La camisa de fuerza autoimpuesta que impide el despegue del litio

El viernes pasado, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) acusó a Albemarle, mayor productor de litio en el mundo, de hacer pagos menores a lo acordado en el contrato firmado entre ambas en 2016.

La corporación liderada por Pablo Terrazas prometió llevar a su arrendataria a un arbitraje internacional por el eventual incumplimiento al contrato de concesión que vendría aparejado a una pérdida de US$15 millones. A Corfo lo asesora el abogado Andrés Jana, que tendrá que enfrentarse con Albemarle.

Esta discrepancia se suma a la que vivió dos años atrás, con su otro contratista: SQM y que fue zanjada en 2018.

Según los expertos, la relación entre las empresas que explotan el “oro blanco” arrendando el Salar o buscando permisos en el resto del país, siempre ha estado marcado por diferencias.

Antes del round de la semana pasada, el 3 de febrero Albemarle presentó un recurso a la Corte de Apelaciones de Santiago con el fin de obligar a Corfo a transparentar los resultados de una investigación hidrogeológica en los salares de Atacama y Maricunga. Pero la entidad se negó, argumentando que había una cláusula de confidencialidad.

También durante el verano hubo polémica por los fondos que entregan las empresas extractoras a Corfo para que este licite a instituciones que buscan establecer investigación y una industria local que agregue valor al mineral. El Instituto de Tecnologías Limpias fue adjudicado a un consorcio chilenoestadounidense, provocando la molestia de quienes perdieron, entre ellos, la Universidad de Chile y la UC. Y antes, en 2018, Albemarle tuvo problemas con Corfo por el contrato que mantienen ambas donde la empresa norteamericana debe entregar a precios preferenciales para fabricantes de baterías que se instalaran en nuestro país.

Costosos contratos

A diferencia de lo que sucede con, por ejemplo, la industria del cobre donde se definen derechos de propiedad y no se opera a través de convenios con el Estado, los especialistas coinciden en que este tipo de contratos generan fricciones, dejan espacio para interpretaciones y, además, son complejos de monitorear. Aunque difieren en las razones. Los más categóricos apuntan a que la convivencia con el Estado y el hecho que no se puedan entregar las pertenencias de manera directa, es un una traba.

¿Cuál es el origen de todo esto? En Chile, el litio sólo puede explotarse por el Estado, empresas públicas, en casos excepcionales por compañías que cuenten con Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL) y quedan exentas de esta regla, las pertenencias previas a 1979. Después de esa fecha, parten los problemas.

A la complejidad de los contratos debe agregársele que la pertenencia más importante es el Salar de Atacama que es público. Por ello, su dueño (Corfo) lo arrienda a las compañías productoras de litio. El socio de Guerrero Olivos, Pedro Lyon, explica que en el caso de minerales como el cobre, el propietario sólo pide una concesión minera, cumple con los trámites ambientales y puede operar libremente el yacimiento pagando los impuestos correspondientes, sin el Estado de por medio. En cambio, en el caso del litio, el experto sostiene que la estructura genera controversias y puede ser un freno de mano para la industria que en 2016 contaba con el 38% del mercado y en 2020 bajó a 23%.

Para el abogado Cristián Quinzio los litigios, particularmente en el Salar de Atacama, son por temas contractuales en las pertenencias de Corfo y no por que esté involucrado el Estado. "Con el contrato de Albemarle el problema está en el precio del litio y su fórmula de cálculo. A modo de ejemplo, si yo te pregunto el precio del cobre tú lo sabes fácilmente, pero si te pregunto el del litio, tienes muchos dependiendo de su calidad. Ahí hay un espacio de discrepancia con el Estado", sentencia.

Lyon sugiere que no es solo un tema técnico sino que la discusión también tiene ribetes políticos. "Los sectores más de izquierda pretenden que sea el Estado el que explote los minerales como el litio y otros sectores, sostienen que pueden hacerlo los privados, con las garantías que dan la infinidad de permisos que se deben conseguir, además de la garantía que dan los impuestos y los royalties lo pueden hacer perfectamente y sin la presencia estatal", explica.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas valida la tesis de Quinzio, quien participó en la mesa convocada por el gobierno anterior. Sostiene que el conflicto particular con Albemarle no tiene que ver con el régimen no concesional, pero expresa que "la complejidad de la industria se presenta respecto de aquellos que no tienen concesiones con anterioridad a esa fecha ( es decir, los posteriores a 1979) y que pretenden explotar litio en Chile".

Mesas y comisiones

Y aunque no se ha discutido públicamente la idea de quitar las restricciones que la ley impone a la explotación del litio, sí ha habido propuestas. Durante la segunda administración de la Presidenta Bachelet, se estableció una comisión que establecería una política nacional para el litio. Según comentan algunos de sus miembros, se discutió la posibilidad de liberar el litio, sin embargo fue una idea minoritaria, la mayoría propuso una nueva institucionalidad que lograra aceitar de mejor forma la industria y de paso disminuyendo las discrepancias, pero esas recomendaciones no fueron plenamente aplicadas.

En el actual gobierno, también bajo la modalidad no concesible, también el litio estuvo en la agenda. Según una fuente del Ministerio de Minería, fue tema en la Política Minera 2050, pero no se concretaron avances; luego el exministro Baldo Prokurica elaboró una nueva propuesta para tener contratos con privados mucho más atractivos en el resto de los salares del país, sin embargo tampoco se cristalizó la idea.

Realidad comparada

De acuerdo a los expertos, a la hora de establecer una nueva política para el litio y disminuir su conflictividad. Para ello es necesario mirar la legislación de los países competidores. Argentina cuenta con propiedades concesibles al igual que Australia y Canadá; en Bolivia no se puede concesionar y es administrado por el Estado y en Estados Unidos el recurso es del dueño del terreno sin requerirse autorización del país.

"El litio es un recurso abundante en el mundo y la visión de que Chile tiene que hacer uso de un monopolio choca violentamente con la realidad de que Chile tiene que salir a competir con una serie de países. Esa falta de realidad o de contexto genera muchos problemas en el día a día. Ésta es una tremenda oportunidad pero hay que competir, traer inversiones, generar cadenas de investigación y desarrollo, pero a esta fecha no sé si ya estemos a tiempo", comenta el director de la consultora Plusminning, Juan Carlos Guajardo. El especialista apunta a que el modelo no concesionable complota contra el desarrollo de la industria.