Grandes mineras: "Derechos de los pueblos indígenas no pueden estar sobre la ley"

No sólo la falta de proyectos eléctricos ni el estancamiento de un tercio de las millonarias inversiones pensadas para fines de la década preocupan a las grandes mineras que operan en el país. También el lento avance en la creación de criterios comunes para la aplicación del convenio OIT 169, relacionado con los pueblos originarios. Así lo señaló el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, en su discurso en la cena anual del sector, a la que asistió el Presidente Sebastián Piñera.

Villarino indicó que llama la atención el tratamiento que el gobierno le está dando a la regulación que se aplicará a la forma en que las empresas deben relacionarse con los pueblos indígenas en las tramitaciones de los proyectos de inversión. Agregó que a juicio de las empresas del sector, es necesario “imprimir velocidad, centralizar su gestión y, lo que es más difícil, lograr un acuerdo que conjugue adecuadamente derechos de los pueblos originarios con otros derechos reconocidos por la legislación común y, especialmente, con el imperativo de seguir creciendo como país”.

El tema no es menor para la industria, ya que varios proyectos han sido paralizados por este tema, siendo el más emblemático El Morro, de la canadiense GoldCorp, cuya inversión llega a los casi US$ 4 mil millones. “Los derechos de estos pueblos no pueden estar por sobre la legislación vigente que rige a todos los chilenos”, afirmó Villarino.

El Ministerio de Minería estaba trabajando con las carteras de Desarrollo Social, Justicia y Medio Ambiente para unificar los criterios. Sin embargo, sigue pendiente la redacción del nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, para unificar la forma en que se aplicará el convenio a los proyectos de inversión. Además, está pendiente la normativa que elabora Desarrollo Social para establecer una nueva forma de relacionarse entre el Estado y los pueblos originarios.

Villarino también destacó que “la institucionalidad está desafiada cuando la aprobación de un proyecto minero demanda más de 500 permisos que se obtienen después de procesos burocráticos que se extienden por años”. Agregó que estos permisos, “por la vía de la impugnación judicial”, han dejado de entregar las certezas que los proyectos requieren.