Los legisladores de oposición que integran la comisión de Minería y Energía buscarán resolver las dudas sobre si un proyecto de dichas características es o no de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, dadas los posibles impactos en la administración financiera del Estado. En paralelo, un proyecto ingresado hace una semana en la Cámara de Diputados por la bancada del Partido Republicano, y que ya inició su trámite, avanza en una línea similar.
Senadores de Chile Vamos están analizando presentar una propuesta de reforma constitucional que elimine el carácter no concesible del litio en el ordenamiento jurídico chileno. Así lo dejaron ver este miércoles los legisladores que integran la comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, Rodrigo Galilea (RN), Luz Ebensperger (UDI) y José Miguel Durana (UDI).
En el marco de una sesión donde expusieron diversos actores privados sobre el potencial del desarrollo de la industria del mineral, el senador Galilea fue el primero en lanzar una idea que venía rondando en su cabeza hace un tiempo: que ya no justifica que el litio tenga carácter estratégico, otorgado a dicha sustancia mineral, originalmente concedido por ser un material de interés nuclear. De hecho, dicho está aspecto consagrado en la Ley que crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear de 1965, dictada en plena Guerra Fría.
“Es bastante notable que prácticamente todos los países del mundo hayan abandonado esa posición, porque el litio al final no tenía nada que ver con las armas. Y que Chile, y la industria del litio, siga enredado básicamente en una premisa que resultó completamente errada, no deja de llamar la atención”, sostuvo en el inicio de su comentario el senador Galilea.
En esa línea, planteó que el litio “debiera ser explotable exactamente bajo las mismas reglas que el cobre”, por lo que sugirió a la presidenta de la instancia parlamentaria, la senadora Ebensperger “que impulsemos una modificación constitucional urgente”.
Galilea, eso sí, reconoció que “en esto ningún gobierno tomó la decisión, así que es culpa de todos, pero es increíble que sigamos entrampados en una premisa que finalmente no era real ni correcta”.
“Esto llegó al punto del total absurdo a mi juicio”, enfatizó.
Al respecto, la senadora Luz Ebensperger (UDI) dijo compartir “plenamente” lo planteado por Galilea, pero recordó que previamente se debe resolver en la comisión de Constitución si una modificación como la planteada es o no de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
“Lo que pasa es que el Estado es dueño de todos los minerales, y por lo tanto, es de iniciativa exclusiva los proyectos que modifiquen de alguna manera eso, porque redunda en la administración financiera del Estado. Pero es una discusión que vamos a dar en la comisión de Constitución previamente”, remarcó Ebensperger.
A su turno, el senador José Miguel Durana recordó la política nacional que impulsa en la materia el Ejecutivo, donde se impulsa el rol del Estado para desarrollar la industria. “Creo que el Gobierno ha dado a conocer cuál es su estrategia, y esa estrategia no sé si va de la mano con la que ha planteado el senador Galilea”, planteó.
Consultado por Pulso, el senador Galilea explicó que la idea la venía “pensando hace un tiempo” y que encargó a su equipo de asesores la revisión de un proyecto que no vulnere la facultad privativa que recae en el Presidente de la República a la hora de impulsar ciertas iniciativas legales, especialmente si afectan la administración financiera o presupuestaria del Estado.
El proyecto ya ingresado por diputados republicanos
Pese al naciente proyecto que lidera Galilea, en el Congreso ya ingresó a tramitación una iniciativa que avanza en una línea similar. Se trata de la moción parlamentaria presentada por la bancada de diputados del Partido Republicano. Dicha propuesta, ingresada a trámite el pasado 25 de julio y que será analizada por la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, propone eliminar la expresión “litio” en un artículo específico del Código Minero.
Para Galilea, la moción de los diputados republicanos constituye “otra vía posible”, y comparte la idea de llevar al litio “a la misma categoría de los demás minerales”.
Con todo, las propuestas para eliminar el carácter no concesible del litio son compartidas por uno de los actores que expuso este miércoles en el Senado. Manuel Viera, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Minería del Litio -instancia que afirma agrupar empresas con el 60% de las pertenencias de litio en el país- lo explicó.
“Creemos nosotros que es urgente derogar los artículos 7, 8 y 9 del Código de Minería para que efectivamente ingrese la inversión extranjera, sin burocracia”, dijo el también fundador de la instancia gremial.
Apurar definiciones
En la instancia también expusieron representantes de empresas que tienen distintos proyectos y tecnologías de extracción directa de litio (DLE) en diversos niveles de desarrollo.
José Joaquín Matte, director de nuevos negocios del Grupo Errázuriz -que junto al grupo surcoreano Simbalik desarrollan un proyecto conjunto en el Salar de Maricunga- planteó la necesidad urgente de “apurar las definiciones” para que la industria se desarrolle en Chile.
“Creemos que tenemos una tecnología de primer nivel y que no afecta los acuíferos, tenemos una planta piloto que permite asegurar el escalamiento de la tecnología, estamos trabajando con los mejores, y nuestro proyecto creemos que es el más avanzando y estará funcionando efectivamente el primer trimestre de 2026″, dijo Matte.
A su turno Cristóbal García-Huidobro, gerente general de Minera Salar Blanco, aseguró que su proyecto ubicado también en Maricunga es “el único proyecto en Chile fuera del Salar de Atacama que tiene una RCA aprobada desde el año 2020, pasó por el Comité de Ministros el año 2022, y es por lejos el proyecto con el desarrollo más alto, y esperamos empezar la construcción apenas cerremos la estructuración financiera este año”.
Por su parte, el presidente de Sorcia Minerals, Rodrigo Dupouy, llamó a esclarecer varios aspectos de la política gubernamental, como la entrega de los contratos especiales de operación de litio (CEOL) para explorar salares, así como también definir “qué pasa con los dueños de las propiedades” en el diseño de la estrategia del Ejecutivo.
“Si el Estado decide entregar CEOL sin incorporar a los dueños de las propiedades, eso puede traer problemas judiciales en futuro y eso a nosotros nos preocupa”, planteó.
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Publicado el 03 de agosto de 2023
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