"Tengo la confianza que el litio chileno no será un caso de desarrollo frustrado", dijo la Presidenta Bachelet el 24 de enero de 2016, cuando presentó la agenda "Política del Litio y Gobernanza de los Salares". Hoy se conoce el acuerdo entre CORFO y Rockwood, que le permitirá más que triplicar la producción a la filial de Albermale. Entonces ¿en qué quedamos?
Rockwood, la filial de la estadounidense Albemarle, más que triplicará su producción de sales de litio en Chile, pasando de 26 mil toneladas a 82 mil toneladas anuales durante los próximos 27 años. Esto, luego que las autoridades chilenas, entre ellas la Contraloría, aprobaran modificar un acuerdo entre Corfo y esa compañía, permitiéndole extender su contrato y aumentar la cuota de producción en el Salar de Atacama.
A raíz del acuerdo el Estado recibirá ingresos adicionales por US$ 2.700 millones entre este año y 2043. Presentado así, se simula un gran negocio para el Estado de Chile, pero es puro humo. Desde luego, la cifra, anualizada, es menos que módica: US$ 100 por año, a cambio del chipe libre a una empresa transnacional, que más encima será competencia de Codelco, o de cualquier empresa que se configure, en el caso de que el Estado de Chile decida incursionar en la producción de litio.
La empresa, en tanto, concretará el crecimiento mediante una inversión cercana a los US$ 600 millones en la Región de Antofagasta, tanto para ampliar su operación presente como para nuevas instalaciones.
Con la misma medida, la inversión de US$ 600, aún en el caso que se concrete, y no salga de utilidades, como en el cobre, significa una inversión de apenas US$ 22 millones anuales.
“Chile, al año 2005, tenía el 45% del mercado mundial. Incluso llegó a tener más del 50%”, dijo Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo, detallando que, según proyecciones sobre el comportamiento del mercado, esa participación se reduciría a 25% en 2025.
En contraste, estimó que, a ese plazo y gracias al cambio en el convenio, Chile podría “llegar a alrededor del 40% del mercado mundial, manteniéndonos así como el líder indiscutido a nivel global”.
Bitrán, que sabe de qué habla, comete una imperdonable falacia. No es Chile el que llega al 40% del mercado, sino SQM por un lado, y Rockwood por el otro, que le dejan a Chile tributos casi marginales, y muy poco gasto en trabajo, a cambio de utilidades que cuando el ciclo de precios está alto, pueden llegar a proporciones estratosféricas, que algunos economistas denominan tasas de superganancia, y del todo lesivas al interés nacional.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, destacó que “hasta un 25% de la producción va a estar destinada o asociada a proyectos donde se generen valores agregados significativos para nuestro país”.
Aludió con ello a que el pacto asegura la venta a nivel local por hasta esa fracción de la producción, para manufacturas industrializadas, a precios preferentes.
¿Y por qué el 25%, si se supone que, constitucionalmente, el Estado de Chile tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas?
¿Hasta cuándo deberemos soportar políticas entreguisitas de la elite política y ermpresarial chilena al dogma del mercado?
¿Qué tiene que ocurrir para que Chile cumpla con lo que establece su propia Constitución, por más ilegítima que ella sea?
¿Qué explica la pasmosa pasividad de la ciudadanía ante un tema que le concierne tan directamente y del cual depende en importante medida su calidad de vida?
Acerca de si el convenio contempla cláusulas de resguardo ante situaciones similares a las vividas con SQM -firma con la que Corfo mantiene un proceso arbitral, acusando incumplimientos-, Bitrán sostuvo:
“Hay condiciones en este caso muy claras que permiten la resciliación del término de contrato, condiciones de incumplimiento”.
Era que no. Pero si eso es lo básico de cualquier contrato. No se entiende porqué lo presenta como un logro.
Consultado si siente como un logro el hecho que la operación de la venta de la participación de Oro Blanco en Pampa Calichera, que implicaba el control de SQM, se haya visto frustrado, declaró:
“No tenemos como objetivo impedir un cambio del control de esa empresa. Al contrario, nos gustaría que hubiera un buen gobierno corporativo y creemos que es positivo que haya un cambio en el control. Lo que sí es que todos los procesos se tienen que hacer dentro del marco de legalidad vigente”.
Falso. Si fuera por la legalidad vigente, de rango constitucional, ni SQM ni Rockwood podrán estar operando en el salar de Atacama....si el Estado no quisiera.
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Publicado el 06 de enero de 2017
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