La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sorprendió el martes al divulgar una esperada formulación de cargos a ejecutivos claves de SQM y sus sociedades controladoras. Según el regulador, Julio Ponce Lerou y otros tres profesionales de su círculo cercano: Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon habrían infringido la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas, a través de conductas que los exponen a millonarias multas y a penas de hasta 10 años.
La SVS informó ese día “la presunta responsabilidad de los involucrados en diversas operaciones realizadas de modo recurrente y coincidente, durante los años 2009, 2010 y 2011, que permiten presumir la existencia de un esquema consistente principalmente en transacciones bursátiles con los títulos de Calichera A, Oro Blanco y SQM”.
El organismo acusó que existía un esquema para ejecutar operaciones de inversión y financiamiento que permitió, en palabras sencillas, lo siguiente: sociedades de Julio Ponce compraron a las matrices de SQM acciones a valores bajo el precio de mercado. Más tarde, Ponce las vendía, a las mismas sociedades, a precios sobre mercado. La SVS tiene seis meses para decidir si transforma los cargos en sanciones o absuelve a los acusados. Y Ponce, que no ha sido interrogado aún por la SVS, ya prepara su defensa (ver entrevista en páginas 6 y 7).
1 Más de un año en la mira
La acción de la SVS era ansiada por los minoritarios. El regulador venía al menos desde comienzos de 2012 mirando de cerca a la minera controlada por Ponce y a sus sociedades relacionadas. En abril del año pasado, el organismo dio 10 días a Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios de Chile para revisar y reenviar sus estados financieros. Las sociedades debían revertir “el efecto contable de transacciones a las que se les dio un tratamiento que implicó una revalorización de parte de sus inversiones accionarias en SQM-A, con un efecto en resultados de aproximadamente US$ 235 millones”, dijo la SVS entonces. El organismo afirmó que esas transacciones entre partes relacionadas no debieron haber generado una revalorización en sus activos ni efectos en los resultados en las respectivas compañías. Esas operaciones cuestionadas, realizadas con la intermediación de Linzor Capital, dieron origen a una querella que hoy se tramita en el Ministerio Público. En septiembre de 2012, el minoritario Roberto Lobos presentó en la Fiscalía de Las Condes una querella contra quienes resulten responsables de efectuar transacciones ficticias con títulos relacionados con SQM. Ese caso está en manos del fiscal Felipe Díaz.
El caso, a nivel público, explotó pocos meses después. Fue el 31 de julio de 2012, en la junta de accionistas de Oro Blanco, cuando el socio de Moneda Asset Management (accionista de las cascadas de SQM), Pablo Echeverría, tomó la palabra para cuestionar la gestión de la compañía y manifestar “serios reparos” respecto de operaciones realizadas el 2011 y en ejercicios anteriores.
Moneda ilustró sus críticas con un caso concreto: el 29 de marzo de 2011, Oro Blanco vendió títulos de Calichera-A a Inversiones SQ, de Julio Ponce, a $ 726 por papel, con un 9,3% de descuento respecto del cierre de ese día. Meses más tarde, entre el 4 y el 7 de noviembre, Inversiones SQ vendió acciones de Calichera a Potasios, en $ 1.065 por acción, con un premio de 11,5%. Inversiones SQ ganó $ 39.707 millones, informó Moneda. Al reclamo de Moneda se unieron varias AFP que pidieron a la SVS investigar las transacciones.
Moneda amplió más tarde sus denuncias -ha cifrado en US$ 6.400 millones las operaciones relacionadas en las que ha participado Ponce- y, en respuesta, el controlador de SQM se querelló en su contra.
Los minoritarios protestaban en privado por la demora de la SVS. Fernando Coloma decidió firmar las formulaciones de cargos el 6 de septiembre. La fecha tuvo dos efectos: se notificó el lunes 9 y se comunicó el martes 10, un día antes de que Coloma expusiera en el Chile Day, en Londres. El segundo es que se reservó la decisión final y no la legó a su sucesor: debe decidir la sanción máximo en seis meses. Ese plazo se cumple el 6 de marzo de 2014.
2 Un caso complejo
El copioso texto de formulación de cargos, con más de 330 páginas para Julio Ponce, es inédito en relación a casos anteriores. La formalización que el mismo Coloma firmó contra Pablo Alcalde por el caso La Polar el 13 de julio de 2012 tenía 21 páginas. “La superintendencia puede actuar con mayor rapidez, pero estas son operaciones sumamente complejas y es complicado recabar información”, dice el director del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile, Dieter Linneberg.
El director de empresas y gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Fernando Alvear, dice que “ya han pasado algunos meses en los que ha habido cuestionamientos en este caso y la SVS ha tenido sus razones para demorarse. La buena señal es que el regulador está atento y vigilante, porque el mercado requiere transparencia para funcionar”.
