El lunes 10 de septiembre, dos dirigentes sindicales ingresaron por calle Compañía, a la sede de la Cámara de Diputados, en Santiago.
Buscaban romper el cerco informativo impuesto por el lobbista Enrique Correa Ríos – ex Mapu y Ministro – contratado por Ponce Lerou, para encubrir asesinatos de mineros, victimas de explosiones y de la codicia sin límite del yernísimo de Pinochet.
Una empresa robada al Estado y con ingresos de más de 2.000 millones de dólares, tiene caja para pagar estas “asesorías”.
Nelson Pérez y Pedro Cáceres, presidente y secretario de la Federación Nº 3 de SOQUIMICH – SQM , concurrieron a la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, con el fin de denunciar las graves y riesgosas situaciones laborales que amenazan sus representados.
El último, de una serie de “accidentes” se registró el pasado 21 de agosto. Dos trabajadores sufrieron, el mismo día, la amputación de una mano en uno y de dos dedos el otro.
El presidente del sindicato Nº3, indicó que “la empresa no invierte en seguridad de los trabajadores y venimos a denunciar lo mal que trabaja la empresa con su gente. Le interesa sólo obtener utilidades, a costa de la inseguridad de los trabajadores”, sostuvo el Pérez.
Existen, sobre lo anterior, antecedentes emandados del sumario efectuado por el Seremi de Salud de Antofagasta, conseguido vía ley de transparencia, sobre el accidente con explosivos, que se llevó la vida de seis trabajadores a fines del 2010. La sanción, “simbólica”, se concretó con el pago de una multa de $39 millones. Insignificante, por la vida de seis inocentes. No hubo clausura o condenados por la ley antiterrorista.
Según la CUT, el gobierno hace gárgaras con el uso de explosivos y la aplicación de la ley antiterrorista, a quienes exponen conscientemente a la población civil a los probables efectos de estos artefactos. Para los sindicalistas denunciantes, los camiones que llevaban estas sustancias, constituían un peligro conocido por la empresa, aumentado con posibles consecuencias catastróficas, debido a su paso por localidades pobladas. Esto, convierte la muerte de estos trabajadores en un homicidio. Carabineros, en tales traslados, brillaba por su ausencia, así como la fiscalización prevista en la ley de control de armas. La empresa remunera bien el silencio.
En este caso, y tratándose de los gestores de SOQUIMICH,- como Ponce Lerou, el ex candidato de Pinochet, Hernán Buchi y el hermano del actual Ministro de Minería, Patricio de Solminihac -, no hay sanciones, no hay fiscales, no existen tribunales , no hay justicia.
El ministro Hinzpeter, calló en esta oportunidad. No le encargó la investigación al ex fiscal Peña.
A esto se suman las prácticas antisindicales, reconocidas por la inspección del trabajo.
Los dirigentes, también se refirieron a la mediática, Sra. Evelyn Matthei:
“A la ministra le hemos enviado varias veces nuestros reclamos, pero nunca nos ha mandado a llamar. Ella debería fiscalizar esta empresa, a través de la Dirección del Trabajo. No puede ser que gente muera dentro de las faenas”, criticó Pérez.
Por su parte, Cáceres indicó que “los programas de seguridad que tienen son tardíos y despersonalizados. Se llenan documentos por protocolo, sin llevarlos a cabalidad. SQM tiene ocho razones sociales, y contrata a su albedrío a distintos trabajadores, a quienes no se les otorga una seguridad laboral acorde con su labor. Estos accidentes pasan porque la empresa delega funciones sin capacitar a sus trabajadores”
El intocable
El controlador y dueño de SQM, el empresario Julio Ponce Lerou, al parecer y según los trabajadores, no se hace cargo del problema. Además, nadie lo fiscaliza.
“Creemos que Lerou es un intocable. Como Federación, tenemos documentos, y hemos solicitado reuniones con Ricardo Bruno, Matthei y Lerou, pero no hemos obtenido una respuesta satisfactoria, Cuesta mucho llegar a ellos”, sostuvo Cáceres.
“SQM prefiere pagar las multas o ir a juicio que respetar las condiciones laborales de sus trabajadores. Total, tienen dinero de sobra e influencia para todo aquello (…) Creemos que el hecho de que el hermano del ministro de Minería, Patricio de Solminihac sea subgerente, ayuda a que los trabajadores no se les escuche. Estamos desprotegidos”.
