SQM-CORFO: las jugadas maestras que consolidaron el poder de Ponce Lerou

Casi cuatro años duró la batalla de CORFO con la minera que financió ilegalmente la política. CORFO exigió el término anticipado del contrato para despojar a SQM de los enormes beneficios otorgados en 1993 para explotar la principal reserva de litio del mundo, y que le reportó en 2017 ingresos por US$644 millones. No fue así. El acuerdo final le permite a SQM triplicar su producción y al Fisco aumentar su recaudación. El capítulo devela el abandono del Estado de un recurso estratégico y presiones en defensa de intereses privados. El abogado José M. Eyzaguirre jugó un rol clave en favor de la minera.

El término anticipado del contrato, la disolución de SQM Salar, la restitución de todos los bienes aportados por el Estado, además de la devolución de las pertenencias mineras y los derechos de agua que la compañía inscribió a su nombre para la explotación del litio en el Salar de Atacama, fue el misil que le disparó la CORFO a SQM el 17 de agosto de 2016.

La demanda la presentó la CORFO ante la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), en medio del escándalo que provocó el descubrimiento del millonario financiamiento político ilegal que protagonizó la compañía controlada por Julio Ponce Lerou. Poco después, la minera debió reconocer ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber desembolsado US$14,7 millones en “pagos indebidos” a personalidades de casi todo el espectro político.

Con ello, y durante años, compró favores y consiguió leyes a su medida, como la Ley de Royalty  o la Ley de Medioambiente.

En rigor, esa fue la segunda demanda que presentó la CORFO en contra de SQM durante la gestión de su timonel Eduardo Bitrán (2014-2018). La segunda, y la más dura, tuvo como fundamento la detección de cuatro nuevos incumplimientos por parte de SQM Salar de los contratos que le permiten la explotación del mayor depósito de litio en salmuera del mundo, propiedad del Estado. Entre ellas: apropiación irregular de derechos de agua, servidumbres mineras, y el financiamiento ilegal de la política.

“El hecho de que recursos provenientes de la explotación del Salar de Atacama hayan tenido como destino el financiamiento ilegal de la política, es causal suficiente para solicitar la terminación anticipada del contrato”, se lee en la última demanda.
Transcurridos casi cuatro años de iniciada la batalla legal en la que CORFO explicitó que su objetivo era la rescisión del contrato que SQM Salar mantenía con el Estado, el 17 de enero pasado las partes firmaron un acuerdo de conciliación que puso fin a la disputa.

La revisión de ese acuerdo indica que, si bien CORFO logró mejorar la renta y condiciones en los contratos que regulan ese millonario negocio de litio, no obtuvo los puntos clave que se propuso en su inicio. Pese a la contundencia de las pruebas en su contra, SQM Salar se mantuvo como titular de la concesión en el Salar de Atacama y consiguió luz verde para explotar y comercializar 350 mil toneladas adicionales de litio metálico hasta 2030.

Con esa cláusula, la empresa que financió por años ilegalmente a políticos desde la UDI al PS –incluyendo la precampaña de la ex Presidenta Michelle Bachelet–, logró mantenerse como socio estratégico del Estado por los próximos 12 años.

La conciliación también acordó que SQM pagara a CORFO US$20 millones. Pero la minera logró dejar consignado en el escrito que en ningún caso ese pago implicaba un reconocimiento por parte de SQM de “habérsele adeudado a CORFO suma alguna con ocasión de la ejecución pasada de los contratos”. Y ello, a pesar de que esa fue la razón que detonó en 2014 la disputa judicial, después de que la entidad estatal investigara y concluyera que SQM había subvalorado el monto que debía pagarle por la concesión minera.

El perjuicio patrimonial para el Estado, según cálculos de la propia CORFO, ascendía a US$17 millones. Además del fin anticipado del contrato de arriendo y la restitución de esos dineros, la estatal había exigido una indemnización adicional de US$18 millones.

