Fue justo una semana después del martes 2 de septiembre, cuando cerca de 40 ejecutivos de SQM se reunieron en la sala de conferencias que la minera tiene en el piso 6 de El Trovador. El subgerente general de la compañía, Patricio de Solminihac, convocó a la plana mayor luego de que se evidenciara una creciente inquietud que circulaba por los pasillos: hay quienes temen que la sanción de la SVS, que cayó sobre Julio Ponce (68), salpique la imagen de SQM.
“Estamos en una crisis y hay que enfrentarla”, indica una fuente relacionada. La reunión duró casi dos horas y el mensaje fue que SQM es independiente de las cascadas; que dentro de los multados no hay ninguno que integre el management de la firma y que ésta no haría una defensa corporativa a los sancionados. “Ellos se van a defender por su cuenta”, les aseguró entonces el ejecutivo.
Ese día, De Solminihac les dijo también que Ponce no iba a vender su parte de la empresa y que no dejaría la presidencia.
Tampoco lo haría la plana mayor de la firma. “Hay preocupación porque el éxito de SQM –que tiene 40 mil empleados y supera los 2 billones de dólares en ventas–, está en su management. Son parte del ADN de Soqui, si ellos se van, la empresa pierde el alma”, dice una persona cercana a la empresa. Aunque, agregan en la industria, “es complicado y desalentador trabajar con un presidente cuestionado de esta manera”.
El flanco PCS
Fue imposible evitarlo: la incertidumbre permeó al interior del directorio de SQM, que integran, además de los hermanos Ponce y Contesse Fica, Hernán Büchi, Wolf von Appen, Juan Antonio Guzmán, José María Eyzaguirre, Wayne Brownlee y Alejandro Montero, estos tres últimos representantes de Potash Corporation of Saskatchewan, los canadienses dueños del 32% de SQM y contra quienes Ponce batalló por el control de la empresa entre 2004 y 2007.
En el mercado se preguntan si ahora habrá un segundo round. “SQM está en posición vulnerable, lo que puede favorecer a PCS”, especulan en la industria. Con todo, quienes conocen a la canadiense dicen que aquella firma no está en posición confrontacional. “Si alguien quiere exigir alguna medida drástica, no será PCS. No pretende volver a pelearse con Ponce”, aseguran.
En todo caso, dicen algunos, la relación no pasa por su mejor momento. Aunque entre PCS y Ponce hay respeto mutuo, la tensión ha aumentado en los últimos meses. “El trato es cordial. No es que no se puedan ver, pero tampoco se invitan a comer”, comenta un cercano. Esto ha quedado en evidencia durante los últimos directorios: acostumbrados a hablar en inglés –para que Brownlee entienda–, en las últimas sesiones ha predominado el español. Pese a eso, cercanos a Ponce, aseguran que el ejecutivo de PCS escribió un mail al empresario post fallo para darle su total respaldo. Lo mismo habrían hecho José María Eyzaguirre y Alejandro Montero vía telefónica. “La idea, más que apoyar, fue dar un gesto de cercanía”, dicen cercanos a PCS.
Con todo, a PCS tampoco le conviene que la sanción de la SVS empañe la buena imagen que SQM se ha ganado en todo el mundo. Por ello, por el momento, han optado por el statu quo. En paralelo, la administración ha debido atender las dudas que se han generado a nivel internacional: SQM tiene oficinas comerciales en más de 20 países y clientes en Europa, América, Asia y Oceanía.
El mismo Ponce ha dicho a sus colaboradores que teme que el caso afecte, indirectamente, a SQM. Pero, pese a que las caras largas que han deambulado por la compañía durante las últimas semanas, en SQM intentan crear un ambiente festivo: la semana pasada la gerencia de recursos humanos instaló en la recepción de los pisos que integran la firma guirnaldas blancas, rojas y azules, para celebrar las Fiestas Patrias.
