Caso Penta podría escalar hasta la SEC ante presunta irregularidad de SQM

SQM podría verse en problemas en el extranjero si es que la Fiscalía confirma la existencia de las boletas ideológicamente falsas reveladas por la cuñada de Pablo Wagner –ex subsecretario de Minería–, Carolina de la Cerda.

Sobre la base de las declaraciones de esta última, la única boleta que por el momento involucra a SQM en el Caso Penta es de $7,5 millones, cuyos destinatarios habrían sido Joaquín Lavín y el entonces rector de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva Bafalluy –padre del timonel homónimo de la UDI–, además de otros pagos que se habrían hecho a Reactor SPA por instrucción de “Coca” de Castro, generalísima de Pablo Zalaquett.

Si bien se desconoce si este pago respondía a aportes de campaña o hechos que sugieran algún acto de soborno o cohecho, como los que se le imputan a Pablo Wagner y los controladores del Grupo Penta, SQM podría verse expuesta a infracciones a la ley electoral, asunto que para las compañías listadas en Wall Street que aportan en política está estrictamente normado, tanto por el Departamento de Justicia de EE.UU. como por la SEC, incluso con normas que se extienden más allá del territorio norteamericano.

La Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de 1977, es una norma que se aplica a cualquier persona o compañía con algún grado de conexión con EE.UU. y que establece una serie de códigos que obligan a las empresas a desarrollar políticas corporativas al respecto.

Dicha norma la replica Canadá, país donde se domicilia Potash Corp (PCS), a través de la ley CFPOA de 1999, asunto que podría explicar en parte la preocupación de PCS respecto del reciente allanamiento a las oficinas de SQM.