En medio del escándalo que suscitó la revelación de La Tercera sobre el fichaje de Julio Ponce Lerou y de su hermano Eugenio como asesores estratégicos de la compañía, Bitrán acusó haber recibido presiones de “distinguidos políticos” de la Nueva Mayoría para arreglar condiciones favorables para SQM durante el arbitraje.

Hasta ahora, el ex vicepresidente ejecutivo de CORFO no ha dado nombres ni entregado detalles. De ser ciertas, ¿cuánto influyeron esas presiones en la negociación entre CORFO y SQM?, ¿fue Bitrán la única autoridad del gobierno de Bachelet que las recibió?
Comparados con los acuerdos de 1993, que le entregaron generosas prebendas a la minera (ver reportaje de CIPER), estos contratos son ostensiblemente mejores para el Estado. En eso coinciden varios expertos, quienes destacan que estos permiten que el Fisco recaude mayores ingresos. Y también, que el acuerdo haya corregido antiguas amarres en favor de SQM que ahora le permitirán a CORFO libertad de acción para decidir sobre el destino de esa explotación en 2030.

En 2017, solo por comercialización de litio, Soquimich obtuvo ingresos por más de US$644 millones($406 mil millones) –US$130 millones más que el año anterior– equivalentes al 60% del margen bruto de la compañía. Según cálculos de la propia minera, durante los próximos cinco años la demanda mundial de litio, impulsada principalmente por la electromovilidad, crecerá al menos a un ritmo de 18% anual.

PRIMER ROUND

En enero de 2013, bajo el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, CORFO le solicitó a SQM una rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los contratos que le permitían explotar 28.054 pertenencias fiscales en el Salar de Atacama. Las condiciones quedaron consignadas en 1993 en dos contratos (modificados en 1995): el de Arrendamiento (ver aquí) y el de Proyecto(ver aquí). El primero, fijó las condiciones de la concesión y el segundo, registró los parámetros para la explotación y comercialización del litio extraído.

Al interior de CORFO existían sospechas de que SQM, en un entramado de maniobras con empresas relacionadas, había subvalorado las rentas que debía pagar trimestralmente al Fisco por el arriendo y explotación del salar. El monto de esos pagos debía ser calculado en base a las ventas de SQM Salar. Lo más insólito fue que en los contratos se estipulaba que era la propia minera la que debía realizar esos cálculos para el pago.

Las sospechas se confirmaron en mayo de 2013. Una auditoría interna ordenada por CORFO arrojó que solo entre enero 2012 y marzo de 2013, SQM había dejado de pagar $2.600 millones.

Era solo el extremo de un hilo cuyo inicio se desconocía. Así lo reconoció el entonces vicepresidente ejecutivo de CORFO, Hernán Cheyre. En una sesión de la Cámara de Diputados, el 7 de enero de 2014 afirmó: “Desde 1993 hasta 2012, nunca antes se había realizado una investigación al respecto”. Uno de los que escuchaba atentamente a Cheyre ese día en el hemiciclo, era el entonces diputado Roberto León (DC), vinculado a la investigación del financiamiento ilegal de la política por 63 boletas emitidas a SQM por su hijo ($157 millones en total). Los documentos  no tenían respaldo y fueron rectificados por la minera.

Era la segunda vez que se encendía la luz roja en CORFO en menos de un año. En octubre de 2012, abogados de la repartición repararon en otro “detalle”: Soquimich se había adueñado ilícitamente de 13 pertenencias mineras del Fisco, en el Salar de Atacama. Dos meses después tuvo que devolverlas. Sus ejecutivos argumentaron que habían inscrito las pertenencias del Estado a nombre de SQM solo para “protegerlas”.

En marzo de 2014, con Eduardo Bitrán ahora a la cabeza de CORFO, la entidad decidió ir por la vía judicial. En mayo presentó una demanda en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Nuevos antecedentes recopilados por la entidad indicaban que SQM había violado dos cláusulas sensibles de los contratos, las que por sí solas podían ser causal de término.

