Empresa canadiense quiere ingresar al mercado del litio en Chile: ¿Qué otras compañías explotan este recurso?

Para 2023, una de las metas que pretende lograr el Gobierno es la concreción de la Empresa Nacional del Litio, lo que se presentaría a través de un proyecto de ley durante el primer semestre. La idea es crearla mediante una alianza público privada, lo que significaría una relación entre el Estado y empresas.

Mientras esta propuesta está siendo analizada por el Ministerio de Minería, surgió un actor extranjero con intereses similares a los del Ejecutivo. Se trata de una empresa canadiense que, incluso, ya se reunió con autoridades de La Moneda.

La implicada es Wealth Minerals, entidad que en diciembre sostuvo un encuentro con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a través de la plataforma de lobby. Ahí, la norteamericana expuso los proyectos de producción de litio y otros minerales que quiere desarrollar en el norte de Chile.

Sería el tercer actor en el litio

La canadiense quiere ser el tercer actor que cuente con derechos para explotar el litio en Chile. Una es SQM, cuyos yacimientos están en el Desierto de Atacama y sus utilidades netas están en más de 2.700 millones de dólares, según lo registrado entre enero y septiembre de 2022.

La segunda es Albermale, la que extrae litio desde el Salar de Atacama. Tal como lo hace SQM, esta empresa le paga arriendo a Corfo por instalarse en el norte chileno, otorgando un royalty superior a los 467 millones de dólares, de acuerdo a datos correspondientes a septiembre del año pasado.

 Si no fuera por recursos de protección que se presentaron a principios de 2022, habría otras dos compañías que estarían explotando el litio. En enero, la administración de Sebastián Piñera adjudicó dos de las cinco cuotas para explotar este recurso: uno a la empresa china BYD Chile SpA y Servicios; y la otra a Operaciones Mineras del Norte S.A.

El acuerdo consistía en que el Estado recibiría 121 millones de dólares: la primera pagaría 61 millones de dólares y la segunda, los 60 restantes. Todo esto, sin considerar los pagos futuros por producción, según consigna La Tercera.

Además de las críticas efectuadas por el recién asumido gobierno del Presidente Gabriel Boric, la Corte Suprema frenó ese proceso de adjudicación, porque no se fijó un área específica para ejecutar el proyecto. Por lo tanto, resultaba imposible efectuar la consulta indígena previa que exige la ley.