Por 72 votos a favor, 43 en contra y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe sobre la investigación realizada al actuar del Estado frente al acuerdo entre Corfo y Soquimich (SQM) respecto de la explotación del litio en el Salar de Atacama.
Entre sus principales conclusiones, la indagatoria estableció que la celebración de dicho contrato en 1993 generó las condiciones para que SQM pudiera explotar, sin mayores límites, el litio chileno hasta el año 2030.
En ese sentido, en el documento se sentencia que la decisión de firmar el citado acuerdo fue perjudicial para los intereses del Estado, dado que se otorgaron amplias facultades de exploración, explotación y comercialización de pertenencias mineras de litio, que eran de propiedad estatal, a una empresa privatizada. Esto, según se agrega, sin que hubiera información suficiente para justificarlo en su origen, en especial respecto del plazo que se pactó originalmente.
El informe también acusa una “evidente negligencia estatal” en la fiscalización y control de las cláusulas del contrato, así como carencia de políticas públicas y de fiscalización administrativa respecto de la situación ambiental del Salar, el impacto que producía la explotación a las comunidades aledañas e incluso sobre la naturaleza de los productos que exportaba SQM al extranjero.
Desde el punto de vista de los ingresos tributarios, se estima que hubo inexistente control y trazabilidad del litio por parte de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos, así como falta de fiscalización de la extracción de salmuera.
Julio Ponce Lerou
Sin perjuicio de lo anterior, el informe valora positivamente la decisión de Corfo de demandar a SQM en 2014, con el objeto de cobrar la renta de arrendamiento no pagada por la minera no metálica -cerca de 8 millones de dólares, más intereses y daño moral-, así como la terminación del contrato en sí mismo (que hubiera permitido la recuperación del litio para el Estado).
Se resalta, en todo caso, que las decisiones adoptadas por Corfo durante la tramitación del arbitraje, requerían de un proceso de análisis jurídico y político mayor, que aseguraran coherencia con la política nacional del litio y mayor publicidad sobre las condiciones que se estaban negociando.
El texto indica que en este proceso se percibió “un vertiginoso actuar de los organismos estatales para cerrar el contrato antes del cambio de gobierno” y se reprocha a Corfo “haber llegado a acuerdo con SQM en lugar de perseverar en el juicio, agotando todas las instancias jurisdiccionales que disponía en el marco del arbitraje”.
En el marco de los casos de corrupción en los que está implicado el otrora controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, la investigación concluyó que pese a que Corfo logró terminar con el control que ejercía el ex yerno de Augusto Pinochet a través del Grupo Pampa, no se establecieron cláusulas contractuales que impidieran, por ejemplo, contratarlo como asesor estratégico de la empresa.
“En este sentido, la Comisión valora la actitud del Consejo de Defensa del Estado en orden a perseverar en la querella que presentó dicho organismo contra la persona jurídica de SQM S.A. y sus filiales, por los delitos de cohecho y soborno”, se destaca en el informe.
Se criticó, del mismo modo, que la negociación se ampliara a puntos no sometidos a consideración del arbitraje, incorporándose cláusulas adicionales y ajenas al texto de la demanda, como por ejemplo, el aumento de cuota de extracción de litio a favor de SQM, las cuales debieron ser objeto de un nuevo contrato a fin de que se evaluaran sus impactos ambientales y sociales.
Por último, en el informe de la Cámara de Diputados se sostiene que existen cláusulas del contrato que aún generan incertidumbre y que la conciliación suscrita dejó importantes problemas de interpretación contractual, que todavía impiden ejecutarlo plenamente.
Hacia una explotación estatal del litio
Entre las propuestas que se exponen tras la investigación parlamentaria, destaca el llamado al Presidente de la República a crear una mesa de trabajo permanente entre las comunidades indígenas y los organismos fiscalizadores sectoriales, que sirva de instancia coordinadora para el debido cumplimiento de la normativa legal; y requerir de los organismos fiscalizadores sectoriales correspondientes que informen trimestralmente sobre los procedimientos realizados a SQM, estado de tramitación y su resultado.
También se pide al Ejecutivo que restituya el Comité de Minería No Metálica al interior de la Corfo y que se cree en la ley de presupuesto un fondo especial cuya finalidad sea asegurar el financiamiento de una empresa pública que explote el litio, una vez finalizado el acuerdo con SQM el año 2030.
Por último, entre otras propuestas, se plantea al Gobierno fortalecer el rol fiscalizador de los organismos sectoriales competentes, y apoyar diversas mociones relacionadas con la explotación estatal del litio, para establecer un marco legal que garantice la gobernanza sustentable de los salares del país y para sancionar de forma específica la extracción ilegal de salmuera y de aguas en salares.
Fuente: Cámara de Diputados
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Publicado el 08 de mayo de 2019
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