SEGUNDO ROUND

“CORFO ha optado por solicitar la terminación anticipada del contrato y la indemnización de los perjuicios causados”, se lee en la demanda que la entidad ingresó a la CCS el 14 de mayo.

Nuevas auditorías arrojaron que el perjuicio para el Estado por la subvaloración del royalty de arriendo, ascendía ahora a US$17 millones($10.700 millones al valor de hoy). El monto de la deuda solo incluyó el periodo 2009-2013.

-Al término de cada período, SQM enviaba a CORFO una “hojita” informando del monto que debía pagar por la renta. No se fiscalizaba mucho –indicó en 2015 a CIPER un antiguo funcionario de la entidad al explicar cómo se aprobaban las remesas trimestrales que enviaba SQM.

Además de ese perjuicio monetario para el Fisco, personal de CORFO detectó en terreno que SQM no había cumplido con su obligación de mantener y conservar en pie los hitos –conos de concreto georreferenciados– que delimitaban los vértices de las 28.054 pertenencias entregadas en arriendo y que circunscribían el radio de su operación.

En función de esas violaciones de los acuerdos, la CORFO pidió en su primera demanda el término del Contrato de Arriendo. Y junto con ello, solicitó el pago de los dineros adeudados por renta (US$17 millones), de los gastos de reposición de los hitos de mensura  y una gruesa indemnización “por lucro cesante”.

No fue todo. También exigió una indemnización por “daño moral”, equivalente al 30% del monto de los daños materiales que determinara el juicio arbitral. La razón: el “descrédito y desprestigio” que le significó a una institución del Estado “el mal desarrollo y el incumplimiento contractual”.

TERCER ROUND

En agosto de 2016, CORFO volvió a golpear la mesa. A esa fecha, el organismo dependiente del Ministerio de Economía había logrado cerrar un acuerdo con Rockwood (hoy Albemarle), la otra empresa que opera yacimientos de litio estatales en el Salar de Atacama. Albemarle, competidor de SQM, logró aumentar su cuota de explotación de litio.

En junio de ese año, el sistema de control de daños volvió a activarse en SQM cuando Eduardo Bitrán concurrió a la Comisión Investigadora del Litio en la Cámara de Diputados. Al término de la sesión, le preguntaron si existía la posibilidad de que CORFO replicara con SQM el acuerdo alcanzado con Rockwood. Su respuesta fue tajante: “No estamos en ánimo de innovar nada, estamos siguiendo nuestro proceso que se inició con la solicitud de término anticipado del contrato de arriendo”. Y agregó que habían recopilado antecedentes aún más graves que ameritaban, ahora, requerir ante la Cámara de Comercio el término del Contrato de Proyecto.

Y así lo hizo. Poco después, el 17 de agosto, CORFO formuló cuatro nuevos cargos ante la CCS. Acusó a SQM Salar de haber inscrito a su nombre derechos de agua por más de 300 litros/segundo en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras que le entregó en concesión en el Salar de Atacama. CORFO acusó también a SQM Salar de haber tomado posesión de varias servidumbres mineras que se superponían a las pertenencias de su propiedad, inscribiéndolas hasta 2059 unas y otras hasta 2057. Una clara violación del contrato ya que allí se estipula que 2030 es su año de término.

Con agua, servidumbres y concesiones indispensables para la explotación de litio, inscritas a nombre de SQM, la minera había creado un dique de protección para su negocio. En los hechos, había bloqueado cualquier posibilidad de que CORFO relicitara esa explotación al término del contrato.

Las últimas páginas de la demanda ante la CCS fueron una advertencia de que, esta vez, el gobierno de turno no estaba disponible para negociar las sucesivas irregularidades que por más de 20 años acompañaron ese millonario negocio.

“A la fecha SQM Salar, y algunos de sus directores y ejecutivos, han estado vinculados desde a lo menos 2009 en el financiamiento ilícito de la actividad política, lo que ha implicado el pago de cuantiosas sumas de dinero a través de contratos o convenios por servicios inexistentes o irrelevantes, incrementando artificialmente los costos de SQM Salar”, se afirmó en el escrito.

