El decreto que inició la actual licitación establece, para los adjudicatarios de derechos, un pago al Fisco sobre su utilidad operacional, similar al royalty minero. SQM y Albemarle, los productores actuales, pagan una renta sobre las ventas. Según el gobierno, el primero permitiría recaudar más.
Las fórmulas son distintas, pero según el gobierno, la actual tiene iguales o mejores resultados. El esquema de pagos al Estado en la licitación del litio actualmente en curso es distinta de la establecida en 2017 y 2018 para Albemarle y SQM, los mayores productores de litio en Chile, ambos con operaciones en el Salar de Atacama.
Mientras las dos compañías -los mayores operadores de litio del mundo, con participaciones globales de 19% para SQM y 22% para Albemarle- pagan como renta al Fisco un porcentaje variable de sus ventas de litio, asociado al precio internacional, la licitación establece una modalidad similar a la que opera hoy en el impuesto específico a la minería: un porcentaje, también variable, pero sobre el resultado operacional de las compañías.
La figura jurídica de la cesión de derechos estatales también es distinta. Mientras SQM y Albemarle arriendan un conjunto de pertenencias de Corfo durante períodos de largo plazo -hasta 2030 en el caso de SQM; hasta 2044 en el de la estadounidense-; la licitación actual otorga contratos especiales para la operación de yacimientos de litio, con una duración de 29 años. En este último caso, los nuevos entrantes deberán prospectar pertenencias y obtener permisos para poder operar, para lo cual tienen nueve años de plazo. Pero en ambos casos, los operadores tienen cuotas máximas y no pueden extraer más mineral del autorizado.
¿Cuáles son esas cuotas? Para SQM, 349 mil toneladas de litio metálico equivalente (el que permitiría producir 2,2 millones de toneladas de carbonato de litio, la unidad de referencia global); para Albemarle, 246 mil toneladas; y en la actual licitación, 400 mil toneladas divididas en cinco cuotas.
Ventas versus resultado operacional
SQM y Albemarle pagaban hasta antes de las modificaciones de contrato de 2017 y 2018 tasas del 6,8% de las ventas. El fuerte crecimiento de la demanda mundial -por el uso del litio en baterías y autos eléctricos- disparó el precio y llevó al gobierno de la época a negociar nuevas tasas, pero para nuevos derechos. Y las tasas de arrendamiento subieron.
Por ejemplo, SQM tenía desde 1993 una cuota disponible de 180 mil toneladas, pero al ritmo de producción aquellas se extinguirían en 2022. Corfo, para mantener a Chile como un proveedor global de litio, entregó otras 349 mil toneladas a SQM, pero con otra renta para el Estado.
Para ello se estableció una tabla que comienza en 6,8%, pero cuyos cargos marginales suben hasta 40% si el precio del litio superaba los US$ 10 mil por tonelada métrica (ver infografía). Ese esquema replicó lo que poco antes la Corfo dirigida por Eduardo Bitrán había establecido para Albemarle al otorgarle 246 mil toneladas hasta 2044.
Las cuentas del gobierno, entonces, eran jugosas: a los precios proyectados del litio, el contrato de SQM permitiría recaudar al Estado unos US$ 8.300 millones al 2030. En ambos casos, las tasas de renta por arrendamiento operaban sobre un mismo concepto: un porcentaje del precio efectivamente pagado a SQM o Albemarle por clientes finales no relacionados.
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Publicado el 09 de enero de 2022
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