“Más allá de las multas, se deberían enjuiciar a los gerentes, porque además de estos seis trabajadores, murieron otros once más años anteriores (…) Siempre SQM hace lo mismo, paga la multa y mantiene las prácticas antisindicales y la inseguridad laboral”, afirmó Pérez, para luego añadir: “antes de darle la concesión del litio a SQM, deben asegurar que los trabajadores laboren en buenas condiciones”.
En efecto, de no asegurarse buenas condiciones de seguridad laboral, el Estado de Chile sería cómplice de nuevos asesinatos.
La compañía tiene más de cinco mil personas. A esta federación pertenecen unas 600 personas.
El diputado Tucapel Jiménez, señaló al respecto: “después del rescate de los 33 mineros se habló mucho de la seguridad minera y se anunciaron proyectos de ley que nunca se concretaron. SQM tiene prácticas antisindicales y además no vela por el bienestar de sus trabajadores. Le vamos a pedir a las autoridades que se fiscalice mejor la seguridad en las faenas”.
Pasajes de la sesión en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados
Atendieron a los dirigentes, en no más de 15 minutos. Estaban, Felipe Salaberry (UDI), presidente, Tucapel Jiménez (PPD), Mario Bertolino (RN), Osvaldo Andrade (PS), Nino Baltolu (UDI) y René Saffirio (DC). El resto de los parlamentarios de la comisión marcó la agenda con su ausencia.
“Han muerto bastantes compañeros en poco tiempo y otros han quedado con secuelas graves. Unos perdieron manos y otros la vida. Hemos buscado todas las instancias para que nos escuchen y nos sentimos abandonados”, sostuvo Nelson Pérez.
Acto seguido, su colega Pedro Cáceres, mostró una presentación en Power Point para explicarles a los diputados las malas prácticas de SQM. Extrañamente, le pasaron un computador sin enchufe, por lo que su presentación duró los escasos minutos de carga de la batería. Un pequeño sabotaje.
“La gente que maniobra grúas tienen permisos provisorios, o sea, son gente no capacitada y eso es algo que la empresa ampara”, criticó.
“A quién le podemos reclamar si se siguen muriendo viejos en esta empresa. Nadie nos toma en cuenta (…) Si nos vamos a negociación colectiva, tenemos que pagar, O sea, también se nos aplican prácticas antisindicales, con descuentos de bonos y esas cosas. La empresa invierte en tecnología y en aumentar su producción, pero no invierte en capacitación ni nada por el estilo”,
“Matthei no nos ha recibido”, se quejaron los dirigentes.
“A la ministra del trabajo. Hay que hacer gestiones para que los reciba, y que fiscalice las faenas como corresponde y si ya se realizaron que envíe los informes”, apuntó Salaberry.
“Hay que oficiar a la Suseso – Superintendencia de Seguridad Social – para que nos señale la nómina de accidentes del trabajo que han ocurrido en SQM, en las empresas relacionadas con esta compañía, que son las subcontratistas, con casos de mineros fallecidos y también de los que han quedado impedidos, además de las multas que ha decretado la Dirección del Trabajo, frente a estas situaciones y las prácticas antisindicales”, indicó por su parte Andrade.
“Cuestiono cómo es posible que a SQM se le licite la concesión de litio, con estas prácticas antisindicales, inseguridad minera y malas prácticas laborales. El gobierno debería ser más riguroso en decretar estas medidas”, aseveró Jiménez.
Dirigentes de la CUT, también asistieron a la sesión. El abogado del Departamento de Derechos Humanos de la entidad, Rubén Jerez y la encargada del mismo, María Eugenia Puelma, llevaron esta batuta. “Acá fueron asesinadas seis personas por la codicia de inescrupulosos. Cómo es posible que crímenes tan nefastos queden impunes”, criticó Jerez.
“Bueno, vaya a tribunales y presente la querella correspondiente”, le respondió el diputado Andrade.
“En eso estamos, pero falta un pronunciamiento más duro de esta comisión fiscalizadora. El gobierno, esta compañía, Ponce Lerou y sus lobbistas, como Enrique Correa, tienen mucho que explicar”… “cuántos muertos más son necesarios para que clausuren la empresa”…“SOQUIMICH no es una minera es un matadero, que nos evoca el maltrato laboral que generó la protesta y la posterior masacre en la escuela de Santa María, en 1907”, sentenció Jerez de la CUT.
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Publicado el 11 de septiembre de 2012
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