CORFO acusó a Soquimich de desviar parte de las utilidades de su explotación a actividades ilegales, apartándose del propósito de los contratos.

En esta nueva arremetida, Bitrán insistió en que se pusiera fin al Contrato de Arriendo, y agregó ahora el  término anticipado del Contrato de Proyecto. También exigió la disolución de SQM Salar (sociedad que se formó específicamente para este proyecto) y la devolución de los bienes que había aportado a su “socia” para la explotación del Salar de Atacama. Por último, pidió que se condenara a SQM a restituir los derechos de agua, servidumbres y concesiones mineras obtenidos de manera “irregular” y a una indemnización por daño moral.

EL SILENCIO DE LA CCHEN

Llama la atención que en el transcurso de esta larga disputa iniciada en 2014 en la Cámara de Comercio, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), un actor clave en la fiscalización de los contratos con SQM Salar, no haya emitido palabra.

La CCHEN estaba mandatada legalmente para garantizar que SQM cumpliera con las cuotas asignadas de explotación de litio (180 mil toneladas en total hasta 2030) y que todas las exportaciones del mineral tuvieran un comprador final conocido. Punto sensible, pues el litio tiene componentes que pueden ser utilizados para fusionar átomos con fines nucleares. Debía asegurarse que el mineral no cayera en países que para la comunidad internacional son una amenaza.

En la práctica, eso no ocurrió. En marzo de 2016, una investigación de CIPER descubrió que durante al menos una década, la CCHEN no le exigió a SQM que consignara en sus informes al destinatario final del litio que exportaba, violando tratados internacionales suscritos por Chile. También abandonó una segunda tarea a la que los contratos la obligaban: fiscalizar en terreno que la minera hiciera uso sustentable de la explotación del Salar de Atacama.

Las irregularidades fueron reconocidas por la propia CCHEN durante esa investigación. De acuerdo a la normativa vigente, podrían haber sido causal de expropiación. Nadie en el gobierno accionó esa palanca.

EL FACTOR EYZAGUIRRE

Dos demandas, seis graves acusaciones por distintas irregularidades y la solicitud de 15 condenas centradas en la disolución de SQM Salar, el término anticipado de los contratos (Arriendo y Proyecto) y una larga lista de millonarias indemnizaciones, arman el resumen de lo que fueron las incursiones de CORFO contra la minera desde 2014. No fue mucho lo que quedó de esa arremetida.

En las tres oportunidades que el juez árbitro de la Cámara de Comercio, Héctor Humeres, llamó a CORFO y a SQM a conciliación, nunca abrió la puerta para rescindir los contratos.

Socio del estudio Arthur, Humeres, Mejía, Tolosa & Cía., su especialidad y trayectoria está amarrada eminentemente al ámbito laboral. Entre otras actividades, Humeres participa como asesor de la comisión laboral de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), entidad liderada hasta hace muy poco por quien ahora es presidente de SQM, Alberto Salas.

El 17 de enero de 2018, a tres años y ocho meses de iniciada la disputa en la CCS, las partes llegaron a acuerdo. Un rol decisivo le cupo en ese avenimiento a José María Eyzaguirre, abogado de la canadiense Potash (hoy Nutrien), dueña entonces del 32% de las acciones de SQM. Eyzaguirre, quien asumió la defensa de Augusto Pinochet cuando volvió de Londres, es ex director de SQM y también socio del estudio Claro & Cía que litigó por la minera ante la CCS.

