En 2006, la alcaldesa de la época en San Pedro de Atacama, Sandra Berna, hizo entrega de lotes de terrenos a 320 familias del poblado para que construyeran sus viviendas, levantándose así la población Lickanantai, que se ubica al norte de dicho poblado.
Tras la entrega, se determinó que el terreno gratuito sería sólo para 220 familias, a quienes posteriormente se les otorgaron sus correspondientes títulos de dominio. Las 100 familias restantes registraban otras propiedades a su nombre, por lo que no les correspondía una cesión gratuita.
Ello no significó que el municipio les quitara los terrenos cedidos, puesto que la ley determina que en estos casos las personas deberán pagar un monto en dinero por el terreno entregado, más los gastos en el conservador de Bienes Raíces, para así obtener el título de dominio.
Un trámite que a simple vista, parece fácil de zanjar, pero que sin embargo en este caso no es así, puesto que ya han pasado 12 años sin que estas personas puedan regularizar su situación y poder obtener dicho título de dominio.
Juan Carlos Pereira, es el representante de este grupo de vecinos y manifiesta que han sido años de trámites y consultas en el municipio y otras instituciones para poder regularizar sus propiedades y que nada de ello ha rendido fruto.
Agrega que el no contar con este documento les ha generado una serie de inconvenientes como por ejemplo, no poder optar a créditos o las patentes comerciales en aquellas personas que tienen algún emprendimiento.
Burocracia
La principal traba a la que alude Pereira en este conflicto es que, durante los dos últimos años, el municipio no se pone de acuerdo para definir el monto que deben cancelar estos propietarios para poder obtener el título de dominio.
Cuenta que en diciembre de 2017, él acudió al municipio a hacer las consultas y que en una reunión que tuvo con el encargado del programa de vivienda del municipio, Salvador Reyes, se le informó que se estableció que cada propietario debía cancelar entre $500 mil y $600 mil, dineros que financiarían los trámites en el conservador más un valor por el terreno.
En esa oportunidad también se les dijo que todo el proceso comenzaría en marzo de este año. Sin embargo, cuando los vecinos fueron en esa fecha, las condiciones cambiaron.
Les dijeron que se había encontrado un acuerdo del concejo municipal anterior, del período de Sandra Berna. "En ese acuerdo aparecía que se iba a cobrar el 50% del avalúo fiscal y que se tenía que pagar en tres cuotas y se daba el acuerdo", detalló el representante de los vecinos.
Fue en ese momento que comenzaron las inconsistencias y dudas para los vecinos.
"Llegué a la casa y empecé a revisar y lo que encontré fue que el avalúo fiscal estaba más o menos en $ 7 millones 200 mil y al calcular el 50% son $3 millones 600 y ahí ya nos produjo por lo menos a mi, la primera duda porque eso significaba que entre las 100 familias íbamos a terminar pagando al municipio $360 millones de pesos", dijo Pereira.
Sin embargo esto no fue la solución definitiva, pues en mayo fue nuevamente a consultar a la municipalidad y ahí le informaron que el acuerdo anterior tampoco corría y que ahora se estaba estudiando que los vecinos deberían pagar el total del avalúo fiscal, monto que se duplicaría para aquellas personas que poseen algún negocio en dicho sector.
"Fue en ese momento que surgió el tema de organizarnos para poder enfrentar esta situación, porque indudablemente vemos que hay muy poca seriedad en el tratamiento del tema. Nos dicen primero un monto, después ese monto cambia, se modifica aumenta, después vuelve a aumentar", explica Juan Carlos Pereira.
El vecino dice que ellos lo único que quieren es regularizar, pero que quieren que el precio a pagar sea el justo y lo complementa diciendo que, según se consigna en la inscripción del terreno en el conservador de Bienes Raíces en Calama, el monto que pagó el municipio por la compraventa del sector fue de solo $3 millones 720 mil 664, documento que el municipio envío a la Contraloría para hacer las consultas.
Sin embargo dice que el municipio alude a la resolución N°41 de enero de 2010 de Bienes Nacionales en el que consigna que el valor de dicho terreno es de $81 millones 86 mil 199.
"El municipio por un lado a nosotros nos informa que la compra fue de $81 millones de y a la Contraloría le manda un documento en donde aparece un valor de $3 millones 720 mil, usted entenderá que la diferencia no es menor, es bastante disímil", sentencia.
Municipio
A través del ordinario N°840 de julio de este año, el alcalde de San Pedro de Atacama, Aliro Catur le informó a los vecinos sobre esta situación.
En el documento indica que ellos "no buscan lucrar con la venta de estos terrenos, sino que se trata de resguardar el patrimonio municipal".
En relación a los valores del terreno, dice que "en diciembre de 2017, se informó a los vecinos, una idea que se encontraba en proceso de análisis por parte del equipo municipal, lamentablemente por una descoordinación interna ese monto fue informado por el encargado de Vivienda , pero se debió rechazar por estar fuera del alcance legal".
Dice también que por ningún motivo lo que se busca con este cobro es "recuperar los recursos gastados, sino que refiere a un procedimiento que emana de la normativa legal vigente".
Pereira dice que hasta el momento este oficio es la única respuesta que han obtenido desde el municipio, pese a que ellos han organizado reuniones con el concejo, al que sólo asistieron dos concejalas.
Mañana lunes en tanto, ingresarán una carta invitando al alcalde de la comuna y al concejo a formar una mesa tripartita para poder encontrar soluciones a este problema que se arrastra desde 2006. "Si no se toma una decisión pronta, vamos a tener que buscar otros caminos y alternativas y dentro de esos estaría como último recurso por el lado nuestro, contratar un abogado e interponer una demanda, esperamos no llegar a eso", finalizó Juan Carlos Pereira.
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Publicado el 11 de noviembre de 2018
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