Gonzalo Jiménez: Tianqi – SQM: La renuncia del Estado

La inminente entrada de Tianqi al directorio de SQM ha sido tomada con indiferencia y hasta liviandad por algunas de nuestras autoridades, al parecer aún poco familiarizadas con el rol de estadistas que la sociedad espera de ellas. La principal competidora -y compradora- de la chilena, en otras palabras, entra a la propiedad de la segunda. Entre ambas controlan poco más del 70% de la producción de litio del mundo ¿Estamos hablando de un cartel?

Con el pronunciamiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se confirma la falta de una disposición clara de las autoridades para imponer algo de cordura a una operación que podría significar que, en cosa de unos años, las decisiones sobre la extracción del litio desde el Salar de Atacama se tomen en oficinas corporativas en Beijing. Todo está pasando frente a nuestros ojos y nadie parece darle la urgencia que tiene.

¿Cuál es la estrategia concreta de desarrollo a la que Chile está apostando con la explotación del litio? ¿Podemos entregar este recurso 100% a los vaivenes del mercado? ¿Cómo estamos controlando este bien nacional?

Hasta ahora, la discusión ha estado en trivialidades, sin que se planteen los verdaderos desafíos institucionales de esta negociación entre SQM y la gigante china. La propiedad del 24% de SQM abre las puertas a Tianqi para participar no sólo en la industria del llamado oro blanco. Parte relevante de las utilidades de la minera chilena proviene del potasio, mineral que también explota la estadounidense Albermale, que entra a jugar en esta participación cruzada en el Salar de Atacama.

Algunas preguntas que no veo que nuestras autoridades estén respondiendo, de cara a todos los chilenos y chilenas: ¿Cuál es la estrategia concreta de desarrollo a la que Chile está apostando con la explotación del litio? ¿Podemos entregar este recurso 100% a los vaivenes del mercado? ¿Cómo estamos controlando este bien nacional? Y, más fundamental aún, ¿cuál es la institucionalidad que conducirá los destinos de la industria del litio? En este último aspecto, el Estado por sí solo se queda corto, porque estamos ante una industria que requiere fuertes grados de inversión, innovación, investigación y una serie de condicionantes que demandan un esfuerzo multidisciplinario y multiestamental. En este debate, el Estado chileno aparece renunciando al rol que le compete: liderar este proceso de marketcraft, que muy bien describen algunos como Steven Vogel. Los mercados rara vez surgen espontáneamente. Tampoco evolucionan de manera predeterminada, tendiendo hacia la teórica competencia perfecta de los libros de economía; los desarrollan las personas, las empresas y, especialmente, los gobiernos, los Estados, que cumplen una tarea esencial de promover, desarrollar, monitorear y regular -en otras palabras, “gobernar”- esos mercados de manera efectiva; más aún si se trata de industrias estratégicas como la del litio, donde otro gigante, India, ya ha evidenciado su alto interés por aportar su know how y maquinarias en Chile para alimentar su enorme industria automotriz.

Vogel dice que en las sociedades modernas no existe en ningún lugar del mundo el mercado completamente libre; con excepción quizás de nuestra “copia feliz del Edén” que insiste en emularlos. Los mercados son instituciones y los mercados contemporáneos están fuertemente regulados, incluyendo a Estados Unidos y Japón, que son dos casos que el Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Berkeley, California, examina en detalle en su libro Market Craft: how governments make markets work. Las empresas, el mercado, necesitan que los gobiernos funcionen. Mientras más compleja la economía, más herramientas políticas igualmente complejas deben impulsar los Estados para cumplir con este rol.

No se trata de chauvinismos trasnochados. El Estado chileno no puede permitir que el litio quede a la mano de un rival-comprador. Entre otros aspectos, el polémico contrato entre Corfo y SQM, suscrito bajo gestión de Eduardo Bitrán, quien se opuso tenazmente a la entrada de Tianqi a SQM, desconoce lo propuesto en 2014 por la Comisión Nacional del Litio, que propicia el desarrollo de la explotación del mineral en todos los salares y en particular en el Salar de Atacama, mediante la creación de una Empresa Nacional del Litio. Por el contrario, Corfo entrega la explotación, al igual que los mecanismos para concretarla, dejando fuera procesos más regulados, como una serie de licitaciones –por parte del Estado e integrando a la explotación a empresas privadas; o la creación de una alianza público-privadas– y en vez de eso, permitiendo a la minera chilena determinar las cuotas de producción y comercialización que acuerde con terceros, lo que a su vez expone al país a una pérdida evidente de la oportunidad de ejercer un apropiado marketcraft sobre el desarrollo de esta industria de impacto y alcance global con el acuerdo de participación de Tianqi.

Las aristas que surgen de estos antecedentes son múltiples y abren un abanico de posibilidades de acción conjunta de ambas empresas que exigirían, también, similar cantidad de herramientas de governance -oportunas, esperemos- por parte del Estado chileno para garantizar que los beneficios y las proyecciones enormes de la industria del litio queden en Chile y favorezcan nuestro desarrollo económico y social; pero incluso también político, al poner en juego intereses financieros, geopolíticos y estratégicos de tal magnitud que podrían fácilmente desestabilizar nuestra vulnerable institucionalidad -tal como lo hizo por décadas SQM al convertirse en un nefasto poder fáctico de la política nacional. Ahí está el grave problema: mientras los contratos avanzaron ampliando sus tentáculos hacia ámbitos muy diversos, dejando libre acción a SQM y Tianqi frente al lucrativo negocio, el Estado chileno, amparado en una filosofía de laissez faire ha abdicado su rol, tomando palco y no ha sido capaz de tomar las medidas que permitan el adecuado marketcraft que el país requiere para su efectivo desarrollo, soberanía y prosperidad.

En medio de este contexto, tiene mucho sentido cuestionar las livianas condiciones establecidas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ante un tema tan sensible, que afectará la institucionalidad del litio chileno. Marketcraft es lo que hace falta en este terreno de parte de las autoridades económicas. Y si no se hacen cargo, el Tribunal Constitucional es la carta natural a jugar.