Cementerio de San Pedro está al 100% y ampliación requiere marco regulatorio

Al 100% se encuentra el cementerio de San Pedro de Atacama y a pesar que existe un sector para ampliarlo, el que incluso tendría un cierre perimetral, se requiere de una marco regulatorio que apruebe su uso.

Además y a diferencia de los demás camposantos, que son administrados por los municipios, este está a cargo de la Iglesia y para enterrar a los deudos sólo se cobra una módica suma que no supera los 25 mil pesos, monto es utilizado para cubrir los trámites pertinentes.

'Todavía quedan unos espacios pequeños donde se puede sepultar en tierra. En algunos casos las familias piden que se les faciliten los nichos, que son privados de cada familia. A veces estos se consiguen por un tiempo, hasta que se permita trasladar al nuevo cementerio', explicó la presidenta del Comité del cementerio, Mirta Solís.

Entierros

Asimismo, existe otra dificultad con las comunidades indígenas, ya que estas consideran que no se deberían sepultar personas de Calama o de otras localidades que anden de paso o por un tiempo viviendo en San Pedro de Atacama.

'Como es parroquial, el cementerio está abierto no sólo para los indígenas. Ahora, tampoco significa que todos se pueden sepultar, ya que nosotros también hemos rechazado algunos casos', recalcó Solis.

Nuevo cementerio

El terreno que serviría para ampliar el camposanto se encuentra a un costado, es de aproximadamente una hectárea y tiene un cierre perimetral que fue construido hace aproximadamente cinco años.

Uno de los que trabajó en esta obra es Mario Ramos, quien no encuentra una explicación para que no se esté utilizando.

'He ido a preguntar qué pasa que no lo ocupan y no he tenido respuesta. En el actual falta espacio y no se pueden hacer mausoleos', argumentó.

Esta inquietud se repite entre los vecinos que no entienden por qué no comienza en funcionamiento el nuevo cementerio.

Normativa

Según información proporcionada por la parroquia, este camposanto no se abre a la comunidad porque se debe definir un marco regulatorio para que no ocurran los mismos problemas. La normativa debería estar resuelta el próximo año, entre marzo y abril, fecha en la que se espera tener cerradas todas las conversaciones con la comunidad de San Pedro de Atacama.