Acuerdo Codelco–SQM: Transparencia es lo que le faltó a este proceso

Para qué les vamos a contar quién es Julio César Ponce Lerou.

Ya lo explicó muy clara e informadamente el periodista Daniel Matamala, en su última columna de 2023, titulada “Ponce siempre gana”.

Ponce Lerou, es uno de los hombres más ricos no solo de Chile, sino a nivel internacional, figurando incluso en el puesto #878 del Ranking Forbes 2023, con una fortuna que asciende a 3.100 millones de dólares, lo que de acuerdo al mismo ranking, lo cataloga como multimillonario.

Hasta ahí, todo bien. El problema es que mucho, sino todo, su éxito se debe al nepotismo y la privatización de empresas públicas, que antes de la dictadura de quien fuera su suegro, eran de todos los chilenos y chilenas.

Por esta razón, cuando el gobierno presenta con bombos y platillos el reciente acuerdo alcanzado entre CODELCO y Soquimich (SQM), empresa históricamente ligada a Ponce Lerou, nos sorprende – y también incomoda – tanta alegría desde nuestro sector, sobre todo después de conocer el prontuario del socio.

Siendo diputados, lideramos la Comisión Investigadora por el acuerdo entre CORFO – SQM, realizado al final del gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet, y liderado en aquel entonces por Eduardo Bitrán, quien hoy formó parte del equipo negociador de este nuevo acuerdo. Y mismo gobierno, en el que fue ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, quien hoy es el presidente del directorio de CODELCO, empresa estatal que lidera el negocio del cobre y que hoy encabeza el convenio con Ponce Lerou.

Sabemos que el famoso Ponce Lerou ya no preside el directorio de SQM, pero sincerémonos: dejó su cargo en el directorio de la minera en abril de 2018, “luego de la temporada de huracanes por la que atravesó la firma con el caso Cascadas y las investigaciones judiciales, económicas y periodísticas del financiamiento ilegal de la política”, lo que no fue voluntario, sino que como condición irrenunciable de Corfo para que el Estado “se allanara a la extensión del contrato de arrendamiento sobre el Salar de Atacama hasta 2030”, nos contó en su momento Ciper.

Pero, y aquí obvio que venía un pero, aún posee una participación del 17% de la Sociedad Química y Minera de Chile, a saber SQM.

Cuando en medio de crisis de transparencia y probidad que enfrentamos como país, como el Caso Convenios, los distintos casos de corrupción al interior de diversos municipios como Antofagasta, Vitacura o Algarrobo, o el propio caso Hermosilla, famoso abogado de altas autoridades, aún quedamos quienes participando en política estamos convencidos que los Estados y la misma política no están para negociarlo todo y llegar a acuerdos solo por motivos economicistas.

Si estamos participando en política es para intentar construir Estados probos, Estados que caminen a la probidad, hacia la transparencia verdadera, que es un discurso tan recurrente hoy, y este es un momento para que nuestro país muestre coherencia o, lisa y llanamente, se descuelgue por la estrategia de hacer negocios con cualquiera a costa de lo que sea. Seamos honestos.

Transparencia es lo que le faltó a este proceso.

Transparencia del procedimiento, de como se hizo este acuerdo, de cuál es la relevancia, cuáles son las distintas aristas que tiene, y por supuesto, saber de verdad qué es lo que gana el país, o quién más gana con esto.

Consideremos por ejemplo que hoy, SQM puede extraer hasta 2030 hasta 165 mil toneladas al año, y con el acuerdo, en el periodo 2025 a 2030 se le permitiría extraer hasta 300 mil anuales, pagándole a CODELCO las utilidades de 68 mil de dichas toneladas. Es decir, SQM logró acrecentar sus utilidades en más de 120 mil toneladas hasta 2030, y luego se asegura el pago por 30 años de 149 mil toneladas anuales.

¿Por qué no se hizo una licitación pública con más oferentes? ¿Era SQM realmente el único interesado, y el que podía hacer la mejor oferta al Estado de Chile?

¿Quién nos garantiza que quien financió la política sólo para su beneficio, hoy efectivamente vaya a respetar las reglas”?

¿A quién beneficia este acuerdo, del cual muchos nos enteramos por la prensa? Incluso, las comunidades atacameñas que se verían directamente afectadas con la explotación del Salar de Atacama hasta el 2060. ¿Alguien fue a hablar con sus representantes, con los alcaldes de las comunas de la provincia de El Loa, como San Pedro o Calama?

¿Qué rol juega aquí tener un Ministerio del Medio Ambiente?

Son muchas las preguntas que nos surgen, y para al menos comenzar a responderlas e intentar entender el negocio para Chile, que en un pasado no muy lejano tenía estas mismas dudas con el acuerdo Corfo – SQM, es que hemos pedido y logrado aprobar una sesión especial en el Senado de la República, donde esperamos que las autoridades a cargo den la cara y sean capaces de explicarnos por qué no se hizo una licitación, y nuevamente dejamos el litio de Chile en manos del que siempre gana, como es Julio Ponce Lerou.