La estrategia
Como todos los días, Julio Ponce volvía de las caballerizas donde entrena salto durante la mañana, cuando recibió un llamado. Era un periodista que se había enterado de la multa de la SVS y lo llamaba para conocer su opinión. De inmediato, Ponce llamó a su abogado, Raimundo Labarca, quien minutos más tarde le confirmó que la SVS había fallado en su contra. “La SVS dio a conocer las sanciones”, le dijo entonces. Al poco rato, el jurista llegó hasta su despacho para analizar juntos las históricas multas que le fijó la entidad liderada por Carlos Pavez. También estuvo con él ese día el abogado Darío Calderón y Luis Eugenio Ponce, con quien conversó hasta las 8:00 pm, cuando partió a su casa.
Según cuenta uno de los que lo vio ese día, Ponce no se sorprendió: sabía que la sanción era inminente. “Eso sí, los 70 millones de dólares le parecieron excesivos”, indica un amigo. Con todo, sus cercanos aseguran que pudo ser peor. “La multa no lo mata. No es lo sufi cientemente alta como para que se vea obligado a vender parte de las cascadas y así arriesgar el control de SQM. Esto lo mantiene en el juego”, dice un abogado, quien asegura que con un castigo de 300 millones de dólares, como se rumoreó en un momento, “el escenario habría sido distinto”.
Aún así, el controlador de las cascadas no se quedará de brazos cruzados. Y la estrategia legal de Julio Ponce irá en la dirección anticipada por su abogado: cuestionar la resolución. Dicen que la SVS “borró con el codo” los elementos que estableció para la formulación de cargos hace un año. “Su cuestionamiento inicial hacia los precios de mercado fue dejado de lado. Ahora se imputa que se habrían vendido acciones a ciertas sociedades relacionadas con Ponce y esas acciones, con posterioridad, habrían sido vendidas a un precio superior. Ponce no se defendió de eso porque ése no era el cargo”, indican cercanos a Labarca.
Sin ir más lejos, la defensa ya puso en marcha su plan de acción en la parte civil: la primera medida fue presentar un recurso de reposición a la SVS, para que reconsidere su dictamen. La segunda, consiste en un recurso de reclamación de multa ante tribunales civiles, previa consignación del 25% de la multa en la Tesorería General de la República, dentro de los 10 días hábiles des-de su notificación, a lo que seguirán revisiones en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. “El proceso puede durar varios años. Por ejemplo, el de La Polar lleva tres. Es probable que recién cerca del 2018 tendremos noticias del caso Cascadas”, dice un abogado de la plaza.
En paralelo, avanza la investigación penal. La Fiscalía Centro Norte, a través de su Unidad de Delitos de Alta Complejidad, dirigida por el fiscal José Morales, ya tiene en su poder el fallo de la SVS, la cual el pasado 4 de septiembre presentó una denuncia al Ministerio Público por las infracciones cometidas.
En todo caso, la investigación penal se vislumbra compleja. ¿Su principal escollo? Recabar pruebas para demostrar que hubo delito no es fácil: no hay información proveniente de computadores, como e-mails, porque éstos nunca fueron incautados. “Este caso estalló, en lo penal, en 2012, cuando el abogado Mauricio Daza se acercó a la Fiscalía Oriente a denunciar lo que hoy es conocido como la arista de los ex Linzor. Entonces, no se pidieron incautaciones. Y cuando llegó a manos de la Fiscalía Centro Norte, en
2013, ya habían pasado años y confrontacional. aquella diligencia era un sinsentido”, indica una persona que conoce el proceso.
Tensión en las cascadas
Al igual que todos los primeros jueves de cada mes, el 4 de septiembre, justo dos días después de la sanción de la SVS, hubo directorio de las sociedades cascadas. A pesar de que la sanción estaba en la cabeza de todos los concurrentes, el tema se trató escuetamente durante las sesiones –Ponce asistió a todas, menos a Oro Blanco–, que se extendieron a lo largo de ese día: el asunto no estaba en tabla. Por lo mismo, en algunas sociedades hubo directores independientes que pidieron agregar una nota en el acta, donde se hiciera mención de la resolución de la fiscalizadora. Otros, por su parte, exigieron una sesión extraordinaria para tratar el caso en extenso. “Los directorios no duran más de 20 minutos. Y ese día no fue la excepción”, dice uno de los presentes.
