Municipios de la región: Contraloría ha detectado 263 irregularidades graves en los últimos cuatro años

Donaciones de empresas sin acreditar, funcionarios que no cumplen sus horas de trabajo, cuentas sin rendir, celebraciones que se alejan de la misión municipal, y viajes de alcaldes y concejales a destinos exóticos, figuran entre las cientos de observaciones efectuadas por el ente fiscalizador. Alcalde de María Elena anunció que llevará antecedentes a Contraloría sobre "desfalco realizado por muchos años".

María Elena, con apenas 6.400 habitantes, es una de las comunas más pequeñas de Chile. Pero a pesar de su escasa población, su municipio tiene recursos envidiables. El 2018 tuvo un presupuesto de $4.600 millones. Pero la abundancia en las arcas no ha sido sinónimo de buena administración. Por el contrario, María Elena es la segunda comuna de la Región de Antofagasta con más irregularidades "altamente complejas" detectadas por Contraloría, siendo superada solo por la capital regional, Antofagasta.

En los últimos cuatro años el ente contralor ha efectuado cinco informes sobre la gestión municipal en María Elena, encontrando 142 observaciones, de cuáles 49 fueron catalogadas como "altamente complejas" (las que tienen mayor relevancia por su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial o eventuales responsabilidades funcionarias).

El desorden administrativo y las irregularidades en este municipio son de larga data. Ya en la gestión anterior, del alcalde Jorge Godoy Bolvarán (PS), Contraloría había detectado problemas similares, como horas extraordinarias insuficientemente acreditadas o falta de registro de asistencia. Además, en esa ocasión se detectaron compras sin justificación, como la de un celular de $719.990 adquirido por el jefe de Finanzas a pesar de que el municipio ya le había entregado un teléfono anteriormente a este funcionario.

Otra de las observaciones trataba sobre el pago de horas extras insuficientemente acreditadas por $4.620.000 a tres funcionarios del mismo Departamento de Finanzas.

Pero los informes de Contraloría abarcan tanto la administración del anterior alcalde Jorge Godoy (PS), como el del actual edil Omar Norambuena (UDI).

En el último informe, entregado en noviembre del año pasado y que abarca el primer año de gestión de Norambuena, se detectan una serie de sobrepagos a funcionarios, principalmente en los aguinaldos, y problemas similares a los presentados en la administración anterior.

Se revisaron las remuneraciones del año 2017, constatándose, entre otras irregularidades, "inasistencias de los funcionarios, atrasos y ausencias, jornadas con marcaciones parciales, montos pagados en exceso en las remuneraciones de los funcionarios, pago de remuneraciones improcedentes, viáticos de funcionarios en días en los cuales registran marcaciones en el sistema biométrico en dependencias municipales y pago de horas extras no justificadas". Por lo anterior, Contraloría ordenó el reintegro a las arcas municipales de 160 millones de pesos.

Posible "desfalco"

El alcalde Norambuena reconoce que María Elena ha sufrido problemas administrativos, pero asegura que en sus dos años en el cargo "hemos ido arreglando las irregularidades de décadas".

Sobre los casos de sobrepagos, sostiene que "es un vicio de larga data que se realiza desde hace más de 20 años, a través de la entrega de bonos a los funcionarios en fechas específicas de celebración como en septiembre y Navidad, por ejemplo".

Por lo anterior, Norambuena sostuvo que se está realizando un programa de educación con los funcionarios municipales para regularizar los casos pendientes de devolución de los sobrepagos no justificados, que se creó la unidad de Contabilidad y Finanzas con su respectivo jefe de control "y que próximamente presentaremos a Contraloría (los antecedentes de) un desfalco importante realizado por muchos años".

María Elena es uno de los ejemplos más complejos de irregularidades detectadas por Contraloría, en una región en que la mayor parte de los municipios tiene malas cifras.

En total en los últimos cuatro años Contraloría ha efectuado 1.054 observaciones en las 9 comunas de la región, de ellas 263 fueron catalogadas como "altamente complejas". En algunos casos incluso los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, como en el "caso cementerio" y el "caso Main", que afectan a la Municipalidad de Antofagasta.

