"Si se materializa el acuerdo con SQM podemos catalogarlo como un Estado corrupto, porque no hay otra forma de entender que el Fisco le entregue este negocio tan suculento a una empresa que ha cometido todos los delitos imaginados", sostiene el parlamentario.
El acuerdo entre Corfo y SQM, que entrega la explotación de litio hasta 2030 a la cuestionada empresa del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, sigue generando ruidos subterráneos y una oposición creciente por validar a una de las compañías protagonistas de los escándalos de corrupción de los últimos años.
Desde que durante la semana pasada se diera a conocer el acuerdo, organizaciones sociales y políticas han desarrollado una serie de manifestaciones contra el convenio. De hecho, el lunes la marcha convocada por el Movimiento Litio para Chile fue duramente reprimida en el centro de Santiago por las Fuerzas Especiales de Carabineros.
El diputado por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, ha sido uno de los impulsores de las demandas de recuperación del mineral no metálico y uno de los rostros más críticos del acuerdo realizado por Corfo. En entrevista con El Ciudadano, el parlamentario sostiene que los detalles de este convenio “aún no son conocidos por la ciudadanía, y el Parlamento se encuentra en receso legislativo, por lo que se dio entre gallos y medianoche”.
“Lo escandaloso es que la condena no solo no se materializa, sino que pagan una multa y, además, reciben un premio con la explotación del litio, validando la corrupción”, advierte el congresista.
Aún no quedan claras las razones del acuerdo entre Corfo y SQM. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Claramente aquí se optó por el camino de la privatización del litio y se desechó totalmente que una empresa estatal se hiciera cargo de la explotación del mineral. Es una decisión política que privilegia a SQM, lo que es sumamente grave considerando la serie de casos de corrupción en los que se ha visto involucrada. Los detalles de este acuerdo aún no son conocidos por la ciudadanía, y el Parlamento se encuentra en receso legislativo, por lo que este convenio se dio entre gallos y medianoche.
¿Suena planificado?
Luego de los resultados de segunda vuelta se desató una decisión política en Corfo que permitiera buscar el acuerdo con SQM a cualquier precio y, evidentemente, se usaron todos los mecanismos, de forma arbitraria y sin ninguna posibilidad de consulta por parte de la ciudadanía, sin ningún estándar de transparencia. Cabe preguntarse por qué este mineral estratégico no es usado en beneficio del país, pero sí en favor de una empresa corrupta.
Este acuerdo contradice el mandato de la presidenta Bachelet a la Comisión Asesora sobre la soberanía de los recursos estratégicos; e incluso la Constitución plantea lo mismo. ¿Este acuerdo es abiertamente ilegal?
Efectivamente este acuerdo va en contra del mandato y las conclusiones de la Comisión Nacional sobre la Gobernanza de los Salares; va en contra de la propia demanda interpuesta por Corfo contra SQM. Esta decisión es contradictoria con toda la política desarrollada durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Es evidente que aquí está el interés de beneficiar a una empresa, de que sea explotado por privados.
¿Un anticipo de los cuatro años que vienen?
Es una señal negativa, pero vamos a dar la pelea para que este acuerdo no se materialice, ponerle todos los obstáculos legales y políticos. Hay un recurso en Contraloría, está la demanda de los pueblos originarios por el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT y hay motivaciones políticas que pueden evitar su concreción. No está dicha la última palabra.
¿Hay alguna estrategia legislativa para frenar este proyecto, una comisión investigadora, por ejemplo?
Lo más pertinente es una comisión investigadora que revise el acuerdo y que le dé a conocer a la ciudadanía los detalles y sus graves consecuencias, que nos van a permitir frenarlo y revertirlo. Este es un acuerdo de la vergüenza.
¿Dónde se sostiene el poder de Ponce Lerou, a pesar de todos los cuestionamientos?
Esto es parte de algo que todos conocemos: la justicia en Chile es clasista. Cuando un rico hace una estafa o comete un delito, paga una multa. Cuando un pobre comete un delito, paga las penas en la cárcel; por lo tanto, para los delincuentes de cuello y corbata como Ponce Lerou o Moreira, las condenas no se materializan. En este caso, lo escandaloso es que la condena solo no se materializa, sino que pagan una multa y además reciben un premio con la explotación del litio, validando la corrupción. Esto es un precedente de que el delito es una forma de realizar negocios en Chile y eso en cualquier parte del mundo sería inaceptable.
¿Hoy Chile tiene un Estado corrupto?
Si se materializa el acuerdo con SQM podemos catalogarlo como un Estado corrupto, porque no hay otra forma de entender que el Fisco le entregue este negocio tan suculento a una empresa que ha cometido todos los delitos imaginados.
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Publicado el 02 de febrero de 2018
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