El nuevo enemigo de SQM

Su nombre es Alonso Barros (47), es abogado ambientalista y varios de sus tuits disparan contra SQM. Es miembro del estudio HDFO –Soto, Horvath, Daza, Farachi– y asesor legal de la Fundación Patrimonio Desierto de Atacama, entidad que se querelló contra Pablo Wagner por cohecho reiterado.

El jurista de la UC y PhD de Cambridge es investigador y docente en Derecho y Antropología Social, y hoy ejerce casi exclusivamente como mediador o litigante en defensa de diversos pueblos y comunidades indígenas en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama; entre ellas 10 organizaciones diaguitas del valle del Huasco que se oponían a Pascua Lama; comunidades de Guatacondo, detractores de Collahuasi; de Quipisca, que se resisten a iniciativas de BHP; y de Quillahua, que se enfrenta a SQM. “Abogado defensor de los pueblos y comunidades atacameñas, aymaras y quechuas, que junto a su patrimonio natural y cultural, son afectadas por proyectos de extracción minera. Defensa, litigación, mediación, arbitraje y buenos oficios en las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama”, dice su currículum.

Además, es hermano de José Miguel Barros, director de Finanzas Corporativas de LarrainVial, e hijo del ex embajador de Augusto Pinochet y de Patricio Aylwin.

Según cuenta, su primera pelea a SQM la dio en 2012. A los pocos meses de ser fichado como director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, interpuso en conjunto con la comunidad de Peine un recurso de protección contra la minera porque “querían duplicar su producción en el salar de Atacama, y la compañía realizó una declaración de impacto ambiental en vez de un estudio”.

Y agrega: “En enero de 2013 me echaron. Estuve ahí sólo seis meses. No me dieron explicaciones, pero no dudo que fue por esto, pues Juan Antonio Guzmán era presidente del Consejo Directivo”.

Acaba de lanzar el libro La forma fetiche de la ley: Identidades, propiedades y transiciones territoriales en tiempos de escasez hídrica.