El más duro fue Rodrigo Zegers, quien, a través de una carta, pidió abiertamente la renuncia de Ponce y de los involucrados en el caso. Un director de otra sociedad coincide. “Debieran salir los cuestionados para evitar daño reputacional. Además, los aludidos van a tener que dedicar mucho tiempo a la defensa, y les será difícil estar al día en los temas que nos convocan”. Gonzalo Guerrero, de Oro Blanco, difiere: “El proceso tiene aún pendiente las etapas judiciales, que pueden durar varios años y revertir la sanción impuesta”.
Francisco Gutiérrez ha sido uno de los directores más críticos de las cascadas. El fundador de SouthAndes Capital, quien representaba a los institucionales, renunció en marzo de este año, y según señaló en su carta de dimisión –que pegó con scotch para dejar constancia en el acta–, era prácticamente imposible ser director independiente. Las actas de directorios revelan que Gutiérrez, quien es hermano del director de Moneda, Pedro Pablo, hizo permanentes observaciones al directorio. Entre ellas, pidió explicaciones por gastos en asesorías legales, como la contratación por 170 millones de pesos de Pedro Mattar, ex fiscal nacional económico y anteriormente fiscal de la SVS. “No se entienden estos gastos en una sociedad que es de papel”, dice una persona que conoce esta situación. Mientras un cercano a Ponce explica que se debe contar con asesoría legal para responder todos los ofi cios que han llegado desde la SVS a las sociedades en los últimos meses. De todos modos, agrega otro director, “los directorios son tensos, desagradables. Uno se siente permanentemente custodiado. Se hace sumamente difícil hacer observaciones”.
Varios de los integrantes de las mesas son amigos de Julio Ponce: uno de ellos es Patricio Phillips, a quien conoció en los 80, cuando Ponce trabajaba en Corfo y Phillips en Iansa. Otro, es el ex diputado UDI Cristián Leay. Está en Oro Blanco y es un histórico integrante de su “núcleo duro”.
Uno de los mejores amigos de Ponce, dicen, era Jorge Araya, quien murió en 2009. Entró como contador a la empresa hasta que ganó la confianza de Ponce y con los años se convirtió´o en gerente general de las cascadas. Y luego de su muerte en 2009, fue Aldo Motta quien asumió su cargo.
Otros estrechos colaboradores que integran las mesas son Ricardo Moreno, gerente general de Oro Blanco, Nitratos y Potasio; la secretaria de actas Claudia Morales, quien era nuera de Jorge Araya; el abogado Sebastián Oddó, socio de Raimundo Labarca y asesor legal de las cascadas, y Contesse Fica, director de Norte Grande y Pampa Calichera. Otros directores son Andrés Nieme, Gonzalo Guerrero, Fernando Bustamante y Hernán Contreras.
Dentro de las cascadas también hay familiares: su hermano Luis Eugenio es vicepresidente de casi todas las sociedades (Norte Grande, Oro Blanco y Potasios); preside Nitratos y dirige Pampa Calichera. Su hija Francisca Ponce Pinochet (34), está en Oro Blanco, Potasios y Pampa Calichera, mientras que Julio César (44), su primogénito, integra este último. Ellos son dos de sus cuatro hijos, todos del matrimonio con Verónica Pinochet.
Su refugio
Mientras el caso avanza, nada parece perturbar la rutina del empresario: entre 10:30 y 11:30 am llega a SQM. Pero antes de partir esa jornada, hay una actividad que no perdona: por regla, entre 7 y 8 am, se dirige hasta el Club UC San Carlos de Apoquindo para entrenar equitación, deporte que practica hace años. Es su pasión y su refugio: es frecuente verlo en torneos de este tipo.
De hecho, hace tres semanas obtuvo el sexto lugar en la competencia “Speed and Power” que organizó el Club de Polo y Equitación San Cristóbal. Ese día compitió con “Dream”, uno de sus caballos regalones.
