede que tengan razón, pero si la pregunta es si existe o no existe relación, es evidente que sí. Cuando tú tienes entidades supervisoras, si bien tienen que atenerse a lo que dice la ley, tienen todas las facultades para interpretar, por tanto, pueden concluir que sí existe relación. Cuando tienes una duda razonable, tiene que primar el bien público”.

Ni Julio Ponce Lerou ni el Grupo Pampa quisieron responder preguntas para este reportaje.