En la incertidumbre se encuentran los proyectos mineros de Escondida (BHP) y Zaldívar (Amsa), los cuales para asegurar su continuidad requieren extender sus permisos de extracción de agua desde la zona cordillerana de la cuenca de Monturaqui.
En el caso de BHP el proyecto consiste en la extensión de la operación del sistema de extracción de aguas subterráneas desde el campo de pozos Monturaqui, por un período de 11 años (entre 2020 y 2030, inclusive).
Amsa, en tanto, tramita actualmente la extensión de su proyecto minero a 2031, para lo cual también requiere extender su extracción de agua subterránea.
Ambas iniciativas están en trámite ambiental en el SEA, sin embargo, un pronunciamiento (que no es vinculante) realizado desde el Consejo y Gobierno Regional la última semana puso en duda la aprobación de estos proyectos, causando preocupación por el impacto que podría generar en la economía de la región.
El intendente Marco Antonio Díaz remitió un documento al SEA el 30 de julio, informando que en sesión ordinaria 612 del Consejo Regional, y tras realizarse un análisis al pronunciamiento elaborado por la División de Planificación y Desarrollo Regional, se recomendara rechazar el proyecto "Monturaqui" de Minera Escondida. Y lo mismo debiera ocurrir con Zaldívar.
Sobreexplotación
El documento detalla que los estudios técnicos realizados respecto a la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos en los sectores acuíferos del Salar de Atacama se encuentran actualmente en sobreexplotación, situación que se agravaría en caso de aprobarse los permisos.
"Lo cual hace que el Lineamiento N°3 "Región Sustentable", Objetivo N°1, Línea de acción 3) "Asegurar la protección de las aguas subterráneas próximas a las áreas oficialmente protegidas", se vea perjudicado por la futura operación del proyecto", detalla el oficio.
Díaz explicó que lo que hizo fue dirigir al SEA el pronunciamiento realizado por el Core. "Mis equipos técnicos presentan una observación de acuerdo a la Estrategia Regional de Desarrollo, y en este caso, nuestra propuesta fue observar el proyecto", dijo.
Añadió también que esto fue presentado al Core, el cual optó por rechazar el proyecto "desatendiendo el consejo técnico que había efectuado el equipo de planificación del Gobierno Regional".
"La unidad que de mi depende recomendó observar el proyecto. Es decir, representarles estas observaciones o falencias para que dentro del proceso ellos pudieran corregir", agregó Díaz.
Lo complejo es que el Core sostiene que para "resguardar la sustentabilidad del acuífero", se requiere que los recursos "no sean utilizados".
Proyectos
El vicepresidente Asuntos Corporativos de Minera Escondida, Patricio Vilaplana, precisó que para mantener el volumen de producción anual en 1,2 millones de toneladas de cobre promedio en la próxima década, requieren operar las tres plantas concentradoras, lo que exige beneficiarse del uso de agua de acuíferos (además del uso de agua de mar y aquella que es reutilizada).
"Requerimos una transición en el suministro de agua... el Proyecto Monturaqui plantea la continuidad de la operación del campo de pozos a una tasa 54% menor que la actual y por un período acotado de once años, de modo de no generar impacto ambiental o social incremental", explicó.
Además se incorporó, como medida de compensación, la devolución a la DGA y a la Comunidad de Peine de la totalidad de los derechos de agua que posee en el acuífero, como un apoyo a la nivelación de los derechos de agua existentes en la cuenca, al 2030.
Respecto a la observación realizada por el Gore, desde Minera Zaldívar dijeron desconocer los estudios técnicos analizados para llegar a esta conclusión y fueron categóricos en el impacto que sufrirían.
"Actualmente, en la cuenca de Monturaqui existen derechos constituidos por 2.479,6 litros por segundo, considerando Minera Escondida, Zaldívar y Albermarle. De estos derechos, hoy sólo se extrae el 65% y en el futuro se pretende hacer uso del sólo del 35% de los derechos de agua", puntualizó Antofagasta Minerals.
Agregaron que sus estudios y modelos hídricos han sido construidos y calibrados con información recopilada por más de 20 años en el sector. "Ellos concluyen que aún es posible seguir extrayendo agua en la zona, con los efectos ambientales que hemos declarado públicamente en nuestro EIA".
Agregaron que una negativa a su solicitud implica pensar en el cierre de su operación minera en los próximos años. "Esto significa dejar sin trabajo a aproximadamente 2.400 personas (entre trabajadores directos e indirectos), suspender las operaciones con aproximadamente 240 proveedores locales y dejar de realizar compras locales y pago de patentes en la región".
"Mis equipos técnicos presentaron una observación de acuerdo a la Estrategia Regional de Desarrollo". Marco Díaz, Intendente regional
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Publicado el 20 de agosto de 2018
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