El 17 de enero pasado, en las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet, en medio de la visita del papa Francisco a Chile y en los prolegómenos de las vacaciones de verano, Corfo anunció el acuerdo suscrito entre la entidad estatal y SQM, la empresa del litio controlada por el inefable Julio Ponce Lerou desde los albores de la dictadura con el beneplácito de su entonces suegro, Augusto Pinochet.
El acuerdo, que fue difundido bajo el peso de una agenda informativa copada por el viaje de Francisco y los abusos sexuales de la iglesia católica, fue anunciado como un “éxito” por Eduardo Bitrán, en aquellos días el saliente vicepresidente ejecutivo de la Corfo. Un pacto, que, dijo, clausuraba “un capítulo extenso de disputa y negociaciones entre ambas entidades”.
Qué consideraba aquel pacto. Por un lado, Bitran anunciaba que Ponce Lerou salía del control de SQM a través de un cambio en el gobierno corporativo de la sociedad minera del litio, en tanto Corfo aumentaba los precios del contrato de arriendo de los yacimientos mineros que le entrega a SQM, el que se igualaba al contrato con la otra empresa minera del litio, Albemarle, además de establecer los derechos de Corfo como propietario de los yacimientos, entre otros aspectos. Junto a ello, la Corporación destacaba que había logrado un acuerdo de expansión de la oferta de litio con SQM y Albemarle, lo que “permitirá que Chile mantenga el liderazgo mundial en el litio, con una partición de mercado superior al 45%. Ambos acuerdos implican entre el 2017 y 2030 ingresos adicionales para el Estado y las comunidades de alrededor de US$ 12 mil millones”.
El litio en manos del Estado
El acuerdo, que pasó sin mayores comentarios en la prensa especializada y hegemónica, sólo tuvo algunas críticas desde organizaciones territoriales, especialistas independientes y algunos parlamentarios, para quienes el litio es y debe ser un recurso estratégico no consesionable que debe ser explotado por el Estado chileno.
Durante los días que siguieron al anuncio del contrato comunidades de Atacama agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños impugnaron el texto en cuanto se le entregaba la explotación de litio a SQM hasta el año 2030 y le permitirá extraer 180.000 toneladas adicionales. En el camino, dijeron, se deja en nada el juicio arbitral que buscaba terminar con el contrato de arriendo de los salares por los múltiples incumplimientos contractuales de SQM. Soquimich podrá ampliar su capacidad de explotación en el Salar de Atacama previa inversión de mil millones de dólares.
El economista Julián Alcayaga, presidente de la ONG Chile-Cobre, presentó en aquellos días de enero pasado ante la Contraloría un recurso de “no toma de razón”. Alcayaga basaba su presentación tanto en el Código de Minería, la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y la misma Constitución de 1980 que establecen que el litio es “inconcedible” por ser un recurso estratégico. Una condición que con el paso de los años y el peso de la cultura neoliberal, bien sabemos, pasó al olvido. No sólo Pinochet se saltó esta declaración sino lo hizo la Concertación desde su primer gobierno.
A pocos meses de suscrito este acuerdo, hay un punto que debiera ser motivo de escándalo. Julio Ponce Lerou se comprometía a salir del control de SQM, un acuerdo que en los hechos parece no estar cumpliendo. A comienzos de septiembre apareció tras la campana de la Bolsa de Nueva York celebrando los 25 años de los ADR de SQM y durante las últimas semanas es portada en toda la prensa al haber impugnado el acuerdo de la venta de las acciones que tiene Nutrien en SQM al conglomerado chino del litio Tianqi. Ponce sigue como actor líder en el control del litio chileno. Pese a su prontuario, sigue como un intocable de la economía y la política nacional.
La batalla de Alcayaga no ha finalizado. A comienzos de septiembre las diputadas del Frente Amplio Claudia Mix, Gael Yeomans y Camila Rojas, junto al Partido Poder Ciudadano representado por su presidenta Karina Olivos, presentaron una acción constitucional de nulidad del acuerdo patrocinada por los abogados Julián Alcayaga e Inti Salamanca. La acción judicial se sostiene en cuanto el contrato infringe la misma constitución de la República en distintas normas que establecen al litio como sustancia no concedible, y que solo puede ser explotada por el Estado, o mediante concesiones administrativas o contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo.
La prensa hegemónica, afín y parte del modelo de mercado, ha omitido esta presentación judicial; no así, las partes involucradas. No solo Corfo, sino también SQM, han respondido a las diputadas a través de los tribunales, liberando antecedentes que confirman las sospechas de las comunidades y los especialistas independientes. El acuerdo de enero pasado favorece a la empresa de Ponce Lerou y consolida el modelo extractivista en su versión neoliberal promovido por los diferentes gobiernos de las últimas décadas.
En una carta al juez Alejandro Madrid, Corfo argumenta que el magistrado no tiene competencia para ver este caso. Por tanto, solicita que ha de abstenerse “de continuar conociendo la demanda presentada el 6 de septiembre de 2018 por doña Claudia Nathalie Mix Jiménez, doña Gael Fernanda Yeomans Araya, doña Camila Ruslay Rojas Valderrama y el Partido Poder Ciudadano, remitiendo los antecedentes al juez civil que resulte competente luego de la aplicación de las normas generales de competencia”.
La intervención de SQM en tribunales es sorpresiva en cuanto la demanda de las diputadas del Frente Amplio es solo contra Corfo. La minera solicita a la Corte de Apelaciones de Santiago hacerse parte de la causa como tercero independiente en cuanto “poseemos intereses en los resultados” del proceso y solicita impugnar “íntegra y totalmente los fundamentos de la demanda”
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Publicado el 12 de octubre de 2018
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