La próxima semana se realizarían los alegatos del Consejo de Pueblos Atacameños en la Corte de Apelaciones, como parte del recurso de protección interpuesto por las comunidades contra el Estado, por no considerar una consulta indígena en el proceso que terminó con el acuerdo conciliatorio firmado entre Corfo y SQM.
Acuerdo que, entre otros puntos, modifica dos de los principales contratos entre las partes y triplica la cuota de extracción de carbonato de litio que la empresa puede realizar en el salar de Atacama, alcanzando hasta 349.553 toneladas anuales de mineral.
Consulta indígena
El abogado de las 18 comunidades que integran el Consejo de Pueblos, Jaime Madariaga recalcó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es obligatorio para Chile y "no hay excusas para no aplicarlo y el argumento 'no, este es un muy buen negocio y por eso no vamos a respetar el Convenio 169', es un argumento absurdo".
En la misma línea, el profesional detalló que buscan "que se haga la consulta indígena y si después de ese proceso el Estado persiste en aumentar la cuota de extracción de litio del salar, que lo haga, pero que considere y escuche la opinión del pueblo atacameño (…) Además hay una cuestión de fondo que es muy importante, hace unos días SQM informó que rebajaría la extracción de salmuera, puesto que había bajado el nivel de las napas de monitoreo y eso sin, todavía, haber triplicado la cuota de extracción".
"El problema más grande -continuó Madariaga- sin duda, es medioambiental, porque las napas de la cuenca del salar de Atacama están interconectadas entre sí, la afectación es para todas las comunidades y el agua, y eso lo saben perfectamente las comunidades que viven ahí, es un bien muy escaso".
Un área sensible
Por su parte, el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Manuel Salvatierra, quien hace unas semanas asumió la responsabilidad en lugar de Ana Ramos de Solor, dijo que las comunidades esperan que "la Corte de Apelaciones falle a favor nuestro, se anule el contrato y que se proceda, dentro del Convenio 169 de la OIT, a una consulta indígena que el Estado tiene que hacer sí o sí, aunque el Estado considera que desarrollar la extracción del litio es una oportunidad para Chile".
El dirigente de Cúcuter enfatizó, además, que a diferencia de las consideraciones económicas, las comunidades expresan su rechazo "sobre todo por el daño medioambiental que se está provocando, está esa mirada, de aprovechar el boom del litio, pero no se considera la parte ambiental que se está viendo seriamente afectada. Esta es un área sensible, donde no solo hay acentamientos de comunidades indígenas, aquí también se está viendo afectada la flora y la fauna".
Que tribunales fallen
Consultado respecto del recurso presentado por las comunidades, el ministro de Minería, Baldo Prokurica expresó que "el Convenio 169 forma parte de nuestra legislación, fue aprobado por la legislación chilena y por el Estado, y el Estado es uno solo y por lo tanto hay que cumplirlo, no hay opción de salirse de él".
Desde ese punto de vista, la autoridad agregó que "hay muchos proyectos que fracasan por la oposición de las comunidades producto que no se toma contacto con ellas con anticipación, para, por un lado anticiparse y explicarles los proyectos, y por otro, para que las comunidades que son verdaderos pueblos originarios puedan participar de esos beneficios".
Prokurica agregó que "ellos (el Consejo de Pueblos Atacameños) han hecho una reclamación en los tribunales de justicia y lo que queremos es que los tribunales de justicia fallen este tema y establezcan la legislación vigente para que se pueda cumplir".
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Publicado el 08 de junio de 2018
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