Durante esta semana los pueblos atacameños de la cuenca del salar de Atacama, realizaron una serie de acciones en contra del proyecto de Continuidad Operacional de Minera Zaldívar, que buscar extender la extracción de agua desde el sector Negrillar, bombeando 212,75 litros por segundo hasta 2029, para luego bajar su extracción a 30 litros por segundo hasta el año 2031, cuando se proyecta su cierre.
Solicitud y denuncia
El lunes, la comunidad de Coyo, asesorada por el exseremi de Medio Ambiente, Felipe Lerzundi, presentó una solicitud para suspender la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, pues considera que hay graves inconsistencias en su presentación, las que no permiten contar con la toda la información de forma clara y oportuna.
Dos días más tarde, Peine realizó una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por considerar que los permisos de la minera están vencidos. Al respecto, su presidente, Sergio Cubillos, explicó que "descubrimos con nuestros abogados, que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del año 1993 señala que Zaldivar puede realizar extracción de agua por un periodo de 20 años".
"No existe ningún documento que sea por 30, sólo se menciona en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del año 2010, pero no existe ninguna evaluación de extensión de plazo", aseguró el dirigente.
Observaciones
Ayer, en tanto, el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) y algunas comunidades de Atacama la Grande, presentaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta, sus observaciones al proyecto de Zaldívar, en el marco de la participación ciudadana.
El Consejo realizó observaciones al estudio hidrogeológico y antropológico que presenta la empresa, pues estima que la información es incompleta, por lo que se hace complejo poder predecir los efectos de una mayor extracción de agua.
El presidente del CPA, Manuel Salvatierra, dijo que "hemos ingresado estas observaciones y esperamos que sean consideradas por las autoridades ambientales. Creemos que este proyecto está mal, que afecta a nuestra cuenca y es nuestro deber proteger nuestras aguas, nuestros territorios y la pertenencia como pueblo atacameño Lickanantay en este espacio que habitamos desde tiempos inmemoriales y que vemos día a día amenazado por la extracción indiscriminada del recurso hídrico".
Por su parte, la hidrogeóloga del CPA, Mariana Cervetto, señaló que "en un acuífero que está seis veces sobreexplotado, se debe contar con datos precisos y continuos en el tiempo para que puedan dar sustento a un modelo hídrico que realmente pueda garantizar la no afectación de los sistemas lacustres del borde sur del salar. Se debe conocer bien la interacción del bombeo de salmuera y los sistemas lacustres que la empresa declara como objetos de protección ambiental".
Entre las comunidades que presentaron observaciones están Talabre, Coyo, Peine, Socaire, Camar y Toconao, pues serían las más afectadas en el caso de que la minera continúe operando en el salar.
"CUMPLE A CABALIDAD LA LEGISLACIÓN"
"Entendemos que los vecinos de Peine están ejerciendo su legítimo derecho ante la ley y como empresa cooperaremos con todos los requerimientos que nos haga la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para el correcto desarrollo de su investigación. Sin embargo, rechazamos tajantemente la acusación de que nuestros permisos para operar no están vigentes, pues contamos con todos los respaldos legales para acreditar que Minera Zaldívar cumple a cabalidad lo exigido por nuestra legislación", comunicó por su parte Minera Zaldívar.
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Publicado el 14 de septiembre de 2018
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