Desde que estalló el caso Cascadas, en 2012, Julio Ponce rehúsa los lugares masivos. “Julio es de muchas redes y conocidos, entre ellos varios empresarios, pero tiene pocos amigos íntimos. Su núcleo es su familia y su pareja, con quien comparte su pasión por los caballos”, dice un familiar. La última vez que se le vio en público fue el fin de semana del 15 de agosto, cuando llevó a sus nietos a Disney on Ice. La semana antes de la sanción fue a comer al Oporto –invitado por el grupo Liderazgo, presidido por Maximiliano Raide– con Gonzalo Rojas de Bethia; el abogado Michael Grasty, socio de Grasty Quintana Majlis & Cía.; el ex presidente del Banco Central, José de Gregorio; y el director de empresas, Hans Eben. Uno de los presentes asegura que aunque no se tocó el tema, “lo vi preocupado, pero tranquilo”.
Con Labarca se reúne cerca de dos veces por semana, aunque hablan todos los días por teléfono. Con Jorge Bofill también mantiene contacto permanente: con él se juntó la tarde del miércoles 10 de septiembre, luego de que el penalista aterrizara de un viaje, para analizar todas las aristas penales.
De sus hermanos, el más cercano es Luis Eugenio (63), el menor del clan Ponce Lerou. Gustavo (68), quien fue embajador de Chile en Japón, hoy está dedicado al Yoga: es el representante de Yogashala. Y su única hermana, Lucía, es doctora y trabaja en Temuco. “Están al día de lo que pasa. Pero una cosa es estar preocupados, la otra es ocuparse”, dicen de su entorno. Con Eugenio se ha ido de viaje –fueron a Cancún hace unos años con sus familias- y con él también planea recorrer las playas de Turquía en Velero. Suelen almorzar todos los días juntos –en el comedor del piso 6 de SQM– junto a sus dos principales ejecutivos, Contesse y De Solminihac.
El domingo postsanción, Julio Ponce viajó a Viña –como hace casi todos los domingos– donde viven sus padres: el doctor Julio Ponce Zamora y la enfermera Alicia Lerou. Ahí optó por explicarle personal-mente todas las implicancias del caso y manifestarle su tranquilidad.
Para el 18 de Septiembre, Ponce tenía planeado instalarse por un par de días en un campo que tiene en Puyehue y “despejar la mente”. “La idea es que recargue sus pilas para lo que viene”, comentan cercanos.
¿Temor a la cárcel? “No”, asegura de inmediato una persona de su confianza. Aunque fue sancionado por infracción a la Ley de Mercado de Valores, que en lo penal impone castigos con penas aflictivas que van desde los cinco años y un día hasta los 10 años y un día, Ponce, dicen, tiene la cabeza puesta en otro asunto: no perder el control de SQM. Incluso, ha dicho en varias oportunidades que si tiene que ir a la cárcel por defender su control en SQM, está dispuesto.
LA SANCIÓN
La SVS analizó más de un millón de transacciones bursátiles y así estableció la existencia de un esquema: una secuencia de compras y ventas de acciones de las sociedades cascada en las que intervienen las sociedades relacionadas (Julio Ponce), vinculadas (Roberto Guzmán Lyon) e instrumentales (Leonidas Vial y Alberto Le Blanc). Los involucrados se beneficiaron (128 millones de dólares en el caso de Ponce), mientras que las sociedades cascada sufrieron perjuicios económicos (300 millones de dólares entre 2009 y 2011) y en su interés social.
En paralelo, Morales investiga la eventual modificación de actas de Oro Blanco y Pampa Calichera, donde según fuentes, se habrían cambiado resoluciones para aprobar las operaciones bursátiles de Ponce Lerou en la llamada “arista de los ex Linzor”.
Según indican fuentes que conocen este asunto, la Fiscalía manejaría dos versiones, un borrador original y otro modificado que diluiría responsabilidades a Ponce en dicha operación.
A esto se suman posibles demandas civiles de las AFP y nuevas querellas penales que comenzarán a sumarse en los próximos días.
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Publicado el 16 de septiembre de 2014
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