Comunidades mapuche denunciaron pagos del Gobierno para participar en la consulta indígena

Autoridades y representantes de La Araucanía aseguran que algunas personas han recibido montos de hasta $20 mil por participar de la instancia. En tanto, desde el Gobierno negaron categóricamente las acusaciones, señalando que dichos dineros fueron entregados como devolución de pasajes.

Autoridades y representantes mapuche, de distintas comunidades de la región de La Araucanía, denunciaron que algunas personas recibieron pagos por participar de la consulta indígena.

Jonatan Zapata Painemal, moderador que participó del rechazo a la consulta, aseguró a Radio Bío Bío que hubo personas que recibieron $7 mil y otras que recibieron $20 mil, dependiendo si llegaban o no en vehículo.

“Eso da cuenta de cómo está viciado el proceso. (…) Además, dentro de este tiempo se ha utilizado a los funcionarios del PDTI (Programa de Desarrollo Territorial Indígena), que no tienen nada que ver con la consulta, para promocionarlas”, dijo.

Zapata además agregó que esto habría generado confusión en comuneros mapuche, pues algunos vieron esta participación de funcionarios como una forma de ganar más proyectos del PDTI.

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Por su parte, la secretaria Regional Ministerial de Gobierno, Pía Bersezio, afirmó que “esa denuncia es total y completamente falsa” y que el monto cancelado corresponde al pasaje de quienes asisten desde zonas rurales.

“El Gobierno jamás se podría prestar para algo así, y vuelvo a reiterar que la devolución de pasajes es la única devolución que se realiza en dinero“, dijo Bersezio.

Además hizo un llamado a los mapuche de la región a participar de una concentración en Bolleco el 20 de julio, donde se podrán tratar estos temas y realizar consultas a las autoridades.

Según explica el Gobierno, la Consulta a los Pueblos Indígenas “es un mecanismo de participación basado en el diálogo entre el Estado y los Pueblos Indígenas“.

Es un derecho para los pueblos indígenas y un deber para el Estado, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, y surge cada vez que se adopte alguna medida legislativa que pueda afectar dichos pueblos directamente.