Las democracias neoextractivistas, generalmente periféricas como la nuestra, no sólo supeditan sus recursos naturales a la explotación nacional e internacional, sino que también las regulaciones que permiten el ‘saqueo’, como indican algunos activistas y académicos, las que van desde las ambientales y laborales, entre otras, pasando por tributarias como el royalty.
Columna por Jose Orellana
Académico Escuela de Ciencia Política y RR. II. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA, USACH.
Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, y la senadora PS Isabel Allende tienen razón. Muy probablemente el acuerdo al que llegó CORFO con SQM de aquí al 2030 es uno de los mejores a los que pudo concurrir el Estado Chileno con una empresa, que más allá de cualquier reproche ético y político por el financiamiento irregular que hizo a la política nacional, logró la ventaja del contrato.
La ventaja de lo sublime en un Estado de Derecho que Chile respeta a raja tabla y de manera adecuada. De hecho, parte de las singularidades del modelo de desarrollo chileno es el respeto a los contratos. Desde esa perspectiva está construido el sistema de concesiones de saneamiento básico del recurso hídrico, la conectividad y carreteras, el transporte público, la infraestructura portuaria, la minería del cobre explotada mayoritariamente por empresas trasnacionales, la impopular concesión de los recursos marinos a 7 familias prominentes del rubro.
Qué decir con educación, salud y las pensiones. La lista es larga.
Chile, a partir de su definición de desarrollo, secundado por un pacto social y político consolidado (sin perjuicio de algunas relativizaciones en materia de educación y reformas al sistema político) ha ido dilapidando sistemáticamente sus recursos naturales capitales a través de esta antigua fórmula. Como es sabido, esta práctica existe desde la colonia y los procesos de independencia de los Estados periféricos.
Por entonces se indicaba que las riquezas nacionales serían las que asegurarían el bienestar de sus poblaciones. Una promesa incumplida, que tan brillantemente explicaron las teorías Centro – Periferia y de la Dependencia.
Como es tan sabido, los diagnósticos de estas teorías incluyen recomendaciones que fracasaron y dieron pie a prácticas neoliberales propias de los mercados nacionales y globales, proyectando la desnacionalización de los servicios sociales y como objetivo estratégico, los recursos naturales de todo tipo.
En este orden de ideas, lo que hoy se observa con el litio, no es más que la aplicación de una política neoextractivista capitalista neoliberal que es capaz de sostener un sistema político democrático también neoextrativista, que a su vez es incapaz de lograr la capitalización en industria, procesos de innovación real y encadenamientos productivos genuinamente endógenos.
En principio, como ya lo indicaron las recetas de la CEPAL -derrotadas en un campo de disputa política, ideológica, económica y comercial- cabe preguntarse cómo por medio de nuevas reglas del mercado global se ajustan los comportamientos de los centros de poder clásicos respecto de las emergentes economías nacionales, permitiéndoles generar riqueza y desarrollo. Ello no ocurre, mientras el otrora diagnóstico cepalino parece vigente en lo grueso.
Mientras la chilenizacion y nacionalización del cobre se logró dentro de un pacto social y político que apuntó a la innovación, industrialización e integración regional latinoamericana, colocando al factor estatal como un eje de desarrollo económico, hoy la recuperación del litio, se da en un marco referencial internacional que determina pactos sociales y políticos como el chileno, donde prima el contrato con inmejorables condiciones favorables para la empresa privada nacional e internacional, con un Estado que se encuentra minimizado (¡cuando puede!) a la condición de mero árbitro, ya que existen arbitrajes desde organismos internacionales como la OMC y otros regionales, más validados que los nacionales.
Por defecto, entonces, las democracias neoextractivistas, generalmente periféricas como la nuestra, no sólo supeditan sus recursos naturales a la explotación nacional e internacional, sino que también las regulaciones que permiten el ‘saqueo’, como indican algunos activistas y académicos, las que van desde las ambientales y laborales, entre otras, pasando por tributarias como el royalty
No porque el vicepresidente ejecutivo de Corfo y la Senadora PS puedan tener razón en su afirmación, significa que esté bien. El dato en retrospectiva es un antecedente adicional que da cuenta de cómo el principio de soberanía nacional, cede otra vez al gran capital. El desafío es ¿cómo se sale de esta ecuación política institucional que goza de tan buena salud? Pareciera ser que entre otras posibilidades, por medio de la movilización social, la cual gradualmente debe crecer en número y sistematicidad respecto de estas perspectivas políticas y económicas.
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Publicado el 05 de febrero de 2018
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