En reiteradas oportunidades, Eyzaguirre le hizo ver a Bitrán la conveniencia de deponer el conflicto, incluso bajo la amenaza de iniciar un juicio paralelo en representación de Potash. El litigio con SQM ponía en riesgo el interés de sus inversionistas.
Las presiones de Eyzaguirre –apuntaladas por el presidente de Potash, Jochen Tilk, quien visitó a Bitrán a principios de diciembre pasado– se acentuaron hacia el final de la negociación. El motivo: Potash, luego de fusionarse con Agrium y convertirse en Nutrien, se vio forzada –por disposiciones de las autoridades regulatorias de India y China–  a desprenderse de su participación en SQM. Con un juicio arbitral encima sin perspectiva de término, las acciones de Potash en SQM perdían valor de cara a esa venta obligada.

EL SALDO DE LAS PARTES

La batalla en la Cámara de Comercio entre CORFO y SQM culminó con la minera manteniendo la concesión en el Salar de Atacama. Y obtuvo una nueva licencia: el permiso hasta 2030 para explotar y comercializar 349.553 toneladas de litio adicionales a la cuota que le quedaba por extraer según el contrato original (64.816 toneladas).

Así quedó consignado en los nuevos contratos –de Arriendo y de Proyecto – firmados por ambas partes.
A cambio, CORFO logró aumentar las tasas de arriendo por la explotación de sus pertenencias de litio, lo que sumado a otras regalías le permitiría obtener ingresos por cerca de US$10 mil millones hasta 2030 (US$8.300 millones adicionales).

En el acta de conciliación, la millonaria subvaloración de SQM de las rentas que le debía pagar al Estado por la explotación del Salar de Atacama, y que dio origen a la demanda con la que CORFO solicitó el término del contrato, no fue reconocida.
SQM debió desembolsar poco más de US$20 millones. Pero en el escrito se establece que ese pago solo tiene por objeto finiquitar el conflicto y, en ningún caso, implica el reconocimiento de la deuda que CORFO le exigía en un comienzo.

Respecto de los derechos de agua y las concesiones mineras que SQM inscribió a su nombre en el área perimetral de los yacimientos de litio del Estado –y que CORFO exigió fuesen restituidos–, el acuerdo tampoco acogió la demanda de la entidad pública. La conciliación estableció que será en 2030, cuando el contrato con SQM llegue a término, que CORFO podrá tener el “beneficio” de la “primera opción de compra”. Y deberá pagar por agua y concesiones.

Profesionales que participaron en la negociación representando al Estado, indicaron a CIPER que aquello es un detalle a la luz de todo lo que se ganó:

–El precio a pagar por los derechos de agua y las concesiones es irrelevante comparado con lo que gana el Estado, incluyendo la entrega a CORFO de las obras de SQM que permiten el funcionamiento de la explotación del salar. Además, ese costo será asumido por quienes participen en una futura licitación y no necesariamente por el Estado –indicó uno de ellos.

Las que sí quedaron al margen de la opción preferente de compra fueron las servidumbres mineras que, al término del contrato, SQM quedó obligada a transferir a título gratuito a CORFO.

En cuanto a los millonarios montos por “daños morales” que CORFO exigió –por el financiamiento ilícito de la política de SQM con dineros de la explotación del litio–, no hubo pronunciamiento.

Hay dos formas de ver esta historia. Quienes ven el vaso medio lleno, aseguran que es el mejor contrato que el Estado pudo obtener. Advierten el peligro que implicaba sacar a SQM del camino: el riesgo de bajar de golpe a Chile de la carrera por el liderazgo mundial del litio. Y aseguran que los contratos de 1993 entre CORFO y SQM arrastraban vicios de origen difíciles de subsanar; que una expropiación era económicamente inviable y que, al fin de cuentas, el Estado recaudará ingresos sustantivamente mayores.

Del nuevo contrato se desprenden beneficios que antes no estaban contemplados. Uno de ellos es que SQM se comprometió a ofrecer a precios preferentes una parte de su producción de litio a empresas establecidas en Chile que le agreguen valor a la materia prima. También deberá destinar de sus utilidades recursos anuales para labores de investigación y desarrollo en el rubro del litio (entre US$10 millones y US$19 millones). A esos montos se agregarán entre US$10 millones y US$15 millones anuales para el desarrollo de comunidades locales y otro porcentaje de las ganancias de la minera irá a municipios de la zona.

