Con el fin de beneficiar a quienes llevan años postulando a viviendas sociales y terminar con las tomas de terreno en diversos sectores de Calama y San Pedro de Atacama, el gobernador de la provincia El Loa, Claudio Lagos, confirmó que habrá más desalojos en ambas localidades y que varios de éstos ya están en trámites previos. "Vienen un par de desalojos más. No es llegar y desalojar. Hay todo un proceso administrativo con el ministerio de Bienes Nacionales. Se envía la documentación, mandan a un inspector, toman los nombres de las personas que están en uso ilegal de los terrenos y se hacen las notificaciones", dijo Lagos.
Asimismo, el gobernador recalcó que no tienen ningún problema en asumir los costos políticos y que la mejor prueba es el cumplimiento de los desalojos. "Hay un instructivo y una mirada del ministerio acerca de restablecer sitios tomados, porque estamos en la otra política de construir viviendas sociales. Son temas que se cruzan y que no pueden convivir juntos. Hay muchas personas que están haciendo todo legal, que están en la fila esperando su casa y en respeto a esas personas, no podemos permitir que gente se quiera saltar la fila", dijo el gobernador Lagos.
CALAMA
En Calama se cuantifican cinco tomas, principalmente en el sector de Ojo de Opache, sector de Cobija bajo y otras en Licantatay.
En el caso específico de la toma "Calameños Unidos" no le compete a la gobernación coordinar el desalojo, ya que gran parte del terreno es municipal. "Ahí hay un caso especial, porque el terreno tiene un porcentaje grande de más del 70% que es municipal, del cual hay un dictamen de Contraloría que dice que el que tiene que hacer ese desalojo es el alcalde de Calama, a través de su equipo jurídico. Por lo tanto, de allí no puedo solicitar más que el desalojo del 20 ó 30% del terreno, que es de Bienes Nacionales. Pero no así de la toma entera, ya que es responsabilidad del alcalde", manifestó el gobernador.
SAN PEDRO DE ATACAMA
De las seis tomas que había en San Pedro de Atacama, una fue desalojada la semana pasada en las inmediaciones de la población Los Algarrobos.
"En San Pedro las tomas son de carácter distinto. La gente de las comunidades y juntas de vecinos está muy molesta. He tenido reuniones con ellos y siempre lo manifiestan. Son personas que no son de San Pedro de Atacama, que no tienen mucho que ver con el problema social, de las personas que realmente requieren una vivienda social. Es distinto el perfil", dijo el gobernador.
Por su parte, la alcaldesa de San Pedro de Atacama, Sandra Berna, concuerda con que son los mismos vecinos y comuneros los que piden una regulación, ya que esto atrasa la entrega de viviendas sociales. Además, son pocos los lugares disponibles para construir. "Terrenos hay muchos, pero no todos están dentro del plan regulador y no se puede urbanizar en cualquier lado. Mientras se acepten las tomas, cada vez será más difícil terminar con ellas", señaló Berna.
La política de desalojos va de la mano del anuncio de la entrega de dos mil viviendas sociales en la provincia en los próximos años de gobierno, las que darían solución a las personas que por años han esperado optar a la casa propia.
CONTROVERSIA
Pero no está todo tan claro. La incertidumbre abunda entre las familias de la ampliación de la población Licanantay en San Pedro de Atacama. Hace cuatro años se tomaron el terreno, en su mayoría de propiedad de la municipalidad y durante ese tiempo nunca llegaron a desalojarlos. Ahora que están tramitando su regulación temen estar en esta lista de expulsiones. Marlene Cáceres, tesorera del Comité de vivienda Géyser del Tatio, que reúne a 32 casas, dice sentirse insegura, ya que si bien están en proceso de reglamentar sus viviendas, no hay mucha información al respecto e incluso hay dos familias de su grupo que fueron notificadas para desalojarlas de sus hogares y otros extranjeros están en la misma situación.
"No sabemos si esto sigue siendo una toma o no, porque el papel que nos dieron no lo dice, es una especie de certificado que acredita que vivimos acá. Estamos nerviosos, porque a lo mejor ésta es la quinta toma que se podría desalojar", expresó Marlene Cáceres, quien agrega que no saben cómo se están haciendo los papeleos para obtener sus títulos de dominio, pero asegura que cuentan con la palabra de la alcaldesa de San Pedro de Atacama, que incluso les habría prometido urbanizar los terrenos.
Germaín Díaz, presidente de dicho comité, comenta que hay muchos casos particulares y que si bien ellos ya no serían considerados una toma, en sitios aledaños hay familias que volvieron a construir de forma ilegal. "Es todo bastante enredado, el plano regulador no está aprobado y nadie conoce muy bien nuestra situación. Yo estoy con la incertidumbre de por qué no nos dicen cuáles son los pasos a seguir. Hay un desorden en lo administrativo de parte de la municipalidad".
TEMOR
Marlene Cáceres dice sentirse atemorizada por el accionar de los desalojos. Y es que el último ocurrido en la comuna no estuvo exento de polémicas, ya que jóvenes profesionales, Javiera Asserella y Jorge Espinosa, que tenían su casa en una toma en el sector aledaño a la población Los Algarrobos, denunciaron no haber recibido las notificaciones, haber perdido todos sus enseres y a su mascota que estaba adentro de la casa al momento que la máquina municipal destruyó su casa. "Creo que se procedió muy mal. Si me pongo en su lugar, mi madre hubiera tenido un infarto o hubieran matado a mis animales", dijo Marlene.
"Terrenos hay muchos, pero no todos dentro del plan regulador y no se puede urbanizar en cualquier lado. Mientras se acepten las tomas, será más difícil terminar con ellas".
Alcaldesa de San Pedro
"En el caso del Campamento 'Calameños Unidos', le corresponde al alcalde de Calama realizar el desalojo a través de su equipo jurídico. Allí no nos compete a nosotros desalojar más del 20 ó 30%".
Gobernador de El Loa
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Publicado el 24 de noviembre de 2014
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