Las comunidades indígenas que conforman el Consejo de Pueblos Atacameños iniciaron una serie de manifestaciones que buscaban un acercamiento con la Presidenta Michelle Bachelet para exponer el rechazo que les genera el preacuerdo entre Corfo y SQM, en cuanto a la explotación de litio en el salar.
Manifestaciones que lograron su objetivo puesto que según informó la presidenta del Consejo, Ana Ramos, la mandataria fijó un encuentro con ellos para mañana 6 de febrero en La Moneda.
“Nos llegó un mail confirmando que nos van a recibir el próximo martes a las 11 horas para ver como avanza el tema de nuestro petitorio, que de no ser favorable evaluaremos seguir manifestándonos”, comentó al respecto Ramos.
En esta reunión los representantes lickan tatai harían entrega a Bachelet 4 mil 500 firmas que logaron reunir, entre indígenas y turistas, en rechazo al acuerdo SQM-Corfo.
Bitrán
La presidenta del consejo, Ana Ramos, comentó que el vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, los contactó para reunirse, hecho que se concretó el pasado 5 de enero.
“En esa oportunidad nos contó a grandes rasgos lo que sucedía en el proceso de reconciliación entre Corfo y SQM, de las sociedades internas, de la actividad monopólica y también de las malas prácticas que había de la empresa, el cómo se habría apropiado de casi todo el Salar dejando encerradas las pertenencias de Corfo", comentó.
Asimismo, dijo que les expresó que este acuerdo "era la única salida que existía y después nos comenta que el tema no era tan malo, porque nosotros íbamos a ser partícipes de un recurso que iba a quedar estipulado en ese convenio y que bajaría a las comunidades a través de una fundación”.
Precisó que quedaron "impactados", porque "era hacer una alianza con un bandido y lo otro es que fue una reunión y a grandes rasgos y dijimos no, porque tenemos un acuerdo de asamblea que lo firmamos en mayo de 2017, en donde acordamos que no seríamos partícipes y no le facilitaríamos todo a las empresas”, dijo.
ACUERDO
Los asesores del Consejo revisaron el preacuerdo entre SQM y Corfo y la abogada Carolina Sagredo explicó los motivos que conllevan a que durante la semana hicieran una marcha cerrando el ingreso a San Pedro de Atacama, además del bloqueo de la ruta hacia el Salar de Atacama y la huelga de hambre que realizaron tres comuneros y que duró hasta el Sábado recién pasado.
“Hay varias razones, la primera es que a través de este contrato se entrega una nueva cuota de litio, por lo que es una intervención más al Salar el que se inserta en el territorio entendido como aquel espacio o hábitat que las comunidades atacameñas han ocupado ancestralmente, esto es anterior al advenimiento de las repúblicas tanto boliviana como de Chile", dijo.
En este contexto recalcó que “Son los dueños legítimos de ese espacio”, el que con el paso del tiempo ha sido escenario de la minería no metálica, “no respetando los derechos territoriales de las comunidades, siendo el más mínimo la consulta”.
Precisó que esta nueva cuota vendría asociada a un proyecto de ingeniería, el que debe ser aprobado por Corfo, “pero no se sabe dónde se localizaría, pero como ha sido a través del tiempo es probable que sea una nueva intervención en el Salar”.
En cuanto al tema ambiental, la abogada argumentó que tanto académicos como políticos, estos últimos a través de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados que emitió un informe en 2016, han concluido que es necesario realizar estudios en el Salar de Atacama, lo que implique conocer su situación y la cantidad de reservas de litio, que por el momento son desconocidos.
“La recomendación de ese informe es que no se pueden generar más de este tipo de contratos mientras no contemos con la información, sobre todo medioambiental. Ahora cada empresa tiene su propio modelo hidrogeológico, que es la principal herramienta de gestión para predecir los impactos", argumentó.
En este sentido, dijo que en el caso de SQM Salar S.A. su modelo es de 2006, cuando se hizo la evaluación ambiental y se triplicó su extracción de salmuera y agua salobre desde el borde este.
“Entonces tiene un modelo que es antiguo, el más actualizado de la cuenca es el que tiene Albemarle, que lo efectuó en 2016 y cuenta con un plan de verificación de efecto sinérgico y un nuevo modelo de balance hídrico, con datos que SQM no tiene", manifestó.
Asimismo, precisó que otro hecho que causa la molestia de las comunidades es que esta empresa está sancionada ambientalmente por la superintendencia de Medio Ambiente, teniendo dentro de sus faltas la alteración del plan de contingencia, que es el que alerta ante un cambio de las variables ambientales.
“Ellos lo alteraron y ahora están expuestos, incluso, a perder su permiso ambiental, porque esto está calificado con una sanción gravísima, además hay cinco faltas más graves, que van desde una multa hasta la revocación de la propia RCA", explicó Sagredo.
RSE
Dentro de este preconvenio existe una cláusula que se refiera a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que detalla que se entregará un aporte anual de entre 10 y 15 millones de dólares dependiendo del valor de la tonelada métrica de litio metálico equivalente.
“Esto fue rechazado unánimemente por el Consejo de Pueblos Atacameños como organización que reúne a a todas las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama”, recalcó la abogada.
En este marco, dijo que se impone un modelo para el aporte a las comunidades que “fue rechazado dado el historial ambiental y también por el financiamiento a la política”.
“Además es una vulneración flagrante al derecho de autodeterminación que tienen los pueblos indígenas de decidir sus prioridades de desarrollo. Aquí el Estado está imponiendo una forma de desarrollo y con una peligrosa forma, porque es a través de fundaciones por donde se canalizaría este dinero”, agregó.
Dijo que al actuar de esta manera está llevando a que se constituyan diversas fundaciones para recibir estos aportes, porque no dice como se va a repartir, “Sólo que el consejo directivo de Corfo decidirá a quién le da el dinero y bajo qué circunstancias, incluso si vamos más allá se puede crear un quiebre en el territorio al ser un incentivo perverso para la fragmentación de las comunidades”.
Respecto a si este acuerdo considera a todas las comunidades de Atacama La Grande o sólo las más cercanas a la cuenca, Carolina Sagredo dice que hay ciertas dudas, pues cuando se habla de aportes se refiere a que serán en beneficio de proyectos para todos, pero “luego señala que se crearán mesas de trabajo y que SQM está obligado atener un diálogo genuino con las comunidades y en ese párrafo sólo menciona a las aledañas”.
Además, argumentó que si bien se entiende que todas las comunidades son cercanas a la cuenca, como sostuvo reuniones con las más limítrofes, entonces les entra la duda si están tratando de separarlos del resto del territorio.
CONSULTA
Uno de los temas que han reclamado las comunidades es que no hubo una consulta, siendo que Chile ratificó el Convenio 169 de OIT que dice explícitamente que cuando existe una medida legislativa que los afecte debe hacerse este proceso.
“La consulta no es información, es una etapa intermedia entre el consentimiento y la mera información. Porque el objetivo final debe ser buscar la aprobación de los afectados y eso se logra a través de un diálogo intercultural genuino, de buena fe, con procedimientos apropiados. (...) Acá se vino a informar y con el fin de lograr un poco de esta cláusula de responsabilidad Social empresarial", afirmó
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Publicado el 05 de febrero de 2018
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