El polémico cobro de ingreso a Cejar

Editorial del Mercurio de Calama

Envie este Recorte Version de impresion de este Reportaje Publicado el 05 de febrero de 2015 Visto 152 veces

Los inconvenientes suscitados por el alto cobro para ingresar a la laguna Céjar están lejos de resolverse, debido a la existencia de intereses que se superponen sobre un derecho consagrado que es e libre acceso a playas, riberas de ríos y lagos. Lo último es ley y debe respetarse a rajatabla, pero cuando se involucran aspectos como características del bien concesionado, administración de comunidades indígenas y preservación natural tiene que ser estudiado detenidamente para no incurrir en errores.

Se pensó que esto había sido visto, estudiado y zanjado con el convenio que firmaron las autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales y la comunidad de Sólor, que administra el sector de Céjar. No obstante, hasta hoy persisten diferencias, porque desde una vereda la autoridad ministerial dice que el acceso es gratuito y sólo sometido a una restricción de cantidad de visitas. Y desde el otro lado se defiende el acceso controlado previo pago de 15 mil pesos por el ingreso.

El cobro responde a la utilización de las instalaciones levantadas por la administración y que son necesarias para el mejor cuidado del sector.

Lo malo es que nadie puede salvarse del uso de alguna de las instalaciones, ya sea estacionamiento, baños, duchas, sombreaderos salvo que ingrese por breves instantes a tomar fotografías y todos los restantes deben cancelar los $15.000.

Eso es lo que ha generado molestia en los visitantes, porque al final de cuentas no se garantiza el acceso gratis a la ribera de la laguna y menos a sus aguas, como lo estipula la legislación. El derecho se ve vulnerado por una interpretación de la comunidad indígena sobre sitios concesionados y que junto con restringir el ingreso se busca proteger el ecosistema que se ha visto afectado por la masiva presencia de turistas que contaminan el agua al sumergirse con bloqueador o cremas, además de la basura.

Desde ese punto de vista se entiende la medida, pero se va en contra de un derecho que el gobierno insiste en hacer respetar, pero que se encuentra con trabas que sólo se resolverían si la laguna se declarara reserva natural. Allí ya no habría más cobro pero tampoco visitas.

 



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