Corte de apelaciones suspende caso SQM

"Los corruptos empresarios quedan impunes y el Estado les regala el saqueo del litio hasta 2030"

"SQM, empresa privatizada en la dictadura al yerno de Pinochet, sella su impunidad en los millonarios casos de corrupción. Para remate, CORFO les entrega el premio del litio hasta el 2030", denuncia el ex candidato anticapitalista Dauno Tótoro, ante la resolución del caso SQM.

Polémica ha generado la decisión tomada por la Corte de Apelaciones de Santiago, organismo que confirmó la suspensión condicional del caso SQM, empresa acusada de cohecho y fraude tributario en el marco de la financiación ilegal de campañas electorales.

Debido a la resolución tomada por la Justicia chilena el caso SQM quedará suspendido tras el pago de $2.550 millones por parte de la empresa, quedando así en la impunidad los principales altos mandos de la entidad, y con el permiso de continuar explotando el litio durante más años.

El acuerdo entre la fiscalía y la mayor minera no metálica mundial le significó a SQM pagar un monto 2.550 millones de pesos (unos 4,2 millones de dólares) que la exime de una condena en su calidad de persona jurídica. De la cantidad establecida, la Corte Apelaciones ordenó que 900 millones de pesos (aproximadamente 1,5 millones de dólares) deberán pagarse al Fisco y otros 1.650 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares) irán en beneficio de una serie de fundaciones.

Esta medida fue solicitada por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien lidera la investigación por financiamiento ilegal de la política, y permitiría el cierre de otro caso de corrupción que involucra a los principales partidos del régimen político con el poder empresarial.

"Destacamos el fallo unánime y que los tribunales hagan propios los argumentos de la Fiscalía. Es destacable que no hubiera cuestionamiento alguno a la imputación ni se discutiera la calidad de la investigación liderada por el Ministerio Público. Sin embargo, lo más importante es el aporte en favor de fundaciones de beneficencia, ya que con esta salida alternativa se favorece mucho más a la sociedad que con otro tipo de salidas", expresa Gómez sobre la resolución tomada por la Justicia chilena.

Impunidad empresarial y relación con el régimen político

Sobre esta situación, el ex candidato a diputado anticapitalista por el distrito 10, Dauno Tótoro, considera que "nuevamente la Justicia, que más bien actúa como un ’partido judicial’, falló a favor de los grandes grupos empresariales como es SQM, la principal empresa que explota el recurso del litio en el país, demostrando la estrecha relación que existe entre los grandes empresarios, el Estado y sus instituciones, y los principales partidos tradicionales envueltos en casos de corrupción, como en este caso o Penta, que también quedó en la impunidad con el pago de una irrisoria fianza", denuncia el historiador.

Para Tótoro la suspensión condicional del caso SQM expresa dos aspectos; primero, "la impunidad de los altos mandos de la empresa, como Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, beneficiado por su dictadura militar, y presidente del directorio, que al igual que en el caso Penta quedarán impunes simplemente pagando una fianza que en nada afecta sus millonarias ganancias. Tal como estos empresarios, los partidos políticos tradicionales y sus integrantes involucrados en este caso de corrupción también quedarán inmunes, todo bajo el amparo del poder judicial. Esto demuestra la estrecha vinculación entre grupos económicos, Estado y partidos del régimen", plantea el ex candidato a diputado.

Además de la suspensión del caso SQM, el 17 de enero de este año finalizó el "proceso de conciliación" entre Corfo y SQM, con el objetivo de firmar las modificaciones a los contratos de arrendamiento y de proyectos, lo que concluyó en un nuevo acuerdo a favor de la empresa privada y la explotación que realiza a recursos naturales del país como el litio.

"Se trata de nuevas reglas para la minera que deberá cambiar la estructura de su gobierno corporativo lo que otorgará garantías permanentes de pleno cumplimiento de lo acordado y desarrollo de prácticas alineadas con los estándares de empresas globales y de la OCDE; aumentar el nivel de rentas de arrendamiento para igualarlas con lo establecido en el contrato de Albemarle; establecer los derechos y protecciones para Corfo como propietario del Salar de Atacama; establecer el más alto estándar de vigilancia de cumplimiento de contratos y normas ambientales; aportar recursos a la Región de Antofagasta y a las comunidades locales; aportes significativos a investigación y desarrollo; opción de reserva de 25% de producción de litio para vender en Chile destinados a agregar valor al litio y no se modifica la fecha del contrato vigente hasta el año 2030", afirman desde Corfo.

Este es el segundo eje problemático que considera Tótoro en el conflicto. Respecto al acuerdo entre la empresa estatal Corfo y la minera privada, plantea que es "inconcebible que tras el escándalo de corrupción entre SQM y partidos tradicionales, que involucró cifras millonarias, el Estado chileno, a través de Corfo, le conceda más años de explotación de nuestros recursos naturales, como es el litio, y permita el constante saqueo por parte del sector privado y los grandes empresarios, mientras que en Chile no existen derechos básicos garantizados por el Estado, todo es un negocio empresarial, la clase trabajadora recibe sueldos miserables a costa de extenuantes jornadas laborales, entre otras problemáticas ignoradas por parte de las autoridades", asevera el joven.

"Solo en el primer semestre del año 2016 la empresa SQM obtuvo ingresos por más de US$1.000 millones, gracias a la alta demanda por el litio, que se ha transformado en un ’oro blanco’ para la empresa privada. No es posible que los recursos naturales sigan en manos de empresarios que solo explotan a trabajadores y lucran con nuestras vidas. SQM debería ser expropiada y estatizada, además de ser gestionada por sus trabajadores, por profesionales al servicio de la población, y por las comunidades locales. Si esto fuese así realmente se beneficiaría al pueblo trabajador, se podrían costear derechos exigidos por la población, construir hospitales y escuelas públicas en las regiones, entre otras iniciativas", propone Tótoro.