Un monto cercano a los $1.600 millones ofreció la minera SQM para llegar a una suspensión condicional del procedimiento en la causa por cohecho que lleva contra la empresa el fiscal Pablo Gómez, en virtud de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La investigación fue abierta en una línea paralela a la que lleva el mismo Gómez por presunto soborno contra el ex gerente de la compañía, Patricio Contesse, al ex senador Pablo Longueira (ya formalizado), para favorecer los intereses de SQM en la Ley de Royalty Minero.
CDE:"Opinión contraria"
Dada su calidad de querellante, la Fiscalía Regional ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) antes de definir si dar curso a la suspensión, "para oirlo y conocer su posición", reconocieron desde el organismo. El 8 de agosto pasado, los consejeros del organismo decidieron pronunciarse en contra de la propuesta "en atención a la relevancia de los bienes jurídicos comprometidos en la actuación de la empresa investigada".
El acuerdo del CDE consta en su página web y dice: "Comunicar al Ministerio Público la opinión contraria del Consejo a una suspensión condicional del procedimiento planteada en relación con la investigación penal, RIT Nº 10.969-16 del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago".
Abogados de SQM negaron conversaciones con la fiscalía, pero profesionales expertos en estas soluciones jurídicas dicen que sí debieron producirse. El ex fiscal José Antonio Villalobos —quien integró la Unidad de Alta Complejidad que dirige el fiscal Carlos Gajardo en la zona Oriente— dijo que "necesariamente tienen que haber existido acercamientos en orden a lo que ofrece la empresa para que se llegue a la suspensión condicional".
Viene la formalización
Villalobos agregó que "para optar por esa salida alternativa debe antes, necesariamente, formalizarse la investigación" y dijo que es "muy difícil" que la fiscalía siga adelante con la idea de una suspensión con la opinión contraria del CDE.
Lo que podría pasar, agregó, es que el Ministerio Público demore un poco más la comunicación de cargos para recabar más antecedentes.
Ceresita y Farmacias
Suspensiones a empresas
La sanción a las compañías en estos casos incluye la posibilidad de excluirlas de suscribir contratos con el Estado. Sin embargo, en el caso chileno, esto no se ha visto: en Ceresita S.A, por ejemplo, se llegó a una suspensión condicional que incluyó la construcción de parques e infraestructura para la comuna de Recoleta por un monto que superaba los US$2,5 millones.
En Farmacias se intentó una donación de $255 millones a cuatro fundaciones médicas y el compromiso de directivos de tomar clases de ética, pero la Corte de Apelaciones anuló el acuerdo, se fue a juicio oral y la empresa resultó absuelta.
En el caso de Penta, la compañía se encuentra formalizada por la misma figura, sin que se sepa hasta ahora de negociaciones para una salida alternativa.
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Publicado el 01 de septiembre de 2017
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