No existen antecedentes hidrográficos para declarar otro río agotado

Envie este Recorte Version de impresion de este Reportaje Publicado el 04 de julio de 2017 Visto 155 veces

El pasado 12 de abril se declaró agotado el caudal del río Vilama y sus afluentes, así lo informó en su oportunidad el director general de Aguas, Carlos Estévez.

Con esta resolución, el Vilama se suma a otros dos ríos de la provincia que han sido declarados agotados, como es el Loa y el San Pedro.

Situación provincial

Es así que, bajo este escenario, la directora regional de la Dirección General de Aguas (DGA), Jeanette Murillo, manifestó que en cauces naturales declarados agotados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 282 del Código de Aguas, se restringe la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas superficiales consuntivos de ejercicio permanente.

En este sentido, aclaró que, no se restringe la posibilidad de gestionar, dentro de la misma fuente natural, la constitución de derechos de aprovechamiento con carácter de eventuales, cambiar el punto de captación o el ejercicio de derechos ya autorizados, siempre y cuando el balance respectivo, y las condiciones medioambientales , así lo permitan.

Pero qué interpretación se le puede inferir sobre la situación que safectó a estos tres ríos de la provincia.

Según la directora regional de la DGA se puede interpretar como la aplicación de la normativa de aguas con la finalidad de proteger los derechos existentes a favor de los usuarios, que en su mayoría son comunidades de agua y organizaciones indígenas.

En relación a esto último la directora enfatizó que en torno a medidas como ésta no existen afectados, sino todo lo contrario, porque con las declaraciones de agotamiento se busca la protección de la fuente.

Pues bien, en relación a la realidad de los otros ríos que se encuentran en la provincia, Murillo enfatizó que no existen antecedentes hidrológicos y de disponibilidad del recurso, que permitan hoy establecer el agotamiento de otras fuentes naturales de agua en la Región, como una forma de protección de los mismos respecto de nuevas solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas.



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