Los que miran la mitad vacía del vaso, en tanto, piensan que Julio Ponce Lerou se salió una vez más con la suya. Que nunca se debió conciliar y ratificar en calidad de socio estratégico del Estado a la empresa que financió por vías ilegales y de manera transversal a la política durante años para obtener beneficios para su negocio. Que, además, el prontuario de violaciones a los contratos era suficiente para perseverar hasta el final en su término anticipado.

Esto último fue calificado como “carente de realismo” por diversos profesionales en concesiones mineras que fueron consultados por CIPER.

–Luego de que la Cámara de Comercio cerrara la puerta al término anticipado de los contratos, la opción que nos quedaba era que SQM continuara como socia de CORFO pagando regalías insignificantes y con bienes estratégicos para el proyecto, derechos de agua y servidumbres legales, a su nombre. Con ello, dejaba al Estado sin libertad de acción en 2030, cuando terminen los contratos. Quisimos y logramos corregir eso –indicó un funcionario de CORFO a CIPER.

VIENTO A FAVOR

Solo nueve días después que se diera a conocer la firma de la conciliación, SQM volvió a los titulares. El 26 de enero, la minera accedió a una salida alternativa (suspensión condicional) en la investigación en la que el Ministerio Público la acusaba como persona jurídica por sus pagos ilegales a políticos. La minera se comprometió al pago de una multa y al apoyo en dinero a causas benéficas, lo que le permitió zafar de su responsabilidad jurídica por el delito de cohecho, una condena que habría tenido severas implicancias para su negocio.

“La empresa paga coimas a políticos y cómo soluciona el problema: pagando”, fustigó la abogada Lupy Aguirre del Consejo de Defensa del Estado, organismo que se opuso al acuerdo.

En 2017, SQM debió pagar US$30 millones por multas cursadas por el Departamento de Justicia y la Security and Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos, tras reconocer “pagos indebidos” a políticos chilenos.

Una vez que el litigio con la CORFO fue desactivado y luego de que la Fiscalía la dejara libre de condena por financiar ilegalmente la política, SQM y sus principales accionistas quedaron con el camino despejado para otro gran negocio. En marzo, la china Tianqi, peso pesado en el mercado mundial del litio, anunció que compraría el 24% de su propiedad. Para ello, tomará control de las acciones que la canadiense Potash (hoy Nutrien) está obligada a vender, a cambio de US$4 mil millones. La jugada del abogado José María Eyzaguirre, representante de Potash, tuvo cuantiosos beneficios.

La operación está siendo revisada con lupa por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), luego del último misil que disparó Eduardo Bitrán antes de dejar la conducción de CORFO: denunció la inminente concentración de mercado que acarreará el ingreso de la trasnacional china a SQM.

La amenaza de que esté en formación el “cartel del litio” está dada porque Tianqi es también socia de Albemarle en el principal yacimiento rocoso de litio del mundo, en Australia.

El 24 de mayo el viento volvió a soplar a favor del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou. Ese día, el Tribunal Constitucional le rebajó a $2 mil millones la multa de $46 mil millones que le impuso la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero) por su responsabilidad en el “Caso Cascadas”.

El primer semestre de 2018 será recordado por SQM y sus controladores por sus triunfos. El hito más reciente fue el fichaje de los hermanos Julio y Eugenio Ponce Lerou como asesores estratégicos de la compañía. Julio Ponce había salido del directorio de la minera en abril del 2015, en medio del escándalo de las platas políticas y presionado por las exigencias de la CORFO en el Centro de Arbitraje de la CCS.

A pesar de las férreas normas establecidas por la conciliación sobre gobierno corporativo y que pretendían separar de la toma de decisiones de la compañía a Julio Ponce, los directores de la minera encontraron el intersticio. Así, la última condición que CORFO había levantado como intransable en la recta final de las negociaciones, se vino abajo.