SQM es una de las pocas empresas en Chile con propiedad diluida: su controlador no puede por estatutos ejercer derechos por más del 32% de las acciones. Ponce la controla con una compleja estructura que parte públicamente en Inversiones SQYA, sigue en Oro Blanco, continúa en Norte Grande y Pampa Calichera y termina en SQM, la minera no metálica valorada en más de US$ 8.000 millones. Dieter Linneberg explica que, en este caso, las sociedades cascadas hacían negocios financieros que no se separaban del negocio productivo y que “cuando se mezclan transacciones entre partes relacionadas que no se declaran como tal, hay grandes posibilidades de extraer riqueza de los minoritarios”.
El director de empresas Luis Hernán Paúl advierte también que las múltiples aristas de este asunto podrían dejar en evidencia posibles falencias en la regulación. “A priori, veo que la regulación de Chile en cuanto a transacciones entre partes relacionadas es bastante avanzada, pero hay que entender este caso y ver si es necesario algún ajuste”.
Dado el tiempo transcurrido, muchos pensaron que la SVS no se pronunciaría ya sobre el caso SQM. Tras conocer la dimensión de la investigación de la SVS, y algunos de sus detalles, minoritarios y directores de empresas justifican la tardanza y la meticulosidad del organismo.
3 Las turbulentas cascadas
La disputa entre minoritarios y su controlador dejó en el centro de la discusión el esquema de control de SQM. Coloma dijo que estas fórmulas no existen en otros países y dan “espacio a situaciones que pueden ser controvertibles”. “Las sociedades cascada no son malas per se, porque permiten al controlador aumentar el leverage para invertir en más negocios y diversificar el riesgo. No obstante, en este caso, había una sola empresa con chimenea, que es SQM, y las empresas cascada permitían al controlador levantar capital para controlar la sociedad aguas abajo”, opina Linneberg.
Para Pedro Pellegrini, abogado y director de empresas (entre ellas la sociedad cascada Nitratos desde hace un par de meses), “hay compañías que tienen un sistema de cascada y que no presentan problemas si tienen un buen gobierno corporativo. Lo importante es que las cascadas tengan algún fundamento más allá del papel”, afirma.
Un director de empresas dice que hay literatura que valora estos esquemas y textos que critican su existencia si las sociedades sólo existen en el papel y buscan lograr el control diluyendo la estructura accionaria.
4 Tiempo de espera
Los profesionales acusados por la SVS están abocados hoy a preparar sus descargos. La ley otorga 20 días para responder los cargos que le levantó el regulador y la SVS tiene seis meses para sancionar o exculpar. Su ley orgánica de la SVS establece sanciones de hasta UF 15.000, pero, cuando las operaciones cuestionadas son de mayor envergadura, permite multar a los responsables con hasta 30% del valor de la transacción irregular. La única vez que ello ocurrió fue en el caso Chispas, con multas que en 1997 ascendieron a 2,5 millones de UF (más de US$ 110 millones actuales) a siete ex ejecutivos de Enersis por su rol en la venta del holding.
Una vez que la SVS se pronuncie, las impugnaciones posteriores se realizan ante la justicia y pueden tardar años. El caso Chispas se inició en 1997 y la Suprema falló en 2005.
A los cuatro acusados actuales se podrían sumar otros. Coloma dijo que los cargos contra Ponce y sus cercanos forman parte de una primera etapa de la investigación y que continúa analizando hechos que pueden involucrar a otras personas y entidades. Incluso, puso al caso La Polar como ejemplo de la operatoria de la SVS. En esa ocasión, primero se formularon cargos contra los directores, luego contra ejecutivos principales y luego a la auditora y las clasificadoras de riesgo. En el caso actual, algunos accionistas apuestan que la mira de la SVS se dirigirá hacia varias corredoras.
5 Aumentos de capital
Mientras los ejecutivos de SQM preparan sus descargos y definen sus estrategias ante una eventual arista penal, el grupo tiene pendientes definiciones claves. Sobre todo, dado su complejo escenario tras el quiebre de un cartel del potasio a fines de julio, que desplomó las acciones del grupo y debilitó la posición financiera de las empresas de la cascada.
Para el 11 de octubre están citadas juntas de accionistas de Norte Grande y Oro Blanco para aprobar aumentos de capital por US$ 92 millones y US$ 120 millones, respectivamente. Oro Blanco necesita recursos para pagar un bono por US$ 100 millones en 2014. Los minoritarios se oponen a esa reunión y pidieron a la SVS suspenderlas. Pellegrini también cuestiona esas operaciones. “Es preocupante que se llame a operaciones de aumento de capital en estas circunstancias, en que además los estados financieros están cuestionados”, señala.
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Publicado el 15 de septiembre de 2013
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