Las auditorías pueden ser revisadas en la misma página web de la Contraloría, en la sección "Observatorio del sector Municipal".

Aporte privado

Mejillones y San Pedro de Atacama son comunas que se caracterizan por su buena relación con las empresas, las que han efectuado millonarios aportes durante los últimos años.

En el caso de Mejillones, según lo informado por ese municipio a Contraloría, entre 2014 y 2017 se suscribieron convenios con 20 empresas. Esto significó una aporte por parte de estas compañías por la suma de 4.164 millones de pesos.

Contraloría efectuó el año pasado una auditoría a estos convenios, encontrando una serie de irregularidades. Entre ellas, un aporte efectuado por Banco Santander por $5.537.045, los cuales fueron usados por el municipio para devolver a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, gastos rechazados en la ejecución del convenio del Plan Comunal de Promoción de Salud, correspondiente al año 2012. El dinero, en cambio, se había solicitado al banco para realizar actividades en beneficio de la comunidad.

También con dinero donado por el Banco Santander se realizó una fiesta dirigida solo para hombres de la comuna. Según Contraloría, "el gasto efectuado por esa entidad municipal en la celebración indicada, por la suma de $10.778.704, no se ajustó a derecho, al no estar dirigida a todos los integrantes de la comunidad local sin distinción de edad, sexo u otra condición".

También se destinaron 10 millones de pesos a becas para hijos de los propios funcionarios municipales, pero según Contraloría, no hay registro de a quiénes se les entregó el beneficio.

Desde el municipio de Mejillones, declinaron entregar declaraciones mientras no se evacue el informe final (el municipio debe entregar sus respuestas, las que serán evaluadas por la Contraloría).

El concejal de Mejillones Guillermo Ferreira (PS), dijo estar al tanto de que alguno de los aportes entregados por empresas, son utilizados para fines no acordes a la labor municipal e indicó que cuando se ha pedido información al respecto, ésta se ha negado. "Hay un artículo de la ley 18.695, que es el N° 65, el cual dice claramente que los aportes de terceros de más de 500 UTM tiene que pasar por el Concejo, pero eso nunca ha ocurrido", manifestó.

Falta de respaldos

En el caso de San Pedro de Atacama, un convenio con Albemarle significó un ingreso de 12.053 unidades de fomento (un poco más de 330 millones de pesos). Pero un informe de Contraloría entregado en octubre de 2018, sostiene que "no fue posible verificar los gastos efectuados con tales recursos, dada la falta de información sobre los programas financiados con dicho aporte".

Por lo anterior, Contraloría pidió al municipio que de cuenta "de los programas que fueron formalmente aprobados para ser ejecutados en razón del señalado convenio, el detalle de la utilización de dichos fondos, adjuntando los antecedentes de respaldo de los gastos realizados; y deberá acreditar la disponibilidad del saldo mantenido sin ejecutar, en la cuenta corriente bancaria respectiva. Todo lo anterior, dentro del plazo de 30 días hábiles".

No es el único problema grave detectado en ese municipio. La misma investigación detecta desfases de 88 días corridos en el depósito de recaudaciones; la realización de modificaciones en el presupuesto del ente edilicio, distintas a las aprobadas por el Concejo Municipal; la falta de fundamentación verificada en la contratación de capacitaciones mediante la modalidad de trato directo; la falta de registros contables que reconozcan los ingresos por percibir, de gestiones de cobranza de derechos adeudados por terceros y de análisis sobre las deudas que estarían prescritas. Por lo anterior, Contraloría inició un sumario administrativo. No fue posible obtener una respuesta desde ese municipio.

76 informes de auditoría ha confeccionado la Contraloría General de la República respecto a los municipios de la Región de Antofagasta desde el año 2015 en adelante.

1.054 observaciones de distintos grados de complejidad ha detectado la Contraloría en los municipios de la región durante los últimos 4 años. 263 de éstas son "altamente complejas".

12.053 unidades de fomento entregó Albemarle a la Municipalidad de San Pedro de Atacama a través de un convenio. Según un informe de Contraloría, no fue posible verificar los gastos efectuados.