Seis meses han pasado desde la fallida licitación para explotar litio en Chile, pero la controversia está lejos de acabar... al menos en su arista judicial.
El 24 de septiembre pasado el entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner, anunció la adjudicación a la chilena SQM -ligada a Julio Ponce y a la canadiense PCS- del primer Contrato Especial de Operación de Litio (Ceol) luego que la empresa ofreciera pagar US$40 millones. Así se cumplía con una de las medidas de la Agenda de Impulso Competitivo que pretendía darle un nuevo empuje a esta industria en el país.
Pero pasaron sólo unos días para que estallara la polémica: SQM contaba con juicios pendientes con el Fisco, lo que hacía incompatible su participación en la licitación, según estaba claramente estipulado en las bases del proceso. ¿Qué pasó? Se invalidó la adjudicación y todo el concurso, enterrando la opción de los privados para explotar nuevos salares del mineral y la discusión siguió en tribunales.
Hasta ahí llegaron los representantes del Grupo Errázuriz, que también participaron en la licitación, y que presentaron una querella por perjurio y fraude al fisco.
En ella acusaron a SQM de mentir en una declaración obligatoria, en la que los oferentes debían jurar que no tenían juicios pendientes contra el Estado de Chile. El documento presentado por SQM no incluía este punto, sino que repetía otro del formulario que todos los interesados debían completar. Técnicamente la empresa no había mentido, sino que había cometido un error de tipeo.
El fiscal Víctor Vidal tomó la investigación y encargó a la Policía de Investigaciones (PDI) que indagara. Hace unos días, la policía evacuó un informe de más de 200 páginas al que tuvo acceso "La Segunda" con las declaraciones de los principales involucrados.
Pablo Wagner apunta a Bronfman
Pablo Wagner lideraba la licitación y, en su declaración a la PDI, reconoció que recién luego de "la adjudicación del proceso de licitación a la empresa SQM (...) aprecié que esta empresa, dentro de los antecedentes administrativos, había presentado información inconsistente".
Wagner era también presidente del Comité Especial de Licitación (CEL), organismo encargado de llevar adelante el proceso.
Ante los nuevos antecedentes, dice que el CEL se reunió y constató los errores en la presentación. ¿De quién era la responsabilidad? "La revisión previa de los antecedentes administrativos de las empresas oferentes estuvo a cargo de un equipo de abogados del Ministerio de Minería, dirigido por doña Jimena Bronfman", dice.
Wagner renunció tras el fracaso del proceso.
"Principio de Contraloría"
La ex directora jurídica del Ministerio de Minería, Jimena Bronfman, también era la secretaria del CEL. En su declaración comenta que tras recepcionar las ofertas se reunió un equipo de abogados del Ministerio, junto con el auditor ministerial, Arturo Fernández, para revisar el contenido de los sobres de las seis empresas oferentes y verificar que se cumpliera con los requisitos establecidos en las bases
"Posterior a nuestra labor de revisión, alguien reparó en que uno de los antecedentes presentados por la empresa SQM presentaba un error", dice.
Añade que "este papel fue confrontado con el resto de la información que había presentado la empresa SQM, entre las cuales existían documentos en los que se señalaba que ella no tenía asuntos pendientes con el Estado de Chile (...) por lo que se aplicó un principio de la Contraloría que sostiene que en procesos de licitación en los que se ha detectado que los oferentes incurren en error y existe información, dentro de los antecedentes presentados, que lo subsana, no se invalida el proceso".
Explicó que no se dejó plasmado en acta por "haber decidido aplicar el principio de la Contraloría".
La ausencia de los otros integrantes del CEL
Completaban el Comité Andrés Mac-Lean (vicepresidente de Cochilco), Julio Poblete (director de Sernageomin) y Alicia Undurraga (funcionaria del Ministerio de Minería)
Ninguno de los tres estuvo en la reunión donde se revisaron los antecedentes de los postulantes, la cual se realizó el 14 de septiembre. Según Mac-Lean ni siquiera se les avisó.
Conocido el escándalo el 1 de octubre el CEL se reunió por primera vez. "Se discute en primer lugar sobre el acta de fecha 14 de septiembre, la que no estaba en nuestro conocimiento y que no había sido resultado de ninguna reunión", declaró Poblete.
"Los tres integrantes que convocamos la reunión manifestamos nuestro desacuerdo con esa acta, por cuanto no había existido una reunión del Comité para evaluar los antecedentes que se habían presentado y poder certificar que estaban en regla", agrega.
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Publicado el 16